La empresa mendocina IMPSA se transformo en la primer empresa argentina y una de las primeras empresas extranjeras en desembarcar en Venezuela, luego de la captura internacional del ex Presidente Nicolás Maduro. El tratado tiene como objetivo rehabilitar las centrales hidroeléctricas de Macagua y Tocoma, dos activos centrales para la infraestructura eléctrica venezolana.
El convenio también se entiende si se toma en cuenta quién se encuentra bajo la presidencia de la empresa, y es que la compañía, históricamente asociada a la industria tecnológica argentina y a la familia Pescarmona, atraviesa una nueva etapa bajo el control de Industrial Acquisitions Fund LLC —IAF—, luego de su privatización y reestructuración financiera.
Jorge Salcedo Hernández, presidente de IMPSA, es un empresario de origen venezolano. Es un abogado especializado en fusiones y adquisición de empresas que fue designado como presidente de la firma mendocina.
En su presentación en el sitio web del estudio jurídico Ferrari & Associates, con sede en Washington, se destaca que “brinda representación legal, asesoramiento y consultoría sobre los matices de los diferentes programas de sanciones administrados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos”.
En 2012 fallidos negocios en Venezuela marcaron el comienzo del declive de IMPSA. Es por ello que el acuerdo retoma un contrato firmado hace más de una década entre IMPSA y Corpoelec que había quedado sin ejecución por problemas de pago y sanciones.
La imagen de Delcy Rodríguez, actual mandataria del país venezolano anunciando el convenio con IMPSA funciona como una señal directa para el mercado: el Gobierno quiere acelerar la recuperación de infraestructura crítica y mostrar que existen interlocutores privados dispuestos a entrar en un sector históricamente dominado por el Estado.
El contrato representara una prueba de fuego para Venezuela, y es que para los inversores, el caso IMPSA será observado como una señal temprana. Si el acuerdo avanza, podría demostrar que la nueva apertura venezolana es capaz de producir contratos ejecutables. Si se frena, confirmaría los temores sobre riesgo contractual, pagos y continuidad regulatoria.
