Un reciente escrito judicial dirigido a la jueza Loretta Preska, con fecha 8 de diciembre de 2025, expone una nueva fricción en el litigio por la nacionalización de YPF. Los demandantes alegan que el Ejecutivo se niega a cumplir con una orden judicial de producir comunicaciones de seis funcionarios, entre ellos el actual ministro de Economía, Luis Caputo.
La magistrada rechazó en noviembre un pedido de YPF para evitar la entrega de información en la demanda que busca establecer si la compañía es un "alter ego" de la Nación Argentina.
Esta rama del mega juicio por la nacionalización de YPF intenta probar una vinculación directa entre la empresa y el Estado con el objetivo de que los demandantes puedan embargar activos de la Nación para cobrar la sentencia de US$ 16.000 millones. La decisión de la jueza de noviembre mantuvo firmes las solicitudes previas, pese a que esta etapa del juicio no tiene vinculación directa con la apelación principal que busca revertir el fallo.
En un reciente escrito entregado por los demandantes, reiteraron el pedido y calificaron la negativa como "especialmente problemática".
El escrito cita ejemplos específicos que refuerzan la importancia de estas comunicaciones, como la discusión de asuntos de negocios con el gobierno en chats grupales que involucran a un ex subsecretario de Energía, funcionarios de la República y directores de ENARSA.
Retención de documentos y pedido de sanciones
Más allá del caso del ministro Caputo, los demandantes también señalan la retención de documentos del ex secretario de Finanzas (y actual ministro de Relaciones Exteriores) Pablo Quirno Magrane.
El documento finaliza con una exigencia al Tribunal para que ordene realizar la producción de documentos de estos seis funcionarios a más tardar el 16 de diciembre de 2025.
De no cumplirse con esta nueva fecha límite, los demandantes anticipan que buscarán "recursos y sanciones apropiadas" contra Argentina por el desacato.
