Las dos caras de la carne: el estímulo provincial y el “castigo” de las importaciones

En medio de un escenario de contrastes para el sector cárnico, el Gobierno de Mendoza avanza con políticas de incentivo a la producción local. A través de distintos programas y desembolsos contemplados en la Ley 7074, la provincia busca sostener la actividad ganadera frente a los costos crecientes y la presión del mercado.

Uno de los ejemplos recientes es el decreto 2.203, mediante el cual se autoriza el pago de $29.980.455,80 en concepto de estímulo para un productor mendocino, en línea con las herramientas de fomento que la Dirección Provincial de Ganadería aplica desde hace varios años.

El objetivo, según explican desde el Ministerio de Producción, es impulsar "la recuperación de la actividad bovina, promover la cría y engorde en territorio provincial y mantener la sustentabilidad de los pequeños y medianos establecimientos". Estos programas se complementan con líneas de crédito, subsidios para infraestructura rural, mejoras en los sistemas de riego y asistencia técnica para optimizar la alimentación y sanidad animal.

En los últimos años, Mendoza ha buscado reposicionar su perfil ganadero como parte de una estrategia de diversificación productiva. Si bien la vitivinicultura sigue siendo el motor de la economía regional, el crecimiento del stock bovino y las inversiones en feedlots y frigoríficos apuntan a consolidar un circuito de carne local con mayor valor agregado. Sin embargo, el contexto nacional e internacional introduce factores que amenazan ese avance.

A nivel país, el ingreso de carne importada se encuentra en su nivel más alto desde 2019, con un incremento sostenido de los envíos provenientes de Brasil. Las estadísticas oficiales muestran que en los últimos meses crecieron las compras externas tanto de cortes frescos como congelados, a precios que muchas veces resultan más competitivos que los de la producción local. Este fenómeno responde a una combinación de factores: la caída del consumo interno, la apertura de cupos de importación para abastecer el mercado y la diferencia de costos entre ambos países.

Para los productores argentinos, el efecto es doble. Por un lado, los precios de referencia se ven presionados a la baja debido al ingreso de carne más barata. Por otro, las expectativas de rentabilidad se reducen en un contexto donde los costos de alimentación, transporte y financiamiento siguen en alza. En las provincias del interior, donde los márgenes ya son ajustados, la competencia externa se siente con mayor fuerza.

Qué pasa puertas adentro

En Mendoza, el contraste es evidente. Mientras la provincia destina recursos públicos para sostener a la ganadería —como el desembolso dispuesto por el Decreto 2.203—, los frigoríficos y distribuidores se enfrentan a un mercado nacional con una oferta creciente de carne extranjera, principalmente la proveniente de Brasil. Esto genera preocupación en el sector primario, que advierte que los estímulos locales podrían verse neutralizados por las condiciones macroeconómicas y la política comercial nacional.

Productores consultados por El Medio señalan que, si bien la ayuda provincial permite “respirar” en momentos de suba de costos, la presión que generan los precios de la carne importada complica la planificación. “Los aportes sirven para compensar parte del atraso en infraestructura o en alimentación, pero cuando el mercado se llena de carne barata es difícil competir”, resumieron desde un establecimiento del Valle de Uco dedicado a la cría y recría.

En los frigoríficos la tensión también se siente. Desde una planta del sur provincial explicaron que el ingreso de cortes brasileños obliga a recalcular estrategias comerciales. “Tenemos que reorganizar volúmenes y precios casi mes a mes. El cliente compara y, si hay diferencia, se va por la carne importada. Eso termina repercutiendo en toda la cadena, desde la faena hasta el productor”, apuntaron.

Otros referentes del sector coinciden en que los estímulos provinciales son importantes, pero enfatizan que su impacto se vuelve acotado si no existe un marco más previsible a nivel nacional. “La provincia está haciendo esfuerzos, y se valora. Pero si al mismo tiempo entran contenedores con precios imposibles de igualar, se reduce el efecto de cualquier política de fomento”, expresaron.

En paralelo, técnicos vinculados a la actividad advierten que la combinación de importaciones crecientes y costos internos altos genera un desfasaje que afecta la rentabilidad. Según explican, la ganadería mendocina necesita plazos largos para recuperar inversiones en genética, instalaciones o alimentación. La incertidumbre del mercado interno, señalan, puede ralentizar decisiones que son clave para sostener la producción.

Fuentes del sector ganadero provincial subrayan que los programas de apoyo han sido fundamentales para mantener la actividad en pie, especialmente en zonas como el sur mendocino, donde la cría bovina tiene una larga tradición. No obstante, advierten que la apertura a las importaciones “pone en riesgo los avances logrados” en productividad y ocupación de tierras.

La situación refleja las dos caras de un mismo proceso: mientras los gobiernos provinciales intentan proteger la producción local, el mercado interno se ve alterado por el ingreso de carne importada a menor costo. En la práctica, esto implica que los recursos destinados al fomento de la ganadería podrían tener un impacto limitado si no se acompaña con políticas nacionales que equilibren la competencia y promuevan la integración del sector.