El Gobierno de Mendoza le reclama a Cammesa una deuda de $2.571 millones
El Ejecutivo provincial intimó a la administradora del mercado eléctrico a transferir los fondos correspondientes a diciembre de 2023, enero y febrero de 2024. El decreto habilita acciones legales si no hay una respuesta favorable.
Tras incumplir con los primeros pagos, el presidente Javier Milei dispuso, a través de la Secretaría de Energía, el régimen excepcional de pagos que ahora la Provincia reclama se cumpla..
El Gobierno de Mendoza publicó un decreto que instruye a la Asesoría de Gobierno a intimar a Cammesa por incumplimientos del régimen de pagos fijado por la Resolución 58/2024 de la Secretaría de Energía. El reclamo abarca saldos de diciembre de 2023, enero y febrero de 2024 y habilita acciones administrativas y judiciales si no hay respuesta. El monto exigido asciende, según cálculos provinciales, a $2.571 millones.
El decreto firmado por el Poder Ejecutivo de Mendoza ordena realizar todas las gestiones administrativas y legales necesarias para exigir a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa) el cumplimiento de la Resolución 58/2024. En ese marco, la Provincia reclama la emisión y entrega inmediata de los bonos correspondientes a los saldos de diciembre de 2023 y enero de 2024, así como la realización de las transferencias bancarias previstas para febrero de 2024, con vencimiento en abril de ese mismo año. El texto aclara que, en caso de persistir el incumplimiento, la Asesoría de Gobierno deberá iniciar las acciones legales pertinentes, lo que incluye reclamos judiciales o administrativos, además de evaluar la aplicación de sanciones conforme a la normativa vigente.
El origen del conflicto
La Resolución 58/2024 creó un régimen excepcional, transitorio y único para cancelar las transacciones del Mercado Eléctrico Mayorista correspondientes a diciembre de 2023, enero de 2024 y febrero de 2024. El objetivo era restablecer la cadena de pagos ante el déficit del Fondo de Estabilización del MEM y en el marco de la emergencia declarada por los Decretos 55/2023 y 70/2023. El esquema dispuso que las liquidaciones de diciembre y enero se cancelaran mediante la entrega de Bonos de la República Argentina en dólares Step Up 2038, a los cinco días hábiles de los acuerdos individuales, mientras que la liquidación de febrero debía cancelarse con fondos depositados en las cuentas de Cammesa y con transferencias del Estado nacional al Fondo de Estabilización. La norma también estableció que Cammesa debía acordar con cada acreedor los importes en un plazo de dos días hábiles desde la entrada en vigencia de la medida y emitir la documentación comercial correspondiente.
Tras incumplir con los primeros pagos, el presidente Javier Milei dispuso, a través de la Secretaría de Energía, el régimen excepcional de pagos que ahora la Provincia reclama se cumpla.
El reclamo involucra recursos que forman parte de las transacciones del MEM y su regularización resulta clave para sostener la cadena de pagos del sistema eléctrico y las finanzas provinciales. En Mendoza, estos fondos son necesarios para cumplir con obligaciones vinculadas al mercado mayorista y para sostener compromisos operativos en el sector. Con el nuevo decreto, la Asesoría de Gobierno quedó facultada para intimar a Cammesa por la vía administrativa, promover acciones judiciales en caso de persistir el incumplimiento y evaluar sanciones previstas en la normativa aplicable. Desde la administración provincial remarcan que "no se trata de un cambio de reglas, sino del cumplimiento de un esquema vigente, aceptado por ambas partes y que define con precisión los instrumentos y plazos de pago, como la entrega de bonos Step Up 2038 para diciembre y enero y las transferencias para febrero".
La Resolución 58/2024 también dispuso un tratamiento para los deudores del MEM, principalmente distribuidoras, a quienes se les habilitó un plan de pago de 48 meses para las facturas con vencimiento en febrero y marzo de 2024, y se les impuso la obligación de cancelar totalmente las de abril en un plazo de 30 días. Además, suspendió la aplicación del factor de proporcionalidad de los Procedimientos del MEM para las transacciones incluidas, con el propósito de agilizar las cancelaciones y evitar descalces en la cadena de pagos.