La reconfiguración del marco regulatorio del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) avanzó un paso decisivo tras la reunión que tuvo lugar el viernes entre el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y los principales referentes del sector vitivinícola. El encuentro, que se extendió durante varias horas, sirvió para poner sobre la mesa las preocupaciones de bodegas, cámaras sectoriales y técnicos, así como para revisar los puntos más sensibles del esquema que impulsa el Gobierno.

Quien tomó un rol central en la conversación fue el presidente del INV, Carlos Tizio, que llegó con un diagnóstico favorable sobre el nivel de madurez de la industria, pero también con el compromiso de ajustar aspectos técnicos que el sector considera críticos. Según explicó, el objetivo oficial es modernizar los procesos de control, aliviar cargas administrativas y concentrar la fiscalización en el producto final, un pedido que —según Tizio— muchas bodegas vienen planteando “desde hace años”.

La reunión: participación amplia y planteos directos

Tizio destacó que el encuentro tuvo un nivel de participación inusual, con intervenciones de representantes de distintos segmentos de la cadena. “Fue una buena reunión porque tuvo una gran participación. La industria se expresó y se tomaron en cuenta las preocupaciones”, señaló.

Uno de los puntos más comentados fue el futuro del Certificado de Ingreso de Uva (CIU). Si bien en el nuevo esquema deja de ser obligatorio, varias entidades pidieron que se mantenga su obligatoriedad como herramienta de trazabilidad. “La industria pide que el CIU sea obligatorio. No es obligatorio, pero se puede usar”, aclaró Tizio, que llevó el planteo al ministerio para su revisión.

El titular del INV remarcó que todos los pedidos quedaron anotados para ser analizados. “Después de escuchar cuáles eran las dudas que tenía la industria, se anotó todo. Es una buena forma de escuchar. Estas cosas tienen que ocurrir”, señaló.

Un cambio de enfoque: control en el producto final

El nuevo marco regulatorio se apoya en la idea de reemplazar controles presenciales y permanentes en bodegas, viñedos y transporte por un sistema de muestreo más intensivo sobre el vino terminado. Tizio respaldó abiertamente ese giro:
“Estoy de acuerdo con que el control se centre en la parte final de la cadena. Es un reclamo de muchos años. Lo importante es controlar el producto que llega al consumidor”.

Según detalló, el INV ya aplica desde hace tiempo un esquema de muestreo que ha dado resultados sólidos. Citó como ejemplo el control de grado azucarino: los inspectores tomaban solo el 15% de las muestras y, aun así, las diferencias respecto de los análisis de las bodegas eran solo de “centésimas”, lo que para él demuestra el nivel de profesionalismo del sector. “La industria está muy madura. El 85 o 90% de las bodegas no ha tenido una sola sanción en los últimos años”, afirmó.

Los cambios regulatorios que generan debate

Los representantes empresariales también discutieron con Sturzenegger la eliminación de más de 900 resoluciones históricas del INV y la flexibilización de instrumentos de trazabilidad. Entre ellos, la voluntariedad de la certificación de origen, añada y varietal; la eliminación de declaraciones semanales; la supresión de permisos de tránsito; y el fin de las sanciones vinculadas al incumplimiento administrativo.

Varios participantes expresaron que estas medidas podrían debilitar la producción de información sectorial indispensable para políticas públicas, además de aumentar la brecha entre grandes bodegas —con laboratorios equipados y certificaciones privadas— y pequeños establecimientos que se apoyaban en verificaciones estatales.

Sturzenegger tomó nota de los reclamos y, según asistentes, dejó abierta la puerta a modificaciones y ajustes técnicos antes de la publicación definitiva del nuevo marco regulatorio.

Laboratorios, precisión y modernización tecnológica

Otro eje fuerte de la reunión fue el funcionamiento de los laboratorios propios y privados. Tizio insistió en que, si la fiscalización se concentrará en el producto final, será imprescindible mejorar los niveles de precisión, calibración y estandarización.

El INV está impulsando un programa de 600 “muestras patrón” que serán compartidas con bodegas para que verifiquen el desvío de sus análisis internos. “Queremos que mejoren la precisión y pongan en regla sus aparatos. Es parte de ayudar a la industria”, explicó.

Asimismo, destacó el avance en sistemas de intercambio digital de información con otros países —como Brasil— para eliminar certificados en papel y agilizar exportaciones. El objetivo es expandir ese esquema a Perú y Colombia.

¿Y la estructura del INV?

Durante el encuentro surgió la pregunta de si la nueva regulación implicará recortes o cambios en la administración interna. La respuesta de Tizio fue enfática: no habrá reducción de personal.

“No, para nada. Vamos a tener que hacer un volumen mayor de muestreo. Cambiás de una forma a otra y necesitás más capacidad. La misma gente, el mismo equipo”, aseguró. Destacó además el alto nivel profesional de inspectores, enólogos e ingenieros agrónomos que integran la institución.

Un debate abierto

La reunión del viernes acercó posiciones entre el Gobierno y el sector, pero dejó claro que aún quedan puntos por definir. Mientras la industria pide mantener ciertos instrumentos de trazabilidad y garantizar la solidez del sistema analítico, el Ministerio de Desregulación busca avanzar hacia un esquema más flexible, con menos burocracia y mayor responsabilidad privada.

Los próximos días serán determinantes para conocer la versión final del nuevo marco regulatorio del INV, que marcará un cambio estructural en la relación entre el Estado y la vitivinicultura.