El Senado de Mendoza aún no define cuándo tratará la reforma laboral impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo, que modifica el Estatuto General del Empleado Público y genera fuerte rechazo gremial. Aunque la norma ya fue aprobada en Diputados, no obtuvo despacho positivo en comisiones y el oficialismo no cuenta con los votos necesarios para habilitar su debate sobre tablas. En paralelo, sindicatos como ATE y AMProS realizaron protestas y retención de tareas, y anticipan que judicializarán la ley si se aprueba, por considerar que vulnera derechos laborales adquiridos y consolida un modelo de precarización.
Entre los puntos más controvertidos del proyecto se encuentra la creación de la figura de “personal de planta interino”, sin estabilidad laboral, para quienes accedan a cargos sin cumplir requisitos de idoneidad. También se modifica el cálculo de indemnizaciones para empleados con larga antigüedad y se eliminan los cargos hereditarios establecidos en el decreto ley 560/73. Mientras Cornejo defiende la iniciativa como una medida de sentido común para mejorar la gestión pública, los gremios denuncian que se trata de una reforma regresiva y hecha a medida del Ejecutivo.
El Senado de la provincia de Mendoza demora el debate de la reforma laboral impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo y aún no hay fecha para que se trate el proyecto.
Se trata de una serie de modificaciones al Estatuto General del Empleado Público que son fuertemente resistidas por los gremios que representan a las y los trabajadores estatales.
La norma ya fue sancionada en la Cámara de Diputados y, tras algunas reuniones en comisiones, aún no queda lista para ser votada en el recinto parlamentario.
El proyecto no ha tenido despacho positivo y, como el Gobierno no está sobrado con los votos, no puede tratarlo sobre tablas.
Durante las últimas semanas, diferentes representantes acudieron a la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales para mostrar sus posiciones al respecto.
Asimismo, se acumularon protestas fuera de la Legislatura y, de hecho, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) avanzó con retención de tareas en rechazo a la iniciativa.
Si la ley es finalmente aprobada, varios sindicatos ya analizan judicializarla y pedir acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.
Gremios reclaman por la reforma laboral de Cornejo.
“Es una reforma laboral encubierta, regresiva e inconstitucional; jaquea la estabilidad laboral de más de 100.000 trabajadores estatales y vulnera pilares como la estabilidad, la antigüedad y el derecho a defensa, consolidando así un modelo de precarización estructural, que echa por tierra todos los derechos adquiridos”, sostuvo la titular de AMProS, Claudia Iturbe.
Por su parte, el secretario general de ATE, Roberto Macho, expresó que “con esta reforma el gobernador Cornejo está adaptando una ley a su medida, para decidir unilateralmente sobre las condiciones laborales y salariales de los compañeros y compañeras estatales”.
Cornejo ya defendió públicamente el proyecto. Así, consideró que hay "buenos empleados públicos a montones" y otros que "no lo son y para echarlos hay que esperar cuatro años. Son cosas de sentido común, no es anti empleo público", expresó.
La reforma laboral del Gobierno de Mendoza
Entre los puntos más cuestionados se encuentra la creación de la categoría “personal de planta interino”, el cual no contará con estabilidad propia.
¿Quiénes serán considerados como “personal interino”? Según se detalla en la norma, “el designado en, o ascendido a, cargos vacantes de planta permanente del escalafón aplicable, sin cumplir los requisitos exigidos para acreditar la idoneidad e igualdad de oportunidades, previstas en el artículo 30 de la Constitución provincial y reglamentadas en los artículos 10 y 11 de este Estatuto o en la ley especial que le fuera directamente aplicable”.
Asimismo, se modifica el cálculo de las indemnizaciones para empleados que cuenten con una antigüedad extensa y se unifican las fórmulas.
Junto a esto, también se eliminan los cargos hereditarios previstos en el artículo 90 del decreto ley 560/73.