Montesquieu ya decía en 1748 (El Espíritu de las Leyes) que:   “No hay tiranía más cruel que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la Justicia…”

Mientras Mendoza atraviesa uno de los períodos más complejos de las últimas décadas en términos de desempleo, deterioro salarial, precarización laboral, pobreza creciente y la nula expectativa de ascenso social; la conflictividad social visible dentro de los tribunales parece transitar por un sendero de sorprendente tranquilidad…Demasiada tranquilidad.

Cuando una realidad social convulsionada convive con una realidad judicial apacible, la obligación de una sociedad democrática no es celebrar. Es preguntarse por qué.

Hay algo que no cierra…

La Primera Circunscripción Judicial de Mendoza cuenta con 7 Cámaras del Trabajo y cada una de ellas tiene tres jueces por cámara; o sea, 21 camaristas, cuya función constitucional consiste en resolver conflictos laborales y garantizar la efectiva protección de los derechos de MAS DE UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL (1.320.000) MENDOCINOS (el 65%).

Cada uno de estos jueces percibe remuneraciones que superan largamente los diez millones de pesos mensuales. Vale decir, no les falta motivación para cumplir con su trabajo.

Esto no es un reclamo salarial. Garantizar la independencia judicial cuesta dinero, y cualquier sociedad seria paga ese precio con gusto. Lo que resulta inadmisible es el nulo retorno de esa inversión, especialmente cuando los números oficiales muestran una realidad distópica.

En mayo del 2026, en la primera circunscripción de la provincia de Mendoza estos tribunales dictaron ochocientos siete (807) resoluciones que pusieron fin a distintos litigios judiciales; de ese total, las “homologaciones” –un tipo de pronunciamiento que da fuerza de ley a un acuerdo y que son elaboradas por empleados administrativos-  significaron el 84,13%  (678) y el número de sentencias -dictadas por los jueces- llegó a tan sólo el 15,87% o  lo que es lo mismo, 128 sentencias que divididas por la cantidad de camaristas (21) da un total de CINCO SENTENCIAS MENSUALES POR JUEZ.

En otras palabras, más del 84% de la producción judicial laboral total no consistió en administrar justicia, sino en cerrar casos administrativamente.

Frente a dichos porcentajes, uno debería concluir que en Mendoza no existe conflictividad social y mucho menos, crisis económico-social, despidos, accidentes de trabajo, enfermedades, reducciones de salarios, etc. que justificaran mayor actividad jurisdiccional.

Sin embargo, ello no es así…

Mendoza registra uno de los mayores índices de desempleo en la República Argentina  (6,7%); de hecho, el mercado laboral formal local registró una caída, perdiendo cerca de 5.300 puestos de trabajo registrados.

Coincidentemente ha aumentado el empleo informal (49%) proliferando los contratos precarios (como el monotributo) y  para colmo de males, casi el 39% de los trabajadores mendocinos tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza.

En idéntico sentido, Mendoza presenta una tasa de accidentabilidad laboral del 5,6%, registrando cerca de 30.000 casos anuales. Estas cifras ubican a la provincia en el quinto puesto a nivel nacional en cantidad de denuncias por siniestros y enfermedades profesionales.

Como se verá el panorama es estremecedor y ello, se ve reflejado también en las calles.  La conflictividad socio económica a pesar del rigor del código de convivencia cornejista y la represión estatal, determinó un incremento de las movilizaciones sociales en el Gran Mendoza cercano al 40% en los últimos períodos.

Los datos expuestos provienen de medios periodísticos afines al gobierno, como Diario Los Andes y Mendoza Post. Por lo tanto, dado su sesgo hacia quienes financian su pauta publicitaria, el hecho de que aun así publiquen información alarmante resulta sumamente revelador.

Curiosamente, el clima social y mediático contrasta fuertemente con la llamativa calma o paz que reina en el ámbito judicial.

Los interrogantes son muchos:

¿Dónde están los conflictos?

¿Dónde están las sentencias?

¿Dónde está el reclamo social que debería emerger naturalmente de una realidad marcada por salarios deteriorados, empleo precario, trabajadores accidentados y pérdida constante del poder adquisitivo?

La respuesta a dichas preguntas podría encontrarse en la nota periodística de La Nación del 11/01/2025 en la que se pone al desnudo la crisis del Poder Judicial en Mendoza, demostrando que esta se origina en su profunda desconexión con la realidad social. En este sentido, el artículo es contundente al concluir que: “Las estadísticas exponen que alrededor del 92,8 % de los mendocinos tiene una imagen negativa de la Justicia”. “La gran mayoría de los mendocinos tienen una imagen deplorable de la Justicia”.

Si ello es así, entenderemos que, en una Argentina devastada por la inflación, la depreciación constante del salario, el desempleo y la incertidumbre económica, el trabajador acuerda porque está asfixiado, porque no puede esperar y porque, si espera, difícilmente encuentre un juez que, al momento de sentenciar,  recomponga el contenido económico del crédito.

Entonces, ¿es posible que el precio de la “paz judicial” sea el resultado de negar la realidad o de sacrificar la justicia social?

Platón decía: "La peor forma de injusticia es la justicia simulada".  Así, un Gobierno puede exhibir bajos niveles de litigiosidad alegando que los conflictos fueron resueltos; pero ello, no necesariamente conlleve a que  el ciudadano crea en el sistema y que considere que, los Jueces efectivamente imparten “Justicia” protegiendo los derechos.

El juez está para administrar justicia, para “dar a cada uno lo suyo”; en definitiva, para ejercer un contrapeso frente al poder y así, proteger al ciudadano cuando sus derechos son violentados y no, para “banalizar al Poder Judicial”, transformándolo en una mera estructura administrativa que legaliza los abusos de la clase dominante, dando la falsa apariencia de imparcialidad a la población.

Dicho esto ¿Qué sentido tiene un fuero creado para materializar los principios de la justicia social cuando funciona, principalmente, como una oficina de homologación de acuerdos que son producto de la necesidad del trabajador y del abuso de la clase empresaria?

Y allí aparece una cuestión que excede largamente a los jueces laborales y tiene que ver con la forma en que se ejerce el poder político.

La historia nos ha enseñado que detentar el poder por períodos prolongados de tiempo, desarrolla en el gobernante la tentación de concentrarlo aun más y así, controlar al Poder Judicial pues, ello no sólo le asegura libertad de movimiento sino también, impunidad.

Cuando el poder judicial pierde su independencia, el Estado de Derecho se desmorona y la República deja de ser tal y se transforma en un régimen hibrido en el que el gobierno llega al poder mediante elecciones legítimas, pero luego destruye los controles internos para perpetuarse.

Durante los últimos años, tanto en Mendoza como en el plano nacional, las discusiones sobre los mecanismos de designación de magistrados, las afinidades políticas de determinados nombramientos y la creciente judicialización de las disputas institucionales han alimentado una percepción social de que la justicia ha estrechado sus vínculos con el “poder real” en perjuicio de la ciudadanía.

Una justicia complaciente. Una justicia que permite desigualdades de trato. Una justicia que admite el menoscabo de los recursos naturales. Una justicia que no contempla la situación de los sectores vulnerables (mujeres, niñas, niños, adolescentes y trabajadores). Una justicia que no atiende a los reclamos de los pueblos originarios y que por sobre todo, privilegia a los sectores de poder, es una justicia ciega al dolor social y sumisa ante el poder real; una justicia que, en definitiva, es la antesala de la tiranía.

Por eso, la discusión sobre la justicia laboral mendocina excede largamente el debate sobre estadísticas, salarios o productividad. Lo que está en juego es algo mucho más importante, la efectiva función jurisdiccional del Poder Judicial.

Porque una nación puede tolerar gobiernos regulares o malos. Lo que difícilmente pueda soportar es una justicia que deje de ser un ámbito de protección y resguardo.

Cuando eso ocurre, los ciudadanos no sólo pierden confianza en los tribunales; empiezan a perder respeto a la autoridad y aún más, a las instituciones.

Así, el silencio ciudadano ya no es respeto por el orden, sino el miedo que nutre a la tiranía y es en ese momento, cuando debemos retirar nuestro consentimiento a leyes injustas y nuestra obediencia a gobernantes tiranos, transformando esa pasividad en resistencia activa. Porque la verdadera justicia no se mendiga al poder, se defiende haciendo valer nuestra conciencia sobre la autoridad.