El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), un organismo clave para el sector vitivinícola, se encuentra en un momento de redefinición tras la publicación de una resolución del Ministerio de Economía que impacta directamente en su estructura y personal. La medida, que pone a parte de sus empleados en situación de disponibilidad, se enmarca en la política de reestructuración del Estado impulsada por el Gobierno.
Según la Resolución 1240/2025, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y publicada en el Boletín Oficial, el INV deja de ser un organismo descentralizado para convertirse en una unidad organizativa bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
La normativa se basa en los decretos 462/2025 y 585/2025, que también dispusieron la disolución del INASE y la transformación del INTA. Como consecuencia, un grupo de empleados de planta permanente del INV, cuyos nombres se detallan en anexos adjuntos, han sido puestos en disponibilidad por un plazo máximo de 12 meses.
Un futuro incierto para el INV
La decisión del Ejecutivo llega en un momento de tensión política, ya que se produce apenas un día después de que el Senado rechazara varios decretos de reestructuración del presidente Javier Milei.
Pese a este revés legislativo, el Ministerio de Economía ha optado por avanzar con la reforma a través de resoluciones administrativas, lo que muestra la determinación del Gobierno de llevar a cabo la reorganización de los organismos públicos.
La situación genera una gran incertidumbre en el sector vitivinícola, que históricamente ha confiado en la autonomía del INV para su regulación y promoción.
La pérdida de su estatus descentralizado y el impacto en su dotación de personal plantean interrogantes sobre su futura capacidad operativa y su rol en la industria. La resolución limita además las licencias y comisiones de servicio de los empleados afectados, lo que subraya la drástica naturaleza del cambio.
