El Gobierno rechazó el reclamo de los talleres y dejó firme la reforma en los controles vehiculares que prevé menos trámites, extensión de plazos y la apertura del mercado a concesionarias e importadores.
La ratificación del cambio normativo, analizado por la Agencia Noticias Argentinas, se dio mediante el Decreto 139/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, al desestimar el planteo de la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica (CATRAI) y de casi 30 empresas del sector.
Los empresarios buscaban frenar la reforma del sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), también conocida como Verificación Técnica Vehicular (VTV), argumentando que los cambios introducidos por el Decreto 196/25 ponían en riesgo la seguridad vial y afectaban la “independencia de criterios” de las inspecciones.
Con este nuevo decreto, el Gobierno ratificó los pilares de la modernización del sistema, enfocados en reducir la carga económica y fomentar la competitividad:
- Vehículos 0 km: la primera revisión técnica deberá realizarse recién a los 5 años del patentamiento (antes era a los 3 años).
- Autos de hasta 10 años: la revisión será cada dos años, en lugar de anual.
- Fin de la exclusividad: las autoridades jurisdiccionales ya no podrán limitar el número de talleres ni fijar tarifas máximas o mínimas.
- Nuevos actores: concesionarias, importadores y talleres mecánicos podrán realizar las revisiones, eliminando la exclusividad de los centros de inspección tradicionales.
La CATRAI y diversas empresas fundamentaron su reclamo en que la extensión de plazos no tenía sustento técnico y que permitir que una concesionaria inspeccione el auto que ella misma vende genera un conflicto de intereses.
Sin embargo, el Ejecutivo descartó los reparos del sector. En cuanto a los plazos, esgrimió que los vehículos modernos poseen mayores garantías de seguridad, por lo que inspeccionarlos con tanta frecuencia es, según el Gobierno, una “burocracia innecesaria”.
En el plano de la seguridad vial, la explicación gubernamental citó estudios internacionales que señalan que la mayoría de los siniestros viales ocurren por errores humanos (alcohol, velocidad, distracciones) y no por fallas mecánicas.
Además, trajo a colación los estándares Internacionales en el tema puntualizando que en la Unión Europea no se exige exclusividad, permitiendo que empresas de mantenimiento también realicen inspecciones si cumplen con los protocolos.
En este marco, el texto oficial sostuvo que “la objetividad del sistema se garantiza mediante la fiscalización de los procesos y no a través de restricciones al objeto social de los prestadores, las cuales actúan como barreras de entrada injustificadas”.
En la misma línea, el Gobierno sostiene que la libre negociación de precios entre talleres y usuarios es el “mecanismo más eficiente” para garantizar un precio justo.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó la confirmación de la medida en su cuenta de X al señalar que “queda así allanada la reforma que va a poner racionalidad y va a permitir que las VTV se hagan en las concesionarias, en cualquier taller habilitado, o en los talleres RTO que hoy hacen solo vehículos de carga. En definitiva con más oferta como es en cualquier país serio del mundo”.
La reforma también eliminó el Informe de Configuración de Modelo (ICM) para vehículos modificados, delegando la responsabilidad directamente en el profesional matriculado que firma la reforma, simplificando así los trámites administrativos.
Al respecto, Sturzenegger calificó al trámite como “un curro de AITA (Asociación de Ingenieros y Técnicos del Automotor) que te obligaba a pagar por verificar los cambios de configuración que hacían talleres habilitados por el Gobierno a tal fin y previo a su verificación final en la revisión técnica obligatoria por otra entidad autorizada por el Gobierno a tal fin. En definitiva, un peaje sándwich entre dos trámites oficiales”.
