¿Cuántas inversiones generó el RIGI?

El 8 de julio de 2024, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley 27.742), un paquete legislativo que incluyó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Este régimen otorgó beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años a proyectos de inversión superiores a U$S 200 millones en 8 sectores definidos como estratégicos. Su objetivo declarado fue atraer inversiones nacionales y extranjeras para impulsar el desarrollo económico, incrementar las exportaciones y generar empleo.

El RIGI fue objeto de controversia y resistencia. Organizaciones sociales, comunidades locales y sectores políticos cuestionaron el régimen por considerarlo una profundización del modelo extractivo y una entrega de recursos naturales a corporaciones extranjeras sin beneficios claros para el desarrollo local. Se argumentó que el RIGI favorecía la reprimarización de la economía y carecía de exigencias en términos de encadenamientos productivos, empleo local y transferencia tecnológica.

A un año de su sanción, analizamos los proyectos aprobados para conocer sus efectos concretos. Para elaborar este informe, la Fundación Futuro realizó un relevamiento detallado en el Boletín Oficial de la República Argentina (BORA) para identificar cada proyecto aprobado, incluyendo montos comprometidos, empresas involucradas y sector económico correspondiente. Además, triangulamos esta información con comunicados oficiales, anuncios de prensa y otras fuentes públicas, con el objetivo de determinar si los proyectos habían sido planificados o ejecutados previamente y evaluar los avances concretos en obras, construcción o preparativos. Esta metodología permite ofrecer un panorama más preciso sobre el alcance real del RIGI y la efectividad de sus incentivos en la práctica.

Aunque la propuesta oficial lo presentó al RIGI como una herramienta para promover nuevas exportaciones, generar empleo y fortalecer el desarrollo productivo, el régimen fue objeto de múltiples críticas, principalmente por su sesgo hacia la reprimarización de la economía y por la debilidad de sus exigencias en materia de encadenamientos locales, incorporación tecnológica y creación de puestos de trabajo. A un año de su puesta en marcha, los datos hablan por sí solos:

• De los U$S 50.000 millones de Inversiones prometidos por el Gobierno, se aprobaron proyectos por U$S 8.573,0 millones, es decir sólo el 17,1% de lo proyectado.
• De los 7 proyectos aprobados, solamente 1 fue diseñado después de la aprobación del RIGI. Los otros 6 eran proyectos ya anunciados, varios de ellos en marcha.
• Considerando el único proyecto aprobado post sanción del RIGI, en términos netos el Gobierno consiguió sólo el 0,5% de las inversiones que prometió.
• Solo se aprobaron proyectos en 4 de los 8 sectores estratégicos definidos en el RIGI (Petróleo y Gas, Energía, Minería y Siderurgia).

Uno por uno, los siete proyectos

Habiendo pasado ya más de la mitad de los dos años previstos para la vigencia del RIGI, únicamente se anunció la aprobación de siete proyectos.

-Parque Solar El Quemado (YPF Luz)

Proyecto fotovoltaico de 305 MW en Mendoza con una inversión comprometida de USD 204.544.000. Es el primer proyecto admitido en el RIGI, pero ya formaba parte del plan de YPF Luz y la provincia de Mendoza antes. Es más, originalmente fue desarrollado por la empresa pública EMESA en 2022 e YPF Luz lo adquirió en junio de 2023. De hecho, la construcción inició antes de que siquiera se propusiera la creación del RIGI. Es decir, su inclusión en RIGI le otorgó beneficios a una inversión que ya estaba en marcha.

-Oleoducto Vaca Muerta Sur (YPF y socios)

Se trata de un nuevo oleoducto de ~437 km que conectará Vaca Muerta (Neuquén) con la costa atlántica de Río Negro, más una terminal portuaria para exportar petróleo. Este proyecto se enmarca en el sector “Petróleo y Gas”, fue anunciado por YPF en 2022 y comenzó a ejecutarse en 2023, mucho antes de la existencia del RIGI. Según la Resolución de adhesión al esquema RIGI se va a llevar adelante en dos etapas, con una inversión comprometida de U$S 1.333.000.000 para la Etapa 1 y de U$S 1.153.000.000 para la Etapa 2.

Como surge de diversos documentos públicos: en agosto de 2022 YPF confirmó públicamente sus planes de construir el ducto y el puerto petrolero, obteniendo aprobación de los gobiernos de Neuquén y Río Negro. Es más, la Legislatura rionegrina sancionó la Ley 5594 (09/09/2022), para habilitar la construcción de ductos y la terminal en Punta Colorada. Diarios como La Nación y Río Negro dieron cuenta de que dicho cambio normativo provino de un pedido de YPF para poder desarrollar el proyecto Vaca Muerta Sur. Al año siguiente el proyecto sorteó las aprobaciones ambientales. Y comenzó su ejecución a fines de 2023. Es decir que para cuando el RIGI se propuso (principios de 2024) e implementó (agosto de 2024), las obras iniciales ya estaban en curso.

La inclusión en el régimen básicamente premió con ventajas cambiarias y fiscales a una obra estratégica que YPF ya había decidido emprender por otros motivos y que comenzó a construirse antes de que el gobierno siquiera propusiera el RIGI.

-Planta de GNL “Southern” (Pan American Energy y Golar LNG)

Este proyecto consiste en la instalación de un buque planta de licuefacción de gas natural (FLNG) en el Golfo San Matías (Río Negro), mediante una empresa conjunta llamada Southern Energy ( que nuclea a varias empresas petroleras nacionales con la noruega Golar). A pesar de anuncios que hablaban de USD 6.000.000.000 la resolución del RIGI reconoce una inversión comprometida de U$S 2.825.000.000. La fecha límite para que se produzca la inversión es el 31 de diciembre de 2035, en más de diez años.

Este plan también se gestó antes del RIGI: es más, en julio de 2024, previo a la aprobación de la Ley Bases y el RIGI, PAE y Golar hicieron pública la firma de un acuerdo a 20 años para traer el buque “Hilli Episeyo” a Argentina y llevar adelante el proyecto.

En síntesis, la barcaza de GNL es parte de la estrategia para exportar gas y su ejecución ya estaba decidida; un hito fundamental para su factibilidad fue la derogación de la Ley de Río Negro que se produjo a instancias de YPF en 2022, mencionada en el apartado anterior. El RIGI vino después a entregar beneficios a algo que los inversores ya tenían en su hoja de ruta.

-Expansión del proyecto de litio Rincón (Rio Tinto)

La minera anglo-australiana Rio Tinto se compromete, conforme a la resolución de aprobación del proyecto, a invertir U$S 2.299.000.000 antes del 30 de junio de 2029, para desarrollar a escala industrial el yacimiento de litio “Rincón” en Salta. Este proyecto se ha presentado como emblemático del RIGI en minería.

Sin embargo, su origen también es previo: Rio Tinto adquirió el proyecto Rincón en 2021 por U$S 825 millones, y consiguió las aprobaciones australianas en marzo de 2022. En relación explícita con dicha adquisición enmarcada en su estrategia de litio, Rio Tinto firmó en julio de 2022 un MOU con Ford para cadenas de suministro de materiales de baterías. El proyecto Rincón siguió el cronograma originalmente planteado para desarrollar carbonato de litio de grado de batería. En 2023 aprobó U$S 194 millones para una planta “piloto” de 3.000 t/a de carbonato de litio y obras tempranas; como parte del plan de avanzar a una operación a escala. Ese mismo año, tramitó también la Declaración de Impacto Ambiental.

En sus resultados de mitad de año (26/07/2023) y en su reporte anual de 2023 Rio Tinto informó que el desarrollo de la planta piloto estaba en curso, con primera producción prevista para fin de 2024. La planta piloto produjo su primer lote de litio en 2024, y como resultado de la calidad del producto obtenido en diciembre de 2024 anunció la gran expansión a 60.000 t/año de carbonato de litio.

Como surge de los anuncios públicos de la empresa, Rio Tinto anunció el proyecto en diciembre de 2024 sin siquiera mencionar el RIGI. Es más, la empresa siquiera se había presentado al régimen en el momento en el que confirmó el proyecto. Nuevamente, se trata de una inversión que se hubiese llevado adelante de todas maneras.

-Nueva acería de Sidersa (San Nicolás, Buenos Aires)

Proyecto industrial para construir una planta siderúrgica con capacidad de 360.000 toneladas anuales de aceros largos y tecnología “verde” de última generación. El proyecto implicará una inversión total en activos computables de U$S 286.278.000 para junio de 2028.

Este es el único proyecto netamente manufacturero del grupo y se presentó como “caso testigo” del RIGI en la industria. No obstante, también aquí vemos que la inversión ya venía preparándose: de acuerdo con los medios Sidersa comenzó a trabajar en un acuerdo con el BID invest para financiar la obra en agosto del 2023 y ya en marzo de 2023 los medios de San Nicolás hablaban del proyecto. Desde la perspectiva de política pública, el apoyo a esta acería es positivo para ampliar la oferta de acero nacional y sustituir importaciones, pero pareciera que estaban dadas las condiciones para que avanzara (visto el compromiso de sus financiadores) aún sin el RIGI.

-Proyecto de litio Hombre Muerto Oeste (Galán Lithium)

El proyecto consiste en el desarrollo de un salar de litio en Catamarca a cargo de la empresa australiana Galan Lithium Ltd., apuntando a producir, primero, cloruro de litio y luego carbonato de litio de grado batería. La inversión comprometida es de U$S 217.090.266, pero solamente U$S 82644234 en los primeros 2 años.

Este proyecto ya había logrado importantes hitos antes del RIGI: Galán operaba piletas piloto desde 2022 (evaporando salmuera desde mayo de ese año),concluyó el estudio de factibilidad de la Fase 1 el 3 de julio de 2023, y en noviembre de 2023 (antes de la segunda vuelta presidencial) firmó un acuerdo de venta futura (offtake) vinculante con la empresa Glencore por el 100% de la producción de la Fase 1, y financiamiento de entre 70 y 100 millones de dólares, por cinco años desde el inicio de la producción comercial. Es decir que en noviembre de 2023 ya había conseguido más financiamiento que el que compromete ahora para llevar adelante la misma operación.

Es decir, se trata de otra inversión minera impulsada por la coyuntura internacional que se encuentra en plena ejecución y que fue anunciada antes de que siquiera existiera el proyecto de la Ley Bases y el RIGI.

-Parque Eólico Olavarría (PCR y Acindar)

Este proyecto consiste en la construcción de un parque de 180 MW eólicos en la provincia de Buenos Aires para abastecer de energía renovable las plantas siderúrgicas de Acindar (grupo ArcelorMittal). Tiene una inversión comprometida de U$S 255.112.058,12.

Esta iniciativa fue aprobada como el séptimo proyecto RIGI en 2025, y las empresas lo anunciaron públicamente en noviembre de 2024, poco después de lanzado el régimen. Se trata del único proyecto que no se encontraba anunciado o en ejecución y cuya dimensión parece estar relacionada al RIGI.

PCR y Acindar son viejos socios en generación eléctrica: operan conjuntamente un parque eólico+solar en San Luis de 112 MW y dentro del plan de descarbonización de la empresa se encontraba realizar un nuevo parque en Olavarría pero de menores magnitudes. Se puede en este caso pensar que la diferencia entre 112 MW y los 180 MW ahora anunciados responde a los beneficios que trae aparejado el RIGI.

Sin inversiones nuevas, sin valor agregado, sin diversificación productiva

El análisis de los proyectos aprobados hasta ahora en el marco del RIGI permite arribar a algunas conclusiones.

• Primero, la mayoría de las inversiones incluidas ya estaban en ejecución o habían sido anunciadas mucho antes de la sanción de la Ley Bases, por lo que el régimen se limitó a otorgar beneficios extraordinarios a emprendimientos que de todos modos iban a realizarse.
• De los 7 proyectos aprobados, sólo uno es posterior a la Ley Bases, mientras que los otros 6 ya estaban decididos, varios incluso en marcha. Lejos de atraer inversiones, se trató de una política de subsidio a las empresas más grandes.
• Aún así, el monto efectivamente comprometido de inversiones es muy inferior al que prometió el Gobierno. De los U$S 50.000 millones prometidos, se aprobaron apenas USD 8.573,0 millones, es decir sólo el 17,1%.
• Ahora bien, considerando únicamente el proyecto aprobado tras la sanción, en términos netos el Gobierno consiguió apenas el 0,5% de las inversiones que prometió.

Por último, si incorporamos la variable sectorial, se observa que el RIGI solo no sirvió para la diversificación y dinamismo de las inversiones, sino que algunos de los sectores enunciados como estratégicos están viviendo sus peores momentos, como el turismo. De los 8 sectores incluidos originalmente, solo se aprobaron proyectos en 4 (Petróleo y Gas, Energía, Minería y Siderurgia). En definitiva: se vendió como motor de nuevas inversiones, pero terminó siendo un régimen de privilegios para proyectos preexistentes.

Los supuestos efectos positivos en la balanza comercial tampoco aparecen a un año de su aprobación. Ninguno de los proyectos ha entrado en operación, por lo que no hay todavía nuevos flujos de exportación derivados del RIGI ni efectos visibles en la actividad industrial. De hecho, los datos macro sugieren que no hubo un boom de inversión extranjera: en 2025 el flujo neto de IED (Inversión Extranjera Directa) de Argentina siguió siendo débil o negativo (–U$S 1.679 millones en la primera parte del año), lo que de continuar marcaría el peor registro en décadas.

El análisis de los proyectos aprobados bajo el RIGI evidencia con bastante claridad los límites del régimen y su escaso aporte al desarrollo productivo genuino. Lejos de atraer inversiones adicionales significativas o diversificar la matriz económica, el RIGI terminó consolidando un modelo extractivo, otorgando beneficios extraordinarios a empresas que ya tenían sus proyectos en marcha y concentrando los incentivos en sectores primario-extractivos. YPF, por ejemplo, participa en tres de los siete proyectos aprobados, dos de ellos vinculados directamente a Vaca Muerta, lo que refleja una coordinación Estado-empresas orientada a la explotación de recursos naturales, con escasa promoción de la industria de mayor valor agregado. Solo el proyecto siderúrgico de Sidersa se aparta de esta lógica.

Desde el punto de vista fiscal, el RIGI implica comprometer ingresos futuros del Estado —a través de exenciones impositivas y otros beneficios— a cambio de inversiones que aún no han demostrado resultados tangibles equivalentes. La adicionalidad de los proyectos es dudosa: muchas inversiones se habrían realizado de todas formas, de modo que los recursos públicos se aplican sin generar beneficios claros para la economía ni para el empleo. Tras un año de vigencia, predomina la percepción de que el régimen subsidiado favoreció a compañías grandes sin producir un impacto transformador.

En suma, los resultados muestran que en Argentina no faltan proyectos ni potencial productivo: faltan políticas orientadas a las mayorías y al desarrollo. Para que instrumentos como el RIGI cumplan sus objetivos, deben aplicarse con transparencia, reglas claras, exigencias de valor agregado, generación de empleo y encadenamientos productivos. Con estas condiciones, el país puede transformar sus recursos en inversión real, industrialización y progreso social.