Un proyecto de ley fija hasta 10 años de prisión por destruir bosques nativos
El proyecto establece penas no solamente para quienes ejecutan materialmente los desmontes, sino también para funcionarios públicos que participen o habiliten estas prácticas de manera irregular.
Un proyecto de ley fija hasta 10 años de prisión por destruir bosques nativos
. Foto: Fundación Ambiente y Recursos Naturales
Un proyecto de ley que comenzó a circular en el Senado impulsa la creación de un Régimen Penal de Protección al Bosque Nativo para frenar la pérdida de ecosistemas.
La iniciativa propone tipificar delitos específicos vinculados a la tala, el desmonte y la degradación de estos ecosistemas, y establece penas que van desde los 3 hasta 10 años de prisión para los casos más graves.
El proyecto, encabezado por el senador rionegrino Martín Soria, advierte que el esquema actual resulta insuficiente: “aplicadas las multas de rigor, los responsables las pagan y la tala ilegal continúa”. Según datos citados en el proyecto, en la última década Argentina perdió cerca de 2,1 millones de hectáreas de bosquesnativos.
En un contexto marcado por el impacto de los recientes incendios forestales en la Patagonia, se destaca que entre octubre de 2024 y marzo de 2025 se quemaron más de 32.000 hectáreas en la región, afectando áreas protegidas y parques nacionales, lo cual constituye un “antecedente ineludible” que evidencia el aumento de daños ambientales y la necesidad de respuestas más contundentes.
Un proyecto de ley fija hasta 10 años de prisión por destruir bosques nativos
Ampliación de responsabilidades
El proyecto establece penas no solamente para quienes ejecutan materialmente los desmontes, sino también para funcionarios públicos que participen o habiliten estas prácticas de manera irregular. En esos casos, las penas se incrementan y se suma la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Además, se contemplan situaciones agravantes para cuando las acciones se realizan con fines económicos, generan riesgo para la vida humana o afectan gravemente la salud pública. Incluso se prevé un aumento de la pena si el daño ambiental deriva en consecuencias como la erosión del suelo o la alteración del régimen hídrico.