Hay plata
Milei quiere perdonarle una deuda millonaria en dólares a Manzano y Vila por Edenor
Reclaman activos regulatorios en forma de ingresos no percibidos por el incumplimiento de sus contratos de concesión y las revisiones tarifarias. Esto esté en un proyecto de ley enviado por el Gobierno Nacional. El acuerdo también incluye a distribuidoras provinciales.
El Gobierno envió este lunes al Congreso un proyecto de ley con múltiples medidas para el sector energético, que en parte insiste con uno de los capítulos borrados en el Presupuesto 2026 para conseguir su aprobación, según informó el diario Clarín.
Entre ellas, figura la intención oficial de negociar un millonario perdón de deudas cruzadas entre el Estado nacional y las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur. Por otro lado, extiende la estabilidad fiscal para las energías renovables hasta 2045.
Como informó Clarín hace seis meses, cuando ambas iniciativas estaban dentro del proyecto de ley de Presupuesto 2026 -el primero que logró sancionar el gobierno de Javier Milei en tres años-, la propuesta de la compensación de deudas cruzadas con Edenor y Edesur había generado polémica entre los aliados de La Libertad Avanza, como el PRO.
El artículo 4 del nuevo proyecto de ley insiste en esa vía y establece que el Estado nacional "determinará las diferencias actualizadas de ingresos percibidos por las distribuidoras y transportistas bajo jurisdicción federal, con motivo de las leyes de emergencia dictadas en materia de tarifas eléctricas que no hayan sido incluidas en los distintos regímenes de regularización de deudas ni renunciados por parte de las referidas distribuidoras, comparados con los ingresos que les hubieran correspondido de haberse aplicado el correspondiente contrato de concesión".
Las distribuidoras bajo jurisdicción federal son Edenor y Edesur, mientras que entre las transportistas está Transener, ahora en proceso de privatización de las acciones del Estado -que ganarían los Neuss junto a los dueños de Newsan y Genneia-.
Particularmente, Edenor y Edesur reclaman "activos regulatorios" en forma de ingresos no percibidos por el incumplimiento de sus contratos de concesión y las revisiones tarifarias. Son unos 2.000 millones de dólares en el caso de la empresa manejada por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti y cerca de US$ 1.200 millones en la compañía que es propiedad de Enel, cuyo mayor accionista es el Estado de Italia.
A cambio, el Poder Ejecutivo instrumentará un crédito sobre los acuerdos de regularización de deuda que las empresas asumieron con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).
Al no haber cobrado tarifas suficientes para afrontar todos sus gastos (salarios, mantenimientos mínimos, impuestos y la compra de energía), las eléctricas dejaron de pagar la energía a Cammesa y acumularon deudas, que recientemente regularizaron y se comprometieron a pagar en cómodas cuotas por hasta 8 años. Edenor tiene pasivos regulatorios por el equivalente a unos US$ 600 millones y Edesur, alrededor de US$ 500 millones.
La diferencia contable favorece a las empresas, por lo que el proyecto de ley exige que un acuerdo "estará sujeto a la declinación por parte de las distribuidoras y transportistas de la totalidad de los eventuales reclamos judiciales o administrativos, respecto de las jurisdicciones locales y/o del Estado y de Cammesa relacionados con los efectos de las emergencias declaradas".
Es decir, las empresas se deberían comprometer a olvidarse los reclamos hacia adelante por los múltiples incumplimientos estatales. Así, el Estado reconocería una deuda que hoy no está oficializada y es un "pasivo contingente" a largo plazo, pero quedaría libre de pagarla; para las compañías, se les limpiaría el balance de inmediato.
El acuerdo también incluye a distribuidoras provinciales, donde la regulación depende de cada gobernador.
Energías renovables, sin nuevos impuestos
Por otra parte, el artículo 6 del proyecto de ley prolonga por 20 años, hasta el 31 de diciembre de 2045, los beneficios del artículo 17 de la Ley N° 27.191, que estableció que "el acceso y la utilización de las fuentes renovables de energía no estarán gravados o alcanzados por ningún tipo de tributo específico, canon o regalías, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Así, garantiza estabilidad fiscal al sector de las energías renovables, que lo venía pidiendo desde que culminó el plazo en diciembre 2025.
La medida sirve para evitar que cualquier gobernador o intendente pueda cobrar nuevos impuestos o tasas a los proyectos. Años atrás, distintos funcionarios en el Interior intentaron sancionar un "impuesto al viento" para gravar la generación de energía eléctrica y conseguir más recursos.
