Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Formosa, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Santa Fe, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego todavía no se sumaron lo dispuesto por el Gobierno Nacional.
El Gobierno argentino lanzó un plan para formalizar dólares "del colchón", permitiendo gastar hasta $50 millones mensuales sin control de ARCA. Sin embargo, esto generó fricciones con provincias como Buenos Aires, que mantienen sus fiscalizaciones.
ARCA propuso un intercambio de información fiscal con las provincias: las que se sumen, acceden a datos; las que no, los pierden. Solo la mitad adhirió. Para los contribuyentes en las provincias "rebeldes", persiste el riesgo de que el fisco provincial les cobre Ingresos Brutos por gastos sin respaldo, ya que estas provincias aún tienen acceso a otros datos financieros.
Con la llegada de junio, el Gobierno nacional puso en marcha un ambicioso plan para que los argentinos saquen sus dólares del colchón y los reincorporen a la economía formal. La iniciativa promete simplificar la vida a los contribuyentes: se podrán gastar hasta $50 millones mensuales sin despertar sospechas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), gracias a la eliminación y modificación de varios regímenes de información.
Pero la implementación no ha sido sencilla. Este "Plan de reparación histórica del ahorro de los argentinos" ha generado fricciones con algunos gobernadores. La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) fue la primera en alzar la voz, dejando claro que mantendrá sus fiscalizaciones. Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires exige una ley del Congreso para garantizar la sostenibilidad del plan.
El Ultimátum de ARCA y la Disputa por la Información
Ante la resistencia, ARCA lanzó un convenio de intercambio de información con las provincias. La propuesta es clara: las jurisdicciones que se sumen, recibirán acceso a la información de consumos y facturación de personas y empresas. Las que no lo hagan, perderán este valioso acceso, especialmente sobre los movimientos que superen el umbral de los $50 millones.
Hasta el momento, solo la mitad de las provincias se han adherido, entre ellas Catamarca, Tucumán, Chubut y Misiones. Alejandra Sarni, socia de impuestos de BDO en Argentina, subraya que esta medida es una "declaración de principios", buscando transformar al ciudadano de "sospechoso por defecto" a un "actor libre y responsable".
El Riesgo para los Contribuyentes en las Provincias Rebeldes
Las dudas persisten para los contribuyentes de las provincias que no se han sumado al acuerdo, como Córdoba, Mendoza, Santa Fe y la Provincia de Buenos Aires, entre otras. Mariano Ghirardotti, del Estudio Contable Impositivo Ghirardotti & Ghirardotti, advierte que en estas jurisdicciones, el fisco provincial podría detectar gastos o depósitos sin respaldo en la facturación y exigir el cobro de Ingresos Brutos.
Mariano Ghirardotti.
"En esas provincias, uno queda desprotegido por la exposición que haya hecho de algún consumo o la compra de un bien, un depósito, sin tener el respaldo de que el dinero haya tributado Ingresos Brutos", explica Ghirardotti. Aunque las provincias no tengan acceso directo a la facturación centralizada, cuentan con regímenes de percepción o retención bancaria y datos de tarjetas de crédito que les permiten conocer los movimientos económicos de los ciudadanos.
El director de ARCA, Juan Pazo, se ha reunido con autoridades del fisco porteño y bonaerense, buscando un acuerdo que es crucial para el éxito del plan. Este nuevo esquema, según Sarni, es una oportunidad para un "federalismo fiscal moderno", donde Nación y provincias trabajen juntas para un sistema tributario más coordinado y eficiente.