El escándalo de financiamiento que involucra al diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, generó una clara división de posturas dentro del Poder Ejecutivo. El centro de la polémica es un informe judicial de Estados Unidos que reveló una presunta transferencia de 200.000 dólares en 2020 desde un fideicomiso vinculado al empresario Alfredo “Fred” Machado, actualmente detenido por narcotráfico y fraude.
El reclamo de Bullrich
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, adoptó una postura contundente y distante. En declaraciones radiales, la funcionaria sentenció que el Poder Ejecutivo solicitará "aclarar la situación ya" y que "no podemos aceptar conductas de personas que hayan recibido plata del narco".
Bullrich remarcó que, aunque el hecho se remonta a la campaña presidencial de 2019, es crucial retomar la justificación que Espert presentó en aquel momento a la Justicia Electoral. Su énfasis en la urgencia es una clara señal de alarma. De hecho, la ministra evitó responder si el diputado debería continuar encabezando la boleta de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, limitándose a reiterar: "Es muy importante aclarar la situación ya".
Adorni: "Un tema refritado"
En contraste directo con su compañera de gabinete, el vocero presidencial, Manuel Adorni, optó por minimizar el episodio. En su habitual conferencia de prensa, Adorni aseguró que se trata de un "tema refritado de hace seis o siete años" y que "si la Justicia tiene que pedir explicaciones, las pedirá y Espert las dará".
Al ser consultado sobre la evidente contradicción entre su postura y la exigencia de Bullrich, el vocero negó cualquier "incompatibilidad", manteniendo la línea del presidente Javier Milei, quien previamente había respaldado a Espert atribuyendo el episodio a una "operación" de la oposición.
La tensión se centra, entonces, en la disparidad de criterios: mientras el área de Seguridad exige transparencia inmediata ante un hecho vinculado al narcotráfico, la vocería presidencial y el propio Presidente intentan cerrar la polémica escudándose en la antigüedad del caso.
La presión ahora recae sobre Espert para que brinde la justificación que logre calmar a los mercados y a su propio frente político.
