Escándalo
¿Quiénes deben declarar por las valijas que no se mostraron?
El Juzgado Penal Económico número 2 ordenó una batería de medidas de prueba para esclarecer los hechos vinculados con el avión de Royal Class.
El Juzgado Penal Económico número 2 ordenó una batería de medidas de prueba para esclarecer los hechos vinculados con el arribo de un avión privado de matrícula estadounidense N18RU al Aeroparque Jorge Newbery el pasado 26 de febrero, en un procedimiento que generó sospechas por presuntas irregularidades aduaneras y migratorias.
A instancias de un dictamen del Ministerio Público Fiscal, se dispuso que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) identifique a todos los vehículos y personas que intervinieron en la operación de desembarco.
En particular, se mencionan camionetas presuntamente pertenecientes a la empresa Royal Class, la PSA, la Dirección General de Aduanas y otros utilitarios que se acercaron a la aeronave, cuyas funciones y ocupantes deberán ser determinados.
Asimismo, el tribunal solicitó a la División Sumarios de Prevención de la Aduana que informe sobre los agentes presentes durante el control del vuelo, tanto en su arribo como en su egreso, y que remita los registros de asistencia, funciones y turnos correspondientes.
También se requirió identificar las normativas vigentes que regulaban el ingreso y permanencia de aeronaves privadas y los procedimientos de control en hangares.
En ese marco, fueron citados a prestar declaración testimonial los tripulantes José Luis Bresciano y Juan Pablo Pinto (ambos de la empresa OCP Tech), así como el presidente de Royal Class, Sebastián González Cazón. Las audiencias se realizarán entre el 1 y el 2 de julio, en modalidad remota y presencial, respectivamente.
Por otra parte, se detectaron inconsistencias en los registros migratorios de los dos tripulantes y de los pasajeros Laura Arrieta y Víctor Du Plooy, ya que figuraban como destino Estados Unidos cuando en realidad el vuelo partió a París con escala en Tenerife. Se ordenó la rectificación de estos datos y la evaluación de los mecanismos de validación cruzada entre Migraciones, Aduana y la ANAC.
El juzgado también le solicitó a la ANAC un informe detallado sobre la ausencia de registro del vuelo en el sistema SIAC y a la Aduana que informe si se inspeccionó el equipaje en origen, además de los procedimientos utilizados en vuelos privados similares.
La causa, caratulada como CPE 167/2025, sigue bajo investigación judicial y apunta a establecer si se incurrió en irregularidades durante el ingreso, control y egreso de la aeronave.
