En medio de la polémica, el Gobierno desfinancia al INTI y al INTA
Aunque el Congreso frenó la disolución de los organismos y forzó al Ejecutivo a retroceder, el proyecto presupuestario confirma un recorte real de los recursos destinados a ambos organismos en comparación con años anteriores.
El 2025 ha sido hasta acá un año muy problemático y polémico para el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). En julio el Gobierno nacional anunció cambios rotundos en ambos organismos, que incluían el quite de facultades, la reducción de sus infraestructuras y el despido de cientos de trabajadores.
Finalmente el Congreso rechazó el decreto que proponía la implementación de cambios de fondo y el Estado debió dar marcha atrás con sus planes. Sin embargo, el proyecto de presupuesto presentado el lunes por el Ejecutivo demuestra que el INTI y el INTA siguen sin ser una prioridad para el Ejecutivo.
De acuerdo al Presupuesto 2026, el año que viene se destinarán $258.330 millones al financiamiento de INTA y $82.512 millones al INTI. En ambos casos se observan mejoras interanuales en términos nominales, pero cuando se tienen en cuenta el efecto de la inflación, los resultados son muy diferentes. De acuerdo con un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el presupuesto para el INTA es un 3,2% menor en términos reales que en 2025, mientras que el del INTI se desplomó un 17,2% real.
Si se hace una comparación con el 2023, último año de gestión de Alberto Fernández, la diferencia es mucho más notoria. Entre el 2023 y el 2026 se achicó 44,7% real el presupuesto del INTA y bajó 49,6% el financiamiento al INTI.
Qué pasa puertas adentro
El 2025 fue un año convulsionado para el INTA y el INTI. A comienzos del período, el Poder Ejecutivo presentó una serie de decretos que buscaban modificar de manera estructural el funcionamiento de ambos organismos. En el caso del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, la propuesta oficial era convertirlo en una unidad dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio, quitándole la autarquía y reduciendo su peso institucional. El Gobierno argumentaba que el organismo había crecido en exceso en cuanto a personal y funciones, llegando a competir con el sector privado en áreas de servicios técnicos y de calidad. Con más de 2.300 agentes y un presupuesto superior a los 85.000 millones de pesos, el Ejecutivo planteaba que era necesario “redefinir” su rol para concentrarlo en la metrología y la innovación industrial, al tiempo que señalaba supuestos desmanejos administrativos y de personal heredados de gestiones anteriores.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria tampoco quedó al margen de este proceso. La intención era transformarlo en un organismo desconcentrado bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, con un enfoque centrado en la investigación y la transferencia tecnológica. Para ello, se proponía limitar su histórica labor de extensión territorial y el trabajo con pequeños productores, agricultura familiar y programas vinculados a la agroecología. Según la visión oficial, el INTA había derivado en un esquema sobredimensionado y alejado de las necesidades productivas, con más de 6.000 empleados y un presupuesto cercano a los 229.000 millones de pesos. El plan era reorientar su estructura hacia la generación de bienes públicos tecnológicos y la formación de productores capacitados en redes privadas, dejando atrás lo que el Ejecutivo calificaba como una “mala administración” y un uso político de la institución.
El avance de estas iniciativas generó un fuerte rechazo en distintos sectores de la sociedad. Investigadores, técnicos, universidades, entidades rurales y la oposición política coincidieron en cuestionar las medidas, al entender que implicaban un vaciamiento institucional y un debilitamiento de las capacidades científicas del país. La tensión escaló hasta el Congreso, donde finalmente tanto Diputados como Senadores resolvieron rechazar el decreto que habilitaba la reforma. La votación, que se produjo en agosto, obligó al Gobierno a dar marcha atrás y restituir las normas que habían sido derogadas, devolviendo a ambos organismos su carácter autárquico y el marco legal previo a los cambios.
La marcha atrás supuso un alivio para los trabajadores y las comunidades vinculadas a los programas de investigación y extensión, aunque no despejó todas las dudas. Si bien el Congreso logró frenar la eliminación de las estructuras legales, lo cierto es que durante el año la ejecución presupuestaria de ambos institutos mostró un fuerte deterioro. Con recortes en proyectos, dificultades para sostener personal y problemas en el mantenimiento de infraestructuras, quedó instalada la inquietud sobre cómo podrán desenvolverse en 2026 frente a un financiamiento que, en términos reales, sigue siendo limitado.