La jueza Loretta Preska mantiene la decisión de solicitar comunicaciones electrónicas de funcionarios y ex funcionarios argentinos para determinar el vínculo entre la empresa YPF y el Estado argentino y deslizó la posibilidad de abrir una nueva investigación para analizar el incumplimiento.

Durante una nueva audiencia en Nueva York, los demandantes y beneficiarios del fallo que ordena pagar USD 16.000 millones por la nacionalización de YPF denunciaron “el incumplimiento total” de la orden de Preska.

La jueza había pedido estas comunicaciones porque desea determinar la relación entre la petrolera y el Estado argentino para de esta forma luego intentar embargar activos del país y de esta forma sustanciar el pago de su sentencia.

Esta causa es una derivación del juicio original y no está vinculada directamente a la apelación directa del fallo que tuvo lugar la semana pasada.

Según fuentes vinculadas a la causa, en la audiencia que se realizó ayer en Nueva York la defensa de la Argentina señaló que está solicitando la “cooperación” de los involucrados, pero advirtió que no puede garantizar la preservación de esas comunicaciones.

Argentina se comprometió a informar antes del 10 de noviembre quienes presentarán los chats y comenzará a producir documentos antes del 21 de noviembre.

Preska amplió su pedido para que se incluyan los contactos en plataformas como WhatsApp, Signal y redes sociales.

Los demandantes solicitaron que, si no hay cumplimiento al 21 de noviembre, se convoque una audiencia por desacato.