El Ministerio Público Fiscal de la Nación dictaminó que la Justicia federal no es competente para investigar la denuncia presentada por la senadora Anabel Fernández Sagasti contra el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. La denuncia se refería a un convenio firmado entre la Dirección Nacional de Vialidad y el Gobierno de Mendoza el 14 de mayo de 2025, aprobado por la Ley provincial 9640, para la ejecución y mantenimiento de rutas.

La denuncia de Fernández Sagasti alegaba una posible malversación de fondos públicos, argumentando que se destinaron fondos provinciales a obligaciones que, según ella, debían ser financiadas por la Nación.
Sin embargo, la fiscal federal Patricia Santoni concluyó que no existe perjuicio al patrimonio nacional ni participación de funcionarios federales en delitos. El dictamen subraya que la jurisdicción federal es excepcional y solo interviene en casos específicamente establecidos por la Constitución. Por lo tanto, la investigación de los presuntos delitos deberá ser llevada a cabo por la Justicia de Mendoza. La Unidad Fiscal de Delitos Económicos de Mendoza, deberá determinar si existen elementos para avanzar con una investigación.
La denuncia
“De una simple lectura de la Ley de presupuesto provincial para el periodo 2025, no observamos partida presupuestaria alguna referida a “ejecución de obras, conservación, mejoramiento y mantenimiento integral sobre los tramos de rutas de jurisdicción nacional””, se expresa.
En ese sentido, resalta que “la Constitución Provincial, establece claramente el principio de “legalidad” y de determinación especifica en la autorización de los gastos. Siendo esta “autorización” a gastar una prerrogativa propia y especifica del Poder Legislativo de la Provincia de Mendoza”.

“Desde diciembre de 2023, el Estado Nacional se ha retraído de sus obligaciones más fundamentales, sin embargo, una buena gestión provincial lo que debería hacer es exigir que la Nación cumpla con sus obligaciones, y/o, en su caso, proceda a exigir la partida presupuestaria correspondiente”, se agrega en el texto.
Además, se menciona que “el Señor Gobernador, con este convenio, no solo utiliza de manera discrecional, arbitraria y antijurídicamente fondos provinciales, cuya recaudación está destinada al cumplimiento de las metas y funciones que posee el estado provincial, sino que está avalando el actuar notorio, palpable y omisivo del gobierno nacional de distraer en cuestiones ajenas, fondos que poseen un destino especifico”.
"Entendemos que el Gobernador, aun cuando cuenta con una ley provincial que ratifica el convenio, distrae fondos públicos provinciales, en el cumplimiento de metas y funciones netamente nacionales, siendo claramente al menos una malversación de caudales públicos provinciales, ya que la recaudación impositiva provincial tiene como objetivo la satisfacción de necesidades publicas provinciales, la que claramente no son debidamente cumplimentadas por la actual administración”, se sostiene en la denuncia.
Las obras
El acuerdo firmado por Cornejo establece que la Provincia asumirá la ejecución directa de las tareas, bajo normativa técnica de la DNV y con financiamiento propio. Las intervenciones alcanzan cerca de 235 kilómetros de la red nacional y contemplan trabajos en la Ruta Nacional 7, la Ruta Nacional 40 y la Ruta Nacional 143, en zonas clave del Gran Mendoza, Valle de Uco, Lavalle y el Sur provincial, que registran alto tránsito y relevancia logística y productiva.
El trayecto comienza por la Ruta Nacional 7, desde el río Mendoza, en el Este, pasando por Palmira, Maipú y Guaymallén, hasta el nudo vial en el Gran Mendoza.
En el Cóndor, se toma la salida hacia el sur por la Ruta Nacional 40 hasta Azcuénaga. Cruza el río Mendoza y las vías del tren hasta el nuevo empalme con la Variante Palmira, y completa un trayecto estratégico que permite continuar hacia el Valle de Uco y San Rafael, fortaleciendo así la conexión Sur de la provincia.
Además, llega por Ruta Nacional 7 al Nudo Vial y toma Costanera Norte hasta Lavalle.