El persistente enfriamiento del mercado interno, reflejado en la caída interanual del 3,2% en las ventas minoristas de abril, ha comenzado a trasladarse de forma directa a la cadena de pagos impositiva de las pequeñas y medianas empresas. Ante este escenario de asfixia, la conducción de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) formalizó un reclamo urgente dirigido al ministro de Economía, Luis Caputo, solicitando la implementación excepcional de un régimen especial de facilidades de pago para el sector. La iniciativa busca tender un puente financiero para miles de comercios que, ante la disyuntiva de abonar salarios, mantener el stock o cumplir con el fisco, han empezado a acumular pasivos con la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA).

El pedido de la entidad empresaria se fundamenta en que los actuales planes de regularización vigentes resultan insuficientes frente a la magnitud de la recesión. Los dirigentes pyme explicaron al jefe de la cartera económica que las tasas de interés resarcitorio y punitorio aplicadas por el organismo recaudador terminan indexando las deudas a una velocidad que supera con creces la capacidad de generación de caja de un negocio de cercanía. Por este motivo, la propuesta elevada al Palacio de Hacienda contempla la necesidad de estructurar una moratoria o un plan de facilidades de largo plazo que incluya la condonación parcial de intereses, la eliminación de sanciones y, fundamentalmente, tasas de financiación subsidiadas que se ubiquen por debajo de la inflación esperada.

Para el sector privado, la intervención de Caputo es considerada vital para evitar una ola de embargos de cuentas bancarias y ejecuciones fiscales que paralizarían por completo la actividad de las firmas más vulnerables. Desde CAME argumentan que, en un contexto donde el 58,7% de los empresarios ya descarta cualquier tipo de inversión debido a la incertidumbre macroeconómica, la presión punitiva del fisco actúa como un desincentivo adicional que ahoga las pocas posibilidades de reactivación. Los comerciantes sostienen que no existe una voluntad de evasión, sino una imposibilidad fáctica de cumplimiento derivada de un cuatrimestre donde las ventas acumuladas ya arrastran un retroceso del 3,5%.

La flexibilización de las condiciones de ARCA es vista por el entramado pyme como una herramienta de política económica indispensable para sostener el empleo en el sector comercial, que representa uno de los principales motores laborales del país. Mientras los comercios minoristas intentan adaptarse a la fuerza mediante liquidaciones agresivas, estrategias digitales y el achicamiento de sus márgenes de ganancia, la respuesta que brinde el Ministerio de Economía dictará si las pequeñas estructuras productivas logran capear el temporal recesivo o si se verán forzadas a discontinuar sus operaciones ante la acumulación de pasivos estatales.