Desde el Ministerio de Producción celebraron este jueves las medidas ordenadas por la fiscal de Delitos Económicos, Gabriela García Cobos, quien le requirió a la Justicia un embargo preventivo y la retención de pasaportes de los imputados por fraude al Estado en torno al programa Enlazados. 

Según detallaron, García Cobos pidió que el monto fue devuelto con actualización e intereses. Hasta el momento, la cifra que se maneja asciende a 26 millones de pesos que fueron desviados por una empleada del Ministerio de Producción de tan solo 20 años. La joven habría contado con la ayuda de su pareja, de 21 años, aunque se considera que la estafa contó con la complicidad de unas 31 personas.

La causa tiene la Gobierno de Mendoza como querellante particular.

Fraude y escándalo

En mayo de 2024, el Gobierno puso la lupa sobre una compañía que contrató en un solo movimiento a 31 personas. Lo hizo a través del programa de empleo Enlazados, promovido por el Gobierno de Mendoza. 

La dinámica era dar de alta a supuestos empleados (que hoy son señalados como cómplices) días 28 de cada mes. De esta forma, ya el día 29 estas personas tenían sus programas liquidados. Sin embargo, el último día hábil de cada mes eran dados de baja. 

Esta dinámica, por la que cada persona recibía unos $200.000 se extendió durante cuatro meses. Sin embargo, las alarmas se encendieron cuando la imputada intentó incorporar a todos estos supuestos trabajadores bajo una empresa "fantasma". 

El cerebro de esta operación era Valentina Cáceres, de 20 años, quien se desempeñaba como técnica administrativa del programa Enlazados y fue apartada de su cargo luego de detectarse esta irregularidad. 

Según las pericias contables que se establecieron durante la investigación, el perjuicio total ascendió a aproximadamente $26 millones de pesos, realizado durante un lapso de cuatro meses (diciembre del 2023 y enero, febrero y marzo del 2024). Los cómplices cobraban irregularmente unos $200.000 mensuales cada uno.