El Ejecutivo publicó un aluvión de cesantías a estatales

El Gobierno de Mendoza oficializó este miércoles una batería de resoluciones y decretos que culminaron con la mayor sanción que se le puede otorgar a un agente estatal: la cesantía .

A través de lo publicado en el Boletín Oficial se pudo confirmar las desvinculaciones de agentes pertenecientes a los ministerios de Seguridad, Salud, la Dirección General de Escuelas (DGE) y el Ente de la Movilidad Provincial.

Las causas de los despidos revelan un panorama de graves irregularidades: desde una celadora que acumuló más de 1.400 faltas injustificadas, hasta un enfermero acusado de maltrato y un agente condenado por narcotráfico.

El detalle caso por caso de las expulsiones 

• Salud: narcotráfico, maltrato y "faltazos"

El Ministerio de Salud y Deportes fue una de las carteras con sanciones más severas, desvinculando a cuatro profesionales por faltas graves.

Condena por drogas: se decretó la cesantía de Joel Ariel Campo Rodríguez, agente del Hospital Héctor E. Gailhac. Aunque inicialmente se le sumarió por 22 faltas injustificadas, la situación escaló al confirmarse que fue condenado por la Justicia Federal a cuatro años de prisión por transporte y cultivo de estupefacientes.

Maltrato a pacientes: el enfermero Pablo Carrillo, del Hospital Escuela de Salud Mental "El Sauce", fue despedido tras comprobarse que ejerció maltrato verbal y psicológico contra una paciente. Además, registraba inasistencias, tardanzas y conflictos reiterados con compañeros y familiares.

Cobraba sin trabajar: en el hospital Lagomaggiore, el agente Ariel Fernando Chena fue cesanteado por adeudar 446 horas de trabajo entre mayo y octubre. Lo grave del caso es que, a pesar de no cumplir el horario, seguía percibiendo el ítem de "mayor dedicación" en su bono de sueldo.

Abandono de guardia: la médica Carolina González Devesa, del hospital Perrupato, fue desvinculada por abandono de servicio. La profesional terminó una licencia psiquiátrica en noviembre de 2024 y nunca regresó a su puesto, ignorando las intimaciones oficiales.

• Educación: el récord de las 1.400 inasistencias

La Dirección General de Escuelas (DGE) aplicó la máxima sanción administrativa a seis agentes, destacándose un caso de ausentismo extremo.

Récord de faltas: la celadora Carolina Pastran fue cesanteada tras una auditoría que reveló un total de 1.428 días de inasistencias injustificadas acumuladas entre los años 2018 y 2023, afectando gravemente el servicio escolar.

Irregularidades en compras: la docente Eliana Haydee Lassa recibió la sanción de cesantía con una accesoria de inhabilitación por 3 años. Se le imputó haber realizado la compra de una bomba trifásica con sobreprecio y sin los presupuestos requeridos, además de incumplir pagos a proveedores.

Ausentismo crónico: también fueron despedidos los celadores Daniel Blasco, Gabriel Rodolfo Salgado Estrella y Mariano Quiroga, todos por superar el límite legal de inasistencias injustificadas (más de 6 días en un semestre).

Abandono de cargo: el docente Fabricio Hernán Cirica fue desvinculado por no presentarse a trabajar desde junio de 2020, configurando un claro abandono de tareas.

• Seguridad: fuga de presos y antecedentes penales

En el área de Seguridad y Justicia, el Gobernador rechazó los recursos de apelación de dos ex uniformados, dejando firmes sus expulsiones.

Fuga de un detenido: se confirmó la cesantía del Oficial Inspector Jorge Diego Finnemore Moreno. Fue hallado responsable de facilitar la evasión de un detenido en la Comisaría N° 45. El recluso lo agredió y escapó cuando el oficial lo trasladaba al baño, evidenciando negligencia en la custodia.

Condena por amenazas: el ex agente penitenciario Gerardo Fabián Torres Ocampo perdió su estado policial de forma definitiva. La medida se basa en una condena penal firme que recibió por los delitos de coacciones y amenazas simples, lo cual es incompatible con la función pública.

Violencia de género y privación de la libertad: mediante el Decreto N° 2332, se dispuso la no confirmación y desafectación del cargo del auxiliar Lionel Francisco Uvilla Virulon. El agente, que se encontraba en periodo de prueba (interinato), fue expulsado tras ser imputado penalmente por violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad y lesiones leves, todo agravado por ser miembro de la fuerza y en contexto de violencia de género.

• Transporte y Derechos Humanos

Finalmente, se oficializaron bajas en organismos descentralizados y de protección de derechos.

Ente de la Movilidad (EMOP): el inspector Eduardo Enrique Palacio fue cesanteado luego de faltar a su trabajo durante 71 días hábiles consecutivos, entre mayo y agosto de 2025, sin presentar ninguna justificación válida.

Protección de derechos: en la Dirección General de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, se dispuso la cesantía de Jimena Paola Bajouth Vitale, quien incurrió en inasistencias injustificadas continuas durante varios meses en el año 2020.