La Corte Suprema declaró constitucional el impuesto a los cigarrillos y la tabacalera Sarandí deberá pagar más de US$ 1.000 millones que adeuda al Gobierno Nacional por no haber pagado dicho tributo desde el 2018.
Por unanimidad, el máximo tribunal declaró constitucional el impuesto mínimo al tabaco y, en consecuencia, la empresa deberá pagar una deuda de más de 1.000 millones de dólares que acumuló con el fisco desde 2018. La información fue revelada por los periodistas Lucía Salinas y Nicolás Diana del diario Clarín.
El eje central de la decisión de la Corte fue que Tabacalera Sarandí no pudo probar que la ley que estableció el impuesto mínimo fuera "irrazonable" o afectara su derecho a la propiedad. Los jueces sostuvieron que el Poder Judicial no debe evaluar los impactos económicos de los impuestos, ya que eso es una facultad de los otros poderes del Estado.
Además, el fallo remarcó que los impuestos son un "valioso instrumento de regulación" y que es "razonable que el Estado alcance a determinadas actividades con un tributo diferenciado", en este caso, con una finalidad de salud pública para desalentar el consumo de cigarrillos. La Corte Suprema calificó la presentación de la empresa como "desprovista de sustento fáctico y jurídico consistente".

El caso se inició en 2018, cuando Tabacalera Sarandí se presentó en la Justicia para no pagar el impuesto mínimo, argumentando que era una pequeña Pyme y que el tributo le impedía competir.
Sin embargo, gracias a no pagar ese impuesto, la empresa pasó de tener el 5,6% del mercado en 2016 al 38,4% en 2023. El propio Otero admitió en una entrevista que su compañía facturaba 800 millones de dólares al año.
En su fallo, la Corte también rechazó una última maniobra de Pablo Otero, quien la semana pasada intentó ganar tiempo informando que se había acogido a un plan de pagos, sin presentar ninguna documentación que lo acreditara.
Con esta decisión, se pone fin a una larga disputa judicial que le permitió a Pablo Otero consolidar su poder en el mercado del tabaco a base de no pagar impuestos. Ahora, deberá afrontar una deuda que, según las estimaciones, supera los 1.000 millones de dólares.