Desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata difundieron un comunicado en el que repudian "el acoso policial el día de ayer (por el sábado) a nuestra asamblea mientras estábamos reunidos en El Suri y repudiamos la violencia policial de días atrás contra vecinos de Uspallata".

Tambiérn recordaron que han denunciado "formalmente el espionaje ilegal de policías de civil infiltrados en la Audiencia Pública del Pueblo y la incitación a la violencia de funcionarios y medios pautados en días previos. El Gobierno de Mendoza, por cuenta y orden de Minera San Jorge, continúa con la causa armada sin pruebas ni testigos, para encarcelar a vecinos que se oponen a la megaminería y proponen a cambio Área Natural Protegida para Uspallata". 

Por otra parte, se suspendió hoy la audiencia de nulidad, la jueza lo decidió porque el querellante envió un escrito diciendo que está en el exterior. El abogado de Federico Soria pidió que lo ubicaran y se conectara mediante un link pero la jueza se nego. Se pasó la audiencia de nulidad para el día 14 y la de oposición para el día 17 de noviembre y el querellante va a tener que conectarse por internet.

"El escrito lo envió el día 30, con lo cual había tiempo suficiente para solicitarle que estuviera presente de manera virtual, sin embargo recién nos hicieron saber en la misma audiencia que el querellante no iba a estar. La jueza se excusó diciendo que esos escritos los reciben los asistentes y que ella recién se anotició en el momento", indicó Soria.

Afirman que "en Uspallata ganaron las elecciones, pretendiendo hacerlo pasar como una suerte de plebiscito aprobatorio sobre la actividad minera, pero sólo los votó un cuarto del padrón. O sea que, a pesar de toda la propaganda, los relatos ficcionados, el revoleo de guita, las falsas promesas de empleo, el acarreo clientelar, la persecusión a opositores y la mano dura, minera San Jorge NO tiene Licencia Social".