Jorge Difonso
"Existe un plan diseñado por el gobierno y empresarios mineros"
El diputado provincial acusó al gobierno de violar el objetivo primordial de una audiencia pública, que es fomentar la participación ciudadana. "Nosotros no criticamos la minería como actividad, pero si decimos que tiene que haber un control", subrayó.-¿Con qué expectativas transitaron los días previos a la audiencia pública?
-La verdad que muy preocupados. Vemos un gobierno que de prepo, por la fuerza, instaló una audiencia pública en el medio de la cordillera. Había un pronóstico de temperaturas bajo cero, con nieve, con lluvia. La pregunta es, ¿por qué hacen eso? Lo hacen justamente para que no tenga participación ciudadana, que es justamente el objetivo final de cualquier audiencia pública. Ellos dicen, "no, pero pueden hacerlo virtualmente". La idea es que la gente que quiera participar pueda hacerlo acercándose hacia el lugar. Por eso, entiendo lo que ha ocurrido en la ciudadanía, en un pueblo como el de Uspallata, con una audiencia paralela. La verdadera, donde va a estar el pueblo, los vecinos, como ya se expresaron hace más de 10 años en forma contundente, rechazando este proyecto. Lamentablemente estamos con un gobierno que esconde, que no abre, que no quiere que participe la gente, que manipula información, que manipula las reglamentaciones, que esquiva la ley 7722. Con todas estas sospechas, en este tema puntual, hacen que la gente no confíe en este procedimiento.
-¿Por qué cree que pasó esto de que se armó una audiencia paralela?
-Yo creo que justamente cuando el cauce no transporta el agua por los canales normales, esto se desborda y se va de cauce, como se dice. Y en este caso cabe decir que el tema de San Jorge no solo impacta en Uspallata, impacta en todo el río Mendoza. Porque se desarrolla en una zona muy importante, en los acuíferos del río Mendoza, y es nutriente de agua potable y de agua de riego en todo el Oasis Norte, y esto por eso creo que preocupa también a más gente más allá de los Uspallata. Y esto se ha llegado a una audiencia paralela, o expresiones en redes que son totalmente contrarias al proyecto, porque ven en el gobierno como una actitud engañosa, que se oculta. Recordemos cómo viene este proceso. Ellos empezaron, el gobernador Alfredo Cornejo desde Canadá mandó un proyecto a la legislatura, cuando estaba en un foro minero. Mandó un proyecto para modificar el código procesal minero. Con su mayoría automática y entre comillas algunos aliados que votaron a favor de ese código procesal minero, lo reformaron, hicieron un traje a medida para que los funcionarios del gobierno pudieran manipular todo el otorgamiento y manejo de los derechos mineros. ¿Qué hicieron después? Crearon la empresa Impulsa Mendoza, que es mediante la cual se meten en el negocio, incluso frenando a los inversores naturales que puedan estar interesados en el negocio. Tienen que pasar todo por el filtro de Impulsa Mendoza que lo maneja el gobierno. Y ahí se da un tránsito de funcionarios que vienen desde la parte privada, se hacen cargo de cargos públicos y ex funcionarios públicos que pasan a tener acciones o derechos mineros. Esto me parece que cae muy mal, es de muy mal olfato, como que el gobierno está directamente metido en el negocio minero.
-¿De quién es la culpa que no haya confianza? ¿Del gobierno o del dirigente de la oposición, como usted que critica constantemente la minería? ¿Por qué no hay confianza en la provincia?
-Nosotros no criticamos la minería como actividad. Sí decimos que tiene que tener un control. En donde realmente estamos insatisfechos es en la forma que se hacen los controles. Y tenemos ejemplos de sobra y todos los días nos dan más ejemplos. Ejemplo Lunlunta, con la contaminación petrolera, que la persona que lo denunció, que la inspectora Emilia Scatolón, terminó separada del cargo. O otra situación como la que se dio en Corralitos, con un vertido de líquidos cloacales en el canal Pescara, que han colapsado domicilios en el distrito, con una autorización expresa del Departamento General de Irrigación para que hagan eso. Es decir, no es correcta ni transparente la administración del agua en Mendoza. Y entonces eso, los controles, dejan mucho que desear. Son permeables a los intereses de empresarios que son amigos del gobierno. Fíjense lo que pasó con los pozos que otorgó Irrigación. Han denegado un montón de permisos de perforaciones para pozos y demás, y resulta que le otorgan a empresarios amigos del gobernador y del presidente. Estas son las cosas, las desigualdades con las que la gente se revela, y con mucha razón. Nosotros expresamos eso desde un punto de vista de que Mendoza ha perdido la institucionalidad. Acá hay un señor feudal, que es el gobernador Cornejo, que ha acumulado poder, acumuló poder en la justicia, acumuló poder mediático, acumuló poder en las intendencias, acumuló poder en la legislatura, en los organismos de control, pero todo ese poder no le ha servido para mejorarle la calidad de vida a la gente. Al contrario, Mendoza está en una franca decadencia, y lo dicen todos las mediciones de cualquier índice, en educación, en seguridad, en salud. Es terrible. Bueno, en infraestructura, cómo se han dejado estar y se han dejado caer los mantenimientos de ruta, de hospitales, de escuelas. Si uno lo compara con otras provincias vecinas, Córdoba, Neuquén, San Luis, nos han pasado por encima desde el punto de vista de la atención del gobierno a la calidad de vida de la gente. Mendoza ha venido para abajo.
-Más allá de las diferencias técnicas que existieron, en 2019 se planteó una estrategia muy rápida que ya sabemos cómo terminó, mientras que en este caso, desde que asumió el gobernador Alfredo Cornejo, hubo un debate un poco más extenso. ¿Qué pensás que se pudo buscar de esta manera?
-Yo creo que a en el 2019, aún después de la pueblada de diciembre, el gobierno no renunció a su plan. Al contrario, se replegó y se organizó profesionalmente. Yo entiendo que acá hay una acción publicitaria estudiada, armada, y se actúa en consecuencia, en base a un plan diseñado por el gobierno, en conjunto con empresarios mineros, para cambiar esa situación que generaron en el 2019. Eso se está viendo, eso lo han ido llevando en el tiempo, y paulatinamente van avanzando, criminalizando la protesta, diciendo que no contamina, diciendo que cumple la 7722 y no la cumplen, haciendo audiencia pública que dicen que es participativa, pero en realidad la gente no está presente. Todas esas cosas creo que van aumentando el descrédito ante un plan que, evidentemente, es súper profesionalizado, como el que tiene el gobierno, para instalar a Blancanieves como esta actividad.