El Gobierno Nacional dispuso este lunes el cierre “definitivo” de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial.
Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa desde Casa de Gobierno. Adorni sostuvo que “la corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada, y la acaba de firmar el presidente” en referencia al cierre de Vialidad Nacional anunciado por el Gobierno.

“De esta manera se reorganizará la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, conocida como la CNRT, que pasará a denominarse Agencia de Control y Concesiones de Servicios Públicos del Transporte y será la autoridad de aplicación en cuanto a normas y actos administrativos relacionados con la fiscalización de concesiones viales”, explicó.
El Gobierno tomó la medida en el último día de las facultades delegadas de las que hizo uso el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Las facultades delegadas, que permiten al Poder Ejecutivo tomar decisiones de gobierno sin pasar por el Poder Legislativo, habían sido incluidas en la ley Bases, sancionada por el Congreso en junio del año pasado.
“En virtud de todo esto, el presidente Milei, a través de un decreto que se va a publicar mañana en el Boletín Oficial, ordenó el cierre definitivo de la dirección Nacional de Vialidad y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial”, remarcó Adorni.
Y agregó que “se reorganizará la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, conocida como la CNRT, que pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte”.
Además sostuvo que el Gobierno “dará apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de ruta que, tras décadas de despilfarro y corrupción, se vieron degradadas como nunca antes en la historia de nuestro país”.
Las facultades delegadas, que permiten al Poder Ejecutivo tomar medidas sin pasar por el Poder Legislativo, habían sido incluidas en la ley Bases, sancionada por el Congreso en junio del año pasado.
“Desde ya que muchas especulaciones se hicieron cuando las facultades delegadas se instituyeron en el mismo Congreso, decían que aprobarlas era inconstitucional, autoritario y poco republicano, que atentaban contra la democracia”, planteó Adorni, aunque aclaró que el actual Gobierno “es de los pocos desde la vuelta de la democracia que no pidió una prórroga” de esas facultades.
“En concreto, los 65 decretos delegados que se promulgaron en este último año implicaron un ahorro de 2.000 millones de dólares anuales en gastos. También fue la primera vez que, al usarlas, el Presidente se apegó a la Constitución y respetó la institucionalidad”, agregó.
Luego, el funcionario hizo un detallado repaso de todas las medidas de desregulación que se hicieron en el marco de las facultades delegadas que utilizó la gestión libertaria, entre ellas disoluciones o fusiones de organismos públicos y eliminaciones de permisos o trámites de carácter burocrático.
“Todo esto es la primera etapa del plan motosierra que es infinito. Les queríamos contar lo que hicimos con las facultades delegadas”, sostuvo Adorni tras utilizar varios minutos de su exposición para enumerar las medidas desregulatorias y de transformaciones en las dependencias estatales.
Recordó que “para el kirchnerismo, extender las facultades delegadas era un mero trámite; sin embargo, hoy se horrorizan frente a un gobierno que las necesita para reparar el daño que ellos mismos causaron”.