Los Eskenazi “compraron” con futuros dividendos y hoy miran el juicio
La historia se remonta a 2008, cuando el Grupo Petersen -controlado por Enrique Eskenazi y sus hijos- adquirió un cuarto de YPF a Repsol.
El histórico juicio por la estatización de YPF entra hoy en una etapa clave en la Corte de Apelaciones de Nueva York, donde se decidirá si la Argentina debe pagar la sentencia de US$16.100 millones -más de US$ 2 millones diarios en intereses- con el 51% de las acciones que el Estado posee en la petrolera. En el centro de la escena aparecen los herederos del Grupo Petersen, la familia Eskenazi, que años atrás compró el 25% de la compañía con un esquema singular: financiarse con futuros dividendos.
La historia se remonta a 2008, cuando el Grupo Petersen -controlado por Enrique Eskenazi y sus hijos- adquirió un cuarto de YPF a Repsol. La operación, de alrededor de US$3.000 millones, se concretó sin que los compradores desembolsaran capital propio: la española Repsol y un consorcio de bancos internacionales -entre ellos Credit Suisse, Goldman Sachs y Citibank- financiaron la compra, con la garantía de que los dividendos de YPF cubrirían las cuotas de la deuda.
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Ese modelo funcionó hasta 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner impulsó la Ley N° 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera, expropiando el 51% de YPF y prohibiendo el reparto de dividendos. Sin ese flujo de fondos, el Grupo Petersen incumplió sus compromisos y terminó en quiebra.
La quiebra de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora fue tramitada en España. En 2015, el derecho a litigar contra la Argentina fue subastado por el síndico designado por el Juzgado de lo Mercantil N° 3 de Madrid. El ganador fue Burford Capital, un fondo especializado en financiar pleitos internacionales, que también asumió el financiamiento del reclamo de Eton Park, otro accionista afectado.
Aunque Burford no compró las demandas -sólo el derecho a gestionarlas-, el acuerdo le otorga el 70% de cualquier eventual cobro, mientras que el 30% restante corresponderá a la masa de acreedores de Petersen. En los hechos, esto deja a la familia Eskenazi sin compensación directa, ya que las deudas superan con creces lo que podría ingresar por esa vía.
El juicio no discute la potestad del Estado argentino para expropiar, sino la falta de cumplimiento de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que exigía el estatuto de YPF para proteger a los accionistas minoritarios. El incumplimiento permitió que la demanda se presentara en Nueva York, bajo las reglas de Wall Street, donde la petrolera cotiza desde los años 90.
La Corte de Apelaciones de Nueva York analiza tres caminos:
1. Mantener la medida cautelar que suspende el traspaso de acciones.
2. Levantar la cautelar y ejecutar la entrega del 51% de YPF como pago.
3. Ordenar el reemplazo por otros activos, como bonos de mediano o largo plazo.
Si se levantara la suspensión y la Argentina no cumpliera, el país podría enfrentar un escenario de desacato, con riesgo de embargos sobre reservas del Banco Central, activos de YPF en el exterior o restricciones para acceder a los mercados internacionales.
Mientras tanto, en Buenos Aires y en Madrid, los Eskenazi siguen de cerca la pulseada judicial que definirá el destino de una operación que hace quince años se presentó como un negocio estratégico y que hoy se convirtió en uno de los litigios más costosos de la historia argentina.