Misión en Washington
Hay malestar en el FMI por el Indec y las reservas
El organismo busca definiciones estructurales antes de elevar el acuerdo al Directorio; exige una estrategia clara de acumulación de dólares, señales monetarias más firmes y avances en litigios que podrían complicar el acceso al crédito.
Una misión del Ministerio de Economía viajó a Washington para continuar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de la revisión del programa de deuda y cuando, según contaron fuentes al tanto, el organismo haría sentir su malestar sobre algunos temas puntuales, como la decisión de no actualizar el índice de precios oficial, la compra de reservas del Banco Central (BCRA) y un juicio pendiente.
Aunque no hubo confirmación oficial de los nombres que viajaron a Estados Unidos, trascendió que los encargados de las reuniones son el viceministro José Luis Daza y el director del BCRA, Federico Furiase. El hecho de que la discusión continúe ahora en la sede del Fondo revela que las definiciones centrales no habrían quedado cerradas durante la misión en el país.
En el organismo multilateral entienden que esta es la última instancia relevante en la que pueden exigir definiciones estructurales antes de que el acuerdo entre en una fase con menor capacidad de presión financiera. Por eso concentraron el reclamo en tres frentes concretos: la acumulación genuina de reservas, la credibilidad estadística y la resolución de los juicios que amenazan un eventual regreso a los mercados de crédito.
Según reconstruyó LA NACION a partir de fuentes con trato directo con el Fondo Monetario, el diagnóstico de los técnicos del organismo indica que no alcanza con mostrar superávit fiscal ni con comprar dólares en el mercado si esas divisas luego se utilizan para pagar deuda.
Además, integrantes del FMI se mostraron disconformes con la postergación de la actualización en la metodología del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec que definieron en el Ministerio de Economía y piden un cronograma preciso de implementación de una eventual nueva fórmula.
También existe preocupación por el frente judicial en el exterior. La Argentina tiene abierto un pleito por los bonos atados al PBI, que ya tienen un fallo firme en el Reino Unido por unos U$S 1.000 millones y podrían quedar habilitados para su ejecución en Estados Unidos.
En público, el organismo habló de “muy buenos avances”. Sin embargo, según las fuentes consultadas, en privado el tono fue más exigente y los reclamos, concretos.
El trasfondo explica ese giro. El acuerdo aprobado en abril de 2025 contempló U$S 20.000 millones, con un desembolso inicial de U$S 12.000 millones y otros U$S 2.000 millones tras la primera revisión. Más de U$S 14.000 millones se giraron en los primeros meses del programa, lo que dejó un fuerte front-loaded (esquema adelantado) y redujo el peso financiero de las revisiones posteriores. El próximo desembolso, cercano a U$S 1.000 millones, recién podría concretarse en abril, una vez que el equipo técnico del organimsmo eleve el staff level agreement al Directorio Ejecutivo del Fondo, posiblemente en el marco de las reuniones de primavera del organismo.
La segunda revisión estaba prevista originalmente para enero, pero el calendario se corrió y el proceso continúa cuando ya se aproxima marzo. La intención del lado argentino es adelantar los tiempos.
Una visita a Buenos Aires
En las últimas semanas una misión técnica encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi visitó Buenos Aires en el marco de la segunda revisión y la consulta del Artículo IV. Tras las reuniones con funcionarios, empresarios y sindicalistas, el Fondo comunicó que se registraron “muy buenos avances”, aunque las definiciones de fondo quedaron abiertas.
Consultado por este medio sobre el malestar del organismo, el Ministerio de Economía remitió a las declaraciones públicas de la vocera del organismo, quien señaló que las discusiones “continúan” y que el staff elevará el acuerdo al Directorio una vez que se alcance un entendimiento técnico. En el FMI no respondieron a las consultas específicas sobre los puntos en discusión y desde el BCRA evitaron hacer comentarios.
El principal punto de fricción es la acumulación de reservas. Aunque el BCRA lleva comprados más de U$S 2.500 millones en lo que va de 2026 y modificó el esquema de bandas cambiarias con actualización por inflación, en el staff remarcan que la compra de divisas no equivale automáticamente a una mejora del stock neto si esos dólares se utilizan para afrontar vencimientos.
El desvío de 2025 fue significativo: según la metodología acordada con el organismo, las reservas netas cerraron el año en torno a –U$S 14.100 millones frente a una meta revisada de –U$S 1.000 millones, lo que implicó un incumplimiento superior a U$S 13.000 millones aun después de que el Fondo flexibilizara el objetivo en U$S 6.500 millones. Para avanzar con la revisión, el Gobierno prevé solicitar un waiver que permita redefinir metas hacia adelante.
Otro eje central es la política monetaria. En el staff reconocen que el esquema actual fue eficaz para reducir la inflación desde niveles superiores al 200% hasta la zona del 30%, pero consideran que avanzar hacia registros de un dígito requerirá una señal monetaria más clara y mayor independencia operativa del BCRA. La postergación de la actualización metodológica del IPC generó incomodidad en Washington. Si bien no es vista como un factor de ruptura, se espera un cronograma concreto que garantice la implementación del nuevo esquema estadístico y preserve la credibilidad de los datos oficiales.
El frente judicial agrega presión adicional. La sentencia firme del Reino Unido por el pago correspondiente a 2013 de los cupones atados al PBI podría quedar habilitada para su ejecución -unos U$S 1.000 millones- en Estados Unidos en las próximas semanas. Al menos ese es un temor entre inversores y el propio Fondo. De concretarse, complicaría cualquier estrategia de regreso pleno al mercado internacional. En un esquema financiero que depende de bajar el riesgo país para refinanciar vencimientos, cada frente abierto pesa. El Gobierno reitera que por ahora no está previsto tocar la puerta en Wall Street.
La revisión con el FMI forma parte de la hoja de ruta que el ministro de Economía, Luis Caputo, busca presentar como señal de certidumbre: la modificación de las bandas cambiarias, la compra de reservas, la aprobación del Presupuesto, la reforma laboral —bien evaluada por el organismo— y la búsqueda de financiamiento voluntario integran esa secuencia. El objetivo es consolidar la percepción de normalización macroeconómica y apuntalar el acceso al crédito.
El acuerdo de 2025 no se explica solo por variables técnicas. Fue el programa número 23 con la Argentina desde 1958 y contó con un respaldo político decisivo de Estados Unidos en el Directorio, en un contexto en el que varios directores mantenían reparos. El apoyo de la administración de Donald Trump no se limitó al voto favorable. Meses después, otorgó a la Argentina un préstamo por U$S 2.500 millones a través de un swap entre el Departamento del Tesoro y el BCRA, utilizado para intervenir en el mercado cambiario antes de las elecciones de octubre de 2025, en las que el oficialismo resultó victorioso. El BCRA informó luego que esa operación fue cancelada con un préstamo de un organismo internacional que nunca fue identificado y cuyas condiciones tampoco fueron difundidas oficialmente.
La Argentina es hoy el principal deudor del FMI. Al 31 de enero de 2026, la deuda pendiente ascendía a U$S 57.400 millones —equivalentes a 41.789 millones de DEG—, cerca del 35% de toda la cartera vigente del organismo. Ningún otro país concentra semejante nivel de exposición en el balance del Fondo. Con la mayor parte del financiamiento ya desembolsado y con una exposición récord en su balance, el FMI busca en esta revisión blindar el programa antes de que su incentivo financiero pierda peso. No está en juego solo un desembolso de U$S 1.000 millones sino hasta dónde llega la capacidad de influencia del Fondo sobre la próxima etapa de la política económica argentina.
