Relaciones peligrosas: D’Agostino-Cornejo y la trama oculta que inquieta a la Justicia mendocina
El autor describe las repercusiones que puede tener el caso D'Agostino.
La denuncia efectuada contra el ex subsecretario Marcelo D’Agostino por su ex pareja, por amenazas, violencia física, uso de arma de fuego (amedrentamiento) y abuso sexual (con acceso carnal) en contexto de violencia de género, expone algo más que hechos aberrantes: deja al descubierto una cultura de poder, códigos mafiosos y posibles hechos de influencia que remiten al escándalo de 2023.
El caso D’Agostino abre interrogantes sobre prácticas ilegales dentro del poder en Mendoza, reviviendo la denuncia por tráfico de influencias contra Cornejo, generando zozobra cuando no, terror, en los ámbitos tribunalicios.
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Hay denuncias que describen “hechos”. Y hay otras que, cuando se las observa en profundidad, revelan “sistemas”. La que involucra al ex subsecretario Marcelo D’Agostino empieza a perfilarse peligrosamente en esta segunda categoría.
La reacción del gobernador Alfredo Cornejo fue reveladora: renuncia aceptada en cuestión de horas. Un reflejo político que, lejos de clausurar el episodio, evidencia tanto del conocimiento previo de los hechos “privados” del subsecretario como los “públicos” (e institucionales) del mismo.
Los códigos de una lógica de poder
Lo que surge de versiones periodísticas y del propio relato de la denunciante —y que deberá ser corroborado en sede judicial— no describe simplemente conductas individuales “desviadas” (sometimiento sexual, acceso carnal forzado, amenazas, presenciar material íntimo propio y de terceros, etc). Describe una lógica. Una cultura. Un lenguaje común.
En ese universo, algunos funcionarios no se percibían como servidores públicos sino como integrantes de una élite cerrada, con códigos propios, donde el poder no solo se ejercía: se exhibía.
La autodenominación como “machos alfa” no es un detalle menor ni una anécdota vulgar. Es una clave interpretativa y cómo la “manada” se “autopercibe” frente al resto de mortales.
Dicha calificación, habla de una supremacía de poder y de pertenencia. Incluso más, deja entrever una dinámica de grupo donde la validación no proviene de la institucionalidad, sino de la magnitud del poder que se ostenta y ejerce e incluso mucho más aún, de las personas a las que se somete.
Los entretelones: trofeos, intercambios y acceso al poder
En ese esquema —si las versiones se confirman— las relaciones personales podrían haberse convertido en la moneda de pago para la obtención de cargos públicos. Así, los encuentros habrían sido el capital simbólico y las personas, los “trofeos”.
Todo ello, no como metáfora ligera, sino como parte de una narrativa interna donde el acceso, la influencia y el reconocimiento parecen entrelazarse con prácticas informales, furtivas y profundamente desiguales.
En ese contexto, lo verdaderamente grave no es sólo la posible existencia de abusos y vejámenes, sino el uso del poder como herramienta de sometimiento de posibles jueces, juezas, funcionarios y/o funcionarias; todo ello, para “conseguir” a posteriori, favores y/o resoluciones convenientes a los intereses del “benefactor”.
En definitiva, un ejercicio del poder que, lejos de limitarse al ámbito político, podría verse proyectado peligrosamente sobre otros espacios sensibles del gobierno y/o de la ciudadanía.
El eco de 2023
El “caso D´Agostino” conecta de manera directa con un antecedente que nunca terminó de cerrarse, el “caso Alfredo Cornejo”
Como se recordará a fines del año 2023, ciertos audios develados por un miembro del Consejo de la Magistratura, comprometieron a Alfredo Cornejo en presuntas maniobras vinculadas a la designación de jueces, dando lugar a una denuncia por tráfico de influencias.
Aquel episodio dejó instalada una sospecha: que detrás de los mecanismos formales podía existir una arquitectura fraudulenta paralela.
Hoy, el caso D’Agostino, dadas las pruebas aportadas al proceso penal y a su condición de “consigliere”- del Sr. Gobernador deberían reavivar la denuncia radicada antaño ante la Fiscalía de Instrucción N° 39, por aquel entonces a cargo de la Dra. Gabriela García Cobos, bajo la carátula de “supuesta comisión del delito de tráfico de influencias pasivo y agravado”.
El miedo silencioso
Pero hay algo más…Algo que no figura en expedientes, pero que sí se percibe en los pasillos. Si el material probatorio aportado en la causa incluye registros, nombres o referencias que exceden al ex funcionario, la onda expansiva puede ser imprevisible.
Y ahí aparece el terror…Más de un juez o jueza —aunque nadie lo admita públicamente— observa el avance del caso con una inquietud creciente: la posibilidad de aparecer mencionado, vinculado o expuesto en ese entramado.
No necesariamente como responsable penal; pero sí, como parte de relaciones que, de salir a la luz, podrían resultar institucionalmente devastadoras, principalmente para el Gobernador (y él lo sabe).
La comparación que algunos deslizan en voz baja remite al efecto que generó el caso Jeffrey Epstein: un expediente que empieza con una denuncia concreta y termina revelando redes de corrupción, abusos, vínculos incómodos y silencios atronadores.
Más que un escándalo
Si algo de todo esto se confirma, Mendoza no estará frente a un escándalo. Estará frente a un sistema cuya cara visible es el Gobernador, Alfredo Cornejo. Un sistema donde los códigos mafiosos, las lealtades y los “canjes” o “compensaciones” pesan tanto —o más— que las reglas escritas o peor aun, que las normas constitucionales. Y cuando eso ocurre, la división de poderes deja de ser un principio y pasa a ser una ficción…