Suba de la luz: cuestionan la fórmula del EPRE y alertan que se perdería el recorte que anunció Cornejo

El próximo 4 de julio se realizará la audiencia pública para definir la actualización del costo del Valor Agregado de Distribución (VAD) del servicio eléctrico en Mendoza. Especialistas del sector advierten que el nuevo estudio elaborado por el ente regulador provincial reconoce costos injustificados y podría derivar en aumentos tarifarios sin mejoras reales en el servicio. Además, sostienen que es casi un hecho que el incremento licuará por completo la baja del 4% anunciada por el gobernador Cornejo el 1° de mayo. 

Por el momento, empresas distribuidoras consultadas por El Medio indicaron que se encuentran en la etapa de evaluación de las subas de costos, por lo que no tienen un porcentaje de incremento definido de cara a la audiencia pública. Además, explicaron, es el  Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) el que debe proponer la suba, en base a los reportes de costos presentados por todas las empresas eléctricas. 

El organismo aún debe esperar los informes de costos para fijar una postura, por lo que tampoco puede hablar aún de porcentajes. Quedará esperar a la audiencia pública y a la posterior decisión del Gobierno provincial para saber si realmente se perderá o no la ventaja ganada con la reducción del 4% en el costo de las tarifas. "Es factible que se vuelva al punto inicial, con facturas similares a las que se pagaban antes de la reducción de las tarifas", opinaron fuentes del sector.

Cálculo cuestionado

Aún no hay nada dicho respecto a la audiencia que se realizará en las próximas semanas, pero algunos especialistas se mostraron críticos respecto a la metodología utilizada por el EPRE para determinar las subas tarifarias en ocasiones anteriores.

Entre los principales cuestionamientos se encuentra el reconocimiento de inversiones no realizadas, la inclusión de costos sobre bienes ya amortizados y la aplicación de proyecciones inflacionarias que podrían derivar en aumentos tarifarios excesivos.

Uno de los puntos más sensibles es la inclusión en el cálculo del VAD de inversiones que las distribuidoras eléctricas se comprometieron a realizar pero que no llevaron a cabo. Quienes cuestionan al EPRE afirman que, al incluir estas obras en la base de capital, se termina reconociendo un costo de capital mayor al que correspondería técnicamente. “No pedimos una sanción, sino que se aplique el principio básico de que no se puede remunerar capital que no existe”, advierten los críticos. Por ese motivo, reclaman una corrección a la baja en el VAD del nuevo período tarifario.

El ingeniero Raúl Faura, Gerente Técnico de Regulación del EPRE, aseguró que la realidad es completamente opuesta. "El VAD se determina por costos de explotación, costos administrativos y costos de capital. Sobre los dos primeros, las distribuidoras no tienen ninguna remuneración. Sobre el tercero sí tienen rentabilidad, por capital invertido y por amortización del bien cuando termina la vida útil", explicó.

"Ahora bien, la realidad es que siempre el plan de obras que aparece en la revisión tarifaria, es menor que lo que realmente se tiene que hacer. Se evalúan líneas, transformadores y demás,. Se les reconocen exactamente las que tienen; nunca más líneas. De hecho, muchas veces disminuimos el costo de capital, porque hacemos el cálculo de una prestación deficiente del servicio y con niveles de reserva bastante acotada", subrayó el especialista. 

También se cuestiona que el estudio reconoce costos de capital sobre bienes totalmente amortizados. Es decir, aquellos equipos o infraestructuras que ya cumplieron su vida útil según los parámetros técnicos establecidos por el propio EPRE. “Si los bienes ya están amortizados, no corresponde seguir remunerándolos como si fueran nuevos”, sostienen. Para casos en que no se pueda verificar con precisión la antigüedad de ciertos activos, proponen aplicar un valor residual del 15% al 25%, como ocurre con vehículos de más de ocho años.

Faura, aseguró que cuando los bienes cumplen su vida útil, se deja de pagar por ese capital, aunque reconoció un detalle técnico que podría mejorar el cálculo. "En 1998, cuando inició la concesión de Edemsa (la distribuidora de mayor tamaño) no se determinó el valor de las redes en función de la vida remanente que tenían en ese momento. El método de cálculo que había en la normativa vigente era la valoración de toda la red (sin discriminar por bien)", precisó el ingeniero del EPRE. 

En la actualidad, se reconoce una vida útil de 45 años para los bienes e infraestructura de las distribuidoras. "Puede haber partes de la red que estén cumpliendo su vida útil. Son millones de elementos", apuntó.

Otro punto que genera controversia es el mecanismo de proyección de los índices de precios para actualizar el VAD. Los críticos recordaron lo ocurrido en 2023, cuando por instrucción de la Secretaría de Servicios Públicos (SSP), se utilizó el promedio de los tres meses con mayor inflación de los últimos 20 años (marzo, abril y mayo de 2023), lo que derivó en una estimación excesiva. En un contexto de desaceleración inflacionaria, esta metodología podría generar “un enriquecimiento sin causa” para las distribuidoras, ya que se les reconoce un ajuste superior al que realmente deberían recibir por sus costos operativos.

A esto se suma una modificación en el esquema de adecuación trimestral del VAD, que prevé una sola audiencia pública anual y permite proyectar índices aún no publicados por el Indec. El problema, según los expertos, es que este mecanismo también puede derivar en ingresos extra para las distribuidoras si la inflación futura resulta menor a la proyectada, como es previsible.

El Gerente Técnico de Regulación del EPRE fue contundente sobre ese punto. "Es cierto que para determinar la suba tarifaria de 2023 se hizo una estimación de la inflación proyectada para esos meses, pero luego, en agosto, con los datos de inflación ya publicados, se hizo el recálculo con los índices reales", subrayó. "Lo mismo ocurrirá este año. Estamos realizando el cálculo con inflación estimativa para junio y julio. Puede ser que usemos un número más alto del que finalmente publique el Indec, pero luego lo corregiremos con el IPC oficial publicado",  recalcó.

Pero las críticas no terminan ahí. También hay observaciones sobre los beneficios otorgados a las empresas en el marco de los acuerdos transaccionales firmados con el Gobierno de Mendoza. En particular, se cuestiona que no se hayan considerado como compensación por ingresos no percibidos los más de USD 90 millones en subsidios nacionales recibidos por Edemsa durante la pandemia. "Tampoco se tuvo en cuenta el valor económico de otros beneficios otorgados, como la reducción del canon de concesión, la inclusión en tarifas del costo de un plan de obras, o la cesión gratuita de acciones del Estado provincial a la empresa.

En ese sentido, los críticos advierten que todos esos beneficios fueron financiados de forma directa o indirecta por los usuarios. “Cuando el Estado entrega gratuitamente activos públicos a una empresa, no corresponde que además se transfieran esos costos a los usuarios en la tarifa”, explican.

Por último, se señala que la reducción del canon del 10% al 6%, que anteriormente se destinaba a subsidiar el riego agrícola y otras tarifas sociales, provocará un déficit anual de USD 18 millones. "Para cubrir ese hueco fiscal, se barajan dos caminos: aumentar la Tasa Provincial CCCE o trasladar el costo a los cuadros tarifarios. En ambos casos, el resultado es el mismo: un mayor costo en la factura eléctrica", afirmaron los críticos.

Las observaciones concluyen con una advertencia: por cada $100 que el Estado deja de recaudar por el canon reducido, los usuarios terminarán pagando $135, entre el aumento de tasas y el traslado del impuesto a las Ganancias generado por esa disminución.

Raúl Faura, afirmó que los cuestionamientos son injustificados. "La reducción del canon se hizo con Edemsa y Edeste, pero el canon no está incluido como un costo en la tarifa. Su variación porcentual no modifica la tarifa de ninguna manera", cerró.