Pese a la presión por la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se resiste a que la senadora Patricia Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel le marquen los tiempos para la presentación de su declaración jurada.

El ministro coordinador aspira a hacer pública a principios de junio, en la previa al inicio del mundial, aunque evita accionar en base a los dardos que detectan que envía Bullrich, pero también la titular del Senado. “No lo van a apurar ni Bullrich ni Villarruel ni ningún otro que vaya a pedir que lo anticipe”, sostuvieron desde el entorno del funcionario.

Lo cierto es que en Casa Rosada referencian la solicitud de la legisladora para que Manuel Adorni anticipara la declaración y explicara su situación judicial. Sus dichos no cayeron bien en las filas libertarias, centralmente en el presidente Javier Milei, pero particularmente en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Es que la funcionaria le factura la autonomía que mantiene la legisladora y que preocupa en Balcarce 50. “A Patricia le hicieron la cruz. La querían matar”, admitió una fuente de la mesa política.

Ante el quiebre en la directiva que impartieron los Milei, el mandatario se vio obligado a interrumpir su viaje a Estados Unidos para explicar que, con sus dichos, la senadora había “spoileado” el movimiento que preparaba el oficialismo. “Patricia spoileó a Manuel, adelantó lo que efectivamente va a suceder, que Manuel tiene ya los números”, sostuvo en declaraciones a LN+.

Por su parte, la Vicepresidenta -de nulo vínculo con la Casa Rosada- planteó en público que estaba esperando la presentación de la declaración jurada del ex vocero.

Mientras el contador de Manuel Adorni prepara el detalle con el que busca explicar la adquisición de sus propiedades y viajes al exterior, en el corazón de la plana mayor libertaria buscan minimizar el impacto de la causa pese a los constantes movimientos.

“Se moverá unos meses más y después la causa muere”, precisó un colaborador del jefe de Gabinete al tiempo que descartó la posibilidad de un llamado a indagatoria por parte de la justicia.

En la administración libertaria sostienen que no quieren interferir en la causa, por lo que prefieren que el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo recopilen todas las pruebas necesarias. “Ahí van a determinar si es un ladrón o si efectivamente tiene todo en regla como creemos”, precisaron ante esta agencia.