Los fondos que demandan acciones de YPF están dispuestos a negociar con el Gobierno de Javier Milei. Este lunes la jueza del segundo distrito de Nueva York, Loretta Preska, ordenó transferir el 51% de las acciones de la empresa y dio un plazo de 14 días.
Tras el anuncio, el Presidente hizo una publicación furiosa en las redes sociales donde culpó a Axel Kicillof y afirmó que apelarán el fallo. No obstante, según informó La Nación, los denunciantes buscan tender puentes con el Ejecutivo para dar por cerrado el litigio.
Entre las opciones sujetas a negociación se baraja aceptar una quita sobre el monto estipulado en la sentencia o un pago a través de bonos. Se trata de los fondos Burford Capital y Eton Park que obtuvieron un fallo favorable en primera instancia, que ordenó al país pagar una indemnización de US$16.100 millones.
Burford Capital es el fondo de inversión beneficiario cuya acción se disparó ayer en contraposición a la caída del papel de IFF, quien le compró el derecho a litigar al Grupo Petersen.
La compra se originó en la quiebra de Petersen llevada a delante por un juzgado de Madrid, a raíz de que tras la expropiación YPF dejó de pagar dividendos y provocó el colapso de la compañía.
El origen del juicio por la expropiación de YPF
El origen del juicio contra la Argentina por la estatización de YPF consiste en una cláusula incluida en el estatuto de la compañía de realizar una oferta pública de compra que contemple a todos los accionistas.
Cuando Argentina expropió las acciones mediante una ley del Congreso lo hizo sobre las tenencias de la empresa española Repsol e ignoró las acciones que tenía el Grupo Petersen de la familia Eskenazi, cuyo ingreso a la compañía está envuelto en sospechas.
Este incumplimiento de igualdad de oferta fue lo que disparó el juicio que hoy sentencia a la Argentina a pagar US$ 16.000 millones. Los tribunales de Estados Unidos condenan a Argentina al incumplir una cláusula que afecta a los accionistas de una empresa que cotiza en Wall Street.
La jueza Loretta Preska, la magistrada que heredó el litigio del juez Thomas Griesa, no juzga la decisión del país de expropiar la compañía ni los derechos soberanos del país para tomar esa decisión, sino que esa acción va en contra de los intereses de una parte de los accionistas de la empresa que no tuvieron el mismo trato.
