La tensión institucional dentro del Ministerio Público Fiscal por la causa que tiene como imputado a Marcelo D'Agostino sigue aumentando. A tal punto, que la querella ha solicitado la intervención del Fiscal Adjunto en lo Penal, Gustavo Pirrello para que disponga la sustitución de los fiscales actuantes, audite los accesos al sistema informático y reconduzca la investigación bajo los estándares constitucionales e internacionales vigentes. En concreto, la abogada María Elena Quintero describe una serie de irregularidades que la motivan a realizar esa petición.

“Solo una intervención jerárquica inmediata puede restablecer la confianza en la administración de justicia y evitar que el proceso continúe condicionado por vínculos personales y mecanismos de blindaje corporativo que lesionan la credibilidad institucional de Mendoza”, destaca la abogada de la víctima en base a irregularidades procesales que se vendrían sucediendo el proceso.

El escrito solicita "el apartamiento inmediato de los fiscales actuantes" y afirma que "han perdido la objetividad exigida por la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal". En concreto, los acusa de haber orientado el proceso hacia una “investigación invertida” donde el foco se desplaza del presunto agresor hacia la vida privada de la víctima.

"En lugar de investigar los hechos denunciados, la fiscalía ordenó medidas orientadas a reconstruir diecisiete años de la vida privada de la víctima mediante informes vecinales y pericias psicológicas que la expusieron a nuevas formas de revictimización. Los fiscales adoptaron de manera literal categorías y argumentos de la defensa del imputado para desacreditar el relato de la denunciante, lo que constituye una forma de violencia institucional incompatible con los estándares internacionales de debida diligencia reforzada", asegura la abogada en un extenso escrito.

Pero además de haber invertido la investigación, María Elena Quintero afirma que se ha protegido al imputado al no secuestrar su teléfono y realizar una extracción de datos parcial. Tampoco se lo allanó ni le secuestraron otros elementos informáticos.

El rol de la actual pareja de Marcelo D'Agostino

Otro dato que aporta la abogada de la denunciante es que la actual pareja de Marcelo D'Agostino tiene un cargo en el Poder Ejecutivo en una dirección que interviene en la causa. Específicamente, desde la querella aseguran que la funcionaria provincial intervino irregularmente sobre la familia de una testigo de cargo en el mismo mes en que se solicitó la detención. Es decir, habrían activado resortes estatales controlados por la pareja del imputado para "castigar" a una testigo que declaró en su contra.

Pero lo más grave, es que la querella entiende que la Fiscalía incumplió de manera sistemática las Resoluciones de Política Criminal en materia de género dictadas por la propia Procuración General. Esto, entiende la abogada Elena Quintero, encuadra en la definición de violencia institucional.

"El Procurador General, Dr. Alejandro Gullé, se inhibió por amistad con el imputado. La Fiscal Jefa de la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Dra. Laura Rousselle, también se inhibió. La Fiscal Jefa de Delitos contra la Integridad Sexual, Dra. Orieta Daniela Chaler, hizo lo propio por amistad con el imputado desde la etapa universitaria. Ese entramado institucional, sumado a las irregularidades verificadas en la investigación, motivó la intervención directa ante la máxima autoridad penal disponible: el Fiscal Adjunto en lo Penal, Dr. Gustavo Pirrello", concluye el escrito.