"Seamos claros: la censura es cobardía... Enmascara la corrupción... y destruye la crítica, que es el ingrediente esencial de la cultura." (Pablo Antonio Cuadra, Poeta 1912-2002)

El gobernador Alfredo Cornejo decidió declarar la guerra a las fake news. El propósito, en sí mismo, es difícil de objetar. Ninguna democracia puede permanecer indiferente frente a campañas deliberadas de desinformación. Pero entre combatir la mentira y sembrar temor, hay una frontera que un Estado constitucional no debería cruzar jamás.

Y esa frontera comienza con el lenguaje.

No habla igual un ciudadano que un gobernador. No pesa lo mismo la opinión de un periodista que la advertencia del jefe del Poder Ejecutivo. Cuando quien concentra el poder político anuncia acciones contra quienes considera responsables de la desinformación, el mensaje trasciende el debate público: adquiere un inevitable efecto institucional.

Por eso resulta oportuno decirle al gobernador, con respeto, pero también con firmeza: ¡tenga cuidado, Gobernador!

No es un buen momento para endurecer el discurso. Mendoza atraviesa probablemente la mayor crisis institucional de los últimos años. El caso D'Agostino -una denuncia penal por hechos repugnantes- provocó la renuncia de uno de los funcionarios más conspicuos del Gobierno pero, además, dejó al descubierto relaciones “non sanctas” entre el poder político y el judicial; todo lo cual, sembró de dudas la imparcialidad de los jueces y funcionarios y profundizó una crisis de confianza que la magistratura ya arrastraba.

A ese escenario se sumaron las controversias por la designación de magistrados; los cuestionamientos sobre la distribución de la pauta oficial y las investigaciones judiciales vinculadas con su administración (represión, contaminación, licitaciones espurias, corrupción). Es decir, un contexto donde el Gobierno necesita reconstruir credibilidad y limpiar sus ropajes. Elevar el tono frente a quienes indagan o critican, no parece ser la forma de lograrlo.

El actuar del gobernador, no ha sido un hecho aislado. Meses atrás el presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, formuló expresiones similares, que el Foro de Periodistas Argentinos (FOPEA) las calificó de intimidatorias y recordó que los funcionarios públicos deben extremar el cuidado de sus palabras cuando estas pueden desalentar el ejercicio del periodismo.

En idéntico sentido, la Asamblea Por los Derechos Humanos (APDH), también advirtió sobre los riesgos que implica combatir la desinformación mediante discursos estatales que puedan afectar la libertad de expresión.

No son organizaciones partidarias. Son instituciones cuya misión consiste precisamente en proteger uno de los derechos más sensibles de cualquier democracia.

Pero hay algo aún más incómodo para el Gobierno… El archivo. En 2016, el propio Alfredo Cornejo en un comunicado de prensa de gobernación, afirmaba que "la democracia requiere de medios de comunicación pluralistas" y que "la pluralidad es una obligación". Aquellas palabras no fueron pronunciadas por un opositor. Fueron pronunciadas por el mismo gobernador que hoy anuncia una ofensiva contra quienes considera responsables de difundir noticias falsas.  ¿Qué cambió? ¿La realidad... o la tolerancia del poder frente a la crítica?

Porque el pluralismo no consiste en convivir con quienes piensan igual. Consiste, precisamente, en garantizar que quienes investigan, cuestionan o denuncian puedan hacerlo sin sentir que desde el Estado se los observa como delincuentes, susceptibles de persecución.

Existe otra contradicción que merece atención. El discurso oficial parece dirigirse principalmente hacia medios digitales, periodistas independientes y comunicadores de menor estructura, mientras los grandes grupos mediáticos —beneficiarios durante más de 10 años de importantes partidas presupuestarias de publicidad oficial (pauta) y, con una promiscua relación institucional con el poder— están exentos de dicho acosamiento y estigmatización social.

La selectividad, la discriminación y la persecución son conceptos estrechamente vinculados en el ámbito sociológico, jurídico y de derechos humanos. Representan distintas fases de un mismo fenómeno de marginación social, donde el Estado elige a determinados grupos vulnerables para excluirlos, criminalizarlos o vulnerar sus derechos fundamentales.

Proteger la libertad de expresión va más allá de prohibir la censura directa. También exige evitar que el poder del Estado genere miedo e imponga un silencio voluntario. Y aquí aparece un dato jurídico imposible de ignorar. La Cámara Federal de Casación Penal, al confirmar el sobreseimiento de Jorge Rial en una causa por calumnias e injurias, recordó un principio esencial del constitucionalismo: las expresiones referidas a asuntos de interés público y a funcionarios gozan de una protección especialmente intensa porque constituyen una condición indispensable para el control democrático del poder.

En otras palabras, la Constitución protege con mayor intensidad precisamente aquellas opiniones que incomodan a quienes gobiernan. Ese estándar no es nuevo. Lo sostuvieron la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahora volvió a reafirmarlo la máxima instancia penal del país.

Por eso, el problema nunca son las noticias falsas. El verdadero problema comienza cuando un gobernador cree que también le corresponde decidir qué información merece ser considerada verdadera.

La democracia no necesita gobiernos que administren la verdad. Necesita gobiernos transparentes, instituciones confiables y funcionarios capaces de soportar el escrutinio público, incluso cuando resulte injusto, exagerado o incómodo.

Gobernador, tenga cuidado.

Le recuerdo que los tiranos se desvanecen pero, la voz del pueblo es inmortal.