El gobierno provincial informó que el Hospital Saporiti dejará de contar con los servicios de maternidad y neonatología y en su lugar se reforzará la atención de problemas vinculados a la salud mental. La decisión no ha sido bien recibida y este miércoles el intendente Ricardo Mansur participó en la protesta que convocaron profesionales de la salud.
"El viernes nos citaron y nos cerraron el servicio. No hay ningún informe escrito, oralmente nos cerraron el servicio. Eso es lo que sabemos", afirmó uno de los médicos que trabaja en el servicio de neonatología. El gobierno provincial apunta a concentrar en el Hospital Perrupato de San Martín la atención de maternidad y neonatología, decisión que no fue bien recibida en Rivadavia.
"La neonatología no solo es la estructura sino que trajo a Rivadavia a un grupo de profesionales altamente capacitados. Capacitó a personal que no es conveniente que se vayan", cuestionaron.
Desde Ampros aseguraron que la crisis en la salud pública es evidente y ponen como ejemplo las largas filas que se vieron ayer en el Hospital Lagomaggiore para conseguir un turno. "Mientras tanto las maternidades del Hospital Carrillo y del Saporiti y las neonatologías cierran sus puertas dejando a mujeres y niños sin acceso", cuestionan.
Paralelamente, la diputada Gabriela Lizana denunció en la Camára Baja "el vaciamiento de servicios asistenciales en el departamento y reclamó una política de descentralización que garantice el derecho a la salud de las familias rurales y los sectores más vulnerables".
La legisladora destacó la valentía y el compromiso de los ciudadanos que se han organizado para defender servicios esenciales, como la maternidad y la atención primaria, entendiendo que la salud pública es el pilar fundamental que sostiene el desarrollo de cualquier comunidad.
Lizana enfatizó que no se trata únicamente de una cuestión administrativa, sino de una defensa del territorio y del arraigo. Para la diputada, el hecho de que los vecinos deban trasladarse largas distancias para recibir atención básica representa una barrera de acceso que profundiza las desigualdades sociales, dejando desprotegidos a quienes más necesitan del acompañamiento del Estado en los momentos de mayor vulnerabilidad.
