La sospechosa historia que esconde el fallo del Casino

Casi diez años pasaron para que la Suprema Corte revocara el fallo del Tribunal de Cuentas que obligaba a exfuncionarios del Casino a devolver fondos públicos por diferentes irregularidades detectadas en la prestación del servicio de limpieza. En concreto, revocaron las sanciones contra Carlos Bianchinelli, Federico Domínguez y el radical Miguel Bondino, pero detrás del fallo existe una historia que incluye amistades, audios comprometedores y favores políticos. Incluso, el juez Julio Gómez que dicta la sentencia aparece mencionado en la causa penal que se inició años atrás por esta misma causa.

Pocos recuerdan cómo se inició el escándalo que involucró a peronistas y radicales. En mayo del año 2014 el contador del Casino, Gonzalo Jeréz, detectó que existían anomalías en los montos que se le estaban pagando a la empresa de limpieza Masterfull SA. En lugar de investigar la situación, Bianchinelli (presidente del Casino) despidió a Gonzalo Jeréz. Luego se supo que Carlos Bianchinelli era compañero en un grupo de motos Harley Davidson del dueño de la empresa Masterfull, Alejandro Balegno. Todo eso consta en la causa penal que en su momento instruyó Santiago Garay (exfiscal de Delitos Económicos). 

Pero en ese expediente incluso se incorporaron audios de conversaciones mantenidas entre Bianchinelli y Gonzalo Jeréz en los que Bianchinelli afirmaba que el juez de la Corte Julio Gómez lo estaba ayudando a ordenar todo. "Estos hijos de puta ¿sabés por qué han hecho esto? Han hecho esto porque los medios decían que el Tribunal de Cuentas no hacía nada. Me dijeron que justo cayó el expediente este y nos garcaron. Se lo dije a Gómez (Julio). Lo que han hecho es muy mala leche porque han cagado a gente que no tiene nada que ver. En todo caso nos hubiesen cagado a todos como solidariamente responsables", se puede escuchar decir a Bianchinelli en uno de los audios aportados en la causa.

La mención de Julio Gómez no es menor ni fue la única vez que se Bianchinelli se refirió a supuestas charlas con el actual integrante de la Suprema Corte. El rol de Gómez tiene un doble valor. No solo es importante porque la Corte está revisando el accionar del Tribunal de Cuentas y los cargos que formuló contra los ex responsables del Casino. Sino también porque hasta junio del 2015 Gómez supo desempeñar un cargo clave en el Tribunal de Cuentas, en donde era Secretario Relator.

A pesar de ello, Gómez no se excusó de intervenir en la causa y fue quien fundó la sentencia que se conoció esta semana. Fue él quien argumentó y dijo que "de las constancias integrales de la causa surge claro que se abonaba por un servicio único de limpieza en óptimas condiciones en los diversos edificios del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, de lo que las autoridades encargadas del control interno de ello dieron cuenta en forma previa a ordenarse el reconocimiento del gasto durante el período en cuestión por el servicio de limpieza". Es decir, no importa cuánto se pagó, ni como se contrató, sino que lo único importante es que el servicio se prestaba.

A su voto adhieren las juezas Teresa Day y Norma Llatser. El caso de la segunda es llamativo ya que se trata de una causa que tiene 10 años de antigüedad y ella asumió como jueza hace menos de tres meses. En ese plazo pudo estudiar el expediente y dar su veredicto.

En realidad, el final de esta historia estaba escrito desde hace mucho tiempo. En el año 2019 la Corte ya había anulado otro fallo del Tribunal de Cuentas por el mismo tema. Los cargos también eran millonarios y las irregularidades investigadas eran las mismas: sobreprecios pagados a Masterfull en el Casino. Sucede que los sobreprecios se detectaron al revisar las cuentas de los años 2013, 2014 y 2015, por lo que el Tribunal de Cuentas emitió tres fallos diferentes obligando a los funcionarios a devolver fondos millonarios. En el 2019 los jueces Pedro Llorente, Dalmiro Garay y Mario Adaro anularon los cargos del fallo 16.633 y esa resolución también fue controvertida.

Pedro Llorente puso en conocimiento de las partes que lo unía una amistad íntima con Miguel Bondino, a quien el Tribunal de Cuentas apuntaba como solidariamente responsable de las irregularidades. Pese a ello, nadie recusó a Llorente y lejos de excusarse terminó argumentando el fallo que benefició a su amigo. 

Esta semana la Suprema Corte le puso fin a esta larga historia y cómo muchos anticipaban, el caso quedó en la nada. Pese a las pruebas aportadas por el Tribunal de Cuentas para demostrar que el mecanismo de contratación fue irregular, los pagos salían a velocidad exprés y no había forma de certificar la cantidad de horas de limpieza que facturaba la empresa Masterfull, la Corte entendió que lo importante es que el servicio de limpieza se prestaba. 

El Tribunal de Cuentas fue categórico al afirmar que "se había objetado que las cotizaciones tenían un precio vil" y remarcó que pese a las observaciones realizadas no se corregían los errores y año tras año se volvían a detectar. "Si bien el legítimo abono saneó la violación a la obligación de realizar el compromiso previo , al no existir comprobación (control) del gasto en relación a las diferencias de horas abonadas, produjo un exceso en el pago del servicio, configurando ello una partida no comprobada", se puede leer en su planteo. "Indica que los razonamientos defensivos que utilizan los responsables no resultan aptos ni suficientes para justificar el exceso en la tramitación del proceso de contratación, el pago por legítimo abono, que venía siendo observado por el Tribunal en ejercicios anteriores, el abuso de las prórrogas en la contratación directa", adherían desde el órgano de control.

Pero el camino ya había quedado marcado por el fallo de Llorente, Garay y Adaro del año 2019. El dictamen del procurador Alejandro Gullé así lo explicita al afirmar que "las circunstancias fáctico jurídicas de la causa son similares a las que dieron lugar a la sentencia Bianchinelli de fecha 23/04/2019, en la que se concluyó que no correspondía la aplicación de cargos dado que no se encontraba acreditada la existencia de daño para la hacienda pública".

Y, finalmente, así fue.