Trabajo
Reforma laboral: la justicia rechazó el artículo que pone límites a indemnizaciones
Un juez laboral declaró inconstitucional el artículo 55 de la nueva reforma laboral, que establece cómo deben actualizarse los créditos laborales.
La reforma laboral sumó tuvo su primer revés judicial. Un juez laboral de Córdoba declaró inconstitucional el artículo 55 de la nueva normativa, el apartado que establece cómo deben actualizarse los créditos laborales en los juicios que ya estaban en trámite cuando entró en vigencia la ley.
La resolución fue firmada por el magistrado Ricardo Gileta el 10 de marzo, aunque se conoció públicamente este jueves. En su fallo, el juez determinó que queda "desechada la validez de constitucional del artículo 55".
El artículo cuestionado regula la forma de actualizar las deudas en juicios laborales en curso, utilizando como referencia las tasas de interés del Banco Central, aunque con un tope equivalente a inflación más 3% anual y con un piso del 67% de ese cálculo. Según distintos especialistas del fuero laboral, ese esquema podría reducir entre un 20% y un 60% los montos finales que percibirían los trabajadores respecto de los criterios que aplicaban varios tribunales antes de la reforma.
En su decisión, Gileta resolvió que el capital adeudado debe recalcularse conforme al artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, que también fue modificado por la reforma laboral. Ese mecanismo establece que la deuda se actualice siguiendo la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y que además se sume un 3% mensual desde el momento de la mora hasta el pago efectivo.
El magistrado explicó que el artículo 55 de la denominada "Ley de Modernización Laboral" introduce un criterio diferente para las causas iniciadas antes de la sanción de la norma. En esos casos, la actualización de las deudas debe tomar como referencia la tasa pasiva del Banco Central, comparada con la inflación y con un piso equivalente al 67% del cálculo previsto en el artículo 276.
Para el juez, ese esquema implica un trato desigual entre procesos judiciales, ya que distingue entre juicios nuevos y causas que ya estaban en trámite. A su entender, esa diferenciación vulnera el principio de igualdad ante la ley, por lo que dispuso que en el caso analizado los créditos laborales se actualicen bajo el criterio previsto por el artículo 276 de la legislación laboral.
El fallo también remarca que los créditos laborales tienen naturaleza alimentaria y cuentan con una protección especial dentro del derecho del trabajo. En ese sentido, advierte que cualquier mecanismo que reduzca significativamente su valor frente a la inflación puede afectar el principio de reparación plena y el principio protectorio consagrado en la Constitución.
La provincia de San Juan fue la primera autoridad en aplicar la prohibición de hacer huelga sin asegurar prestaciones mínimas a un servicio esencial, al suspender un paro docente con base en la vigencia de la reforma laboral.
La suspensión del paro docente en San Juan, programado para el 11 y 12 de marzo de 2026, marcó un hito legal al ser la primera vez en el país que se aplica la nueva normativa de esencialidad educativa derivada de la Ley de Modernización Laboral.
Los gremios docentes (UDAP, UDA y AMET) decidieron levantar la medida de fuerza de 48 horas tras recibir una intimación formal de la Subsecretaría de Trabajo de la provincia. Sin embargo, los sindicatos mantuvieron una "Marcha de Antorchas" como forma de protesta indirecta frente a la falta de acuerdo salarial.
La suspensión no se basó en una conciliación obligatoria tradicional, sino en la aplicación de la Ley Nacional de Modernización Laboral, vigente desde el 6 de marzo de 2026, que establece que la educación es un servicio esencial.
En caso de huelga, los gremios deben garantizar una prestación mínima del 75% del servicio y, antes de iniciar la medida, los sindicatos debían presentar un plan detallado de cómo asegurarán ese porcentaje de asistencia en las aulas. Al no haber presentado este esquema a tiempo, la autoridad laboral de San Juan consideró la medida como fuera de la ley.
Lo concreto es que la reforma laboral ya comenzó a generar fallos en la Justicia y aplicaciones en distintos ámbitos, como fue la resolución en Córdoba y la medida adoptada en San Juan contra un paro docente.
