El conflicto de los pozos de Irrigación llegó a Fiscalía de Estado

El Partido Verde, a través del diputado provincial Emanuel Fugazzotto, presentó este lunes un recurso de revocatoria con medida cautelar ante el Honorable Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación y la Fiscalía de Estado, solicitando la nulidad de la resolución que autorizó la perforación de nueve pozos en zonas restringidas del acuífero de Luján de Cuyo, donde rige una prohibición expresa para nuevos permisos hídricos.

“El superintendente Sergio Marinelli autorizó perforaciones en un área donde durante más de 30 años se prohibió entregar agua subterránea por riesgo de colapso del acuífero. Incluso en 2024 se ratificó la restricción hasta 2026. Hoy, de golpe, aparecen nueve pozos autorizados para empresarios amigos del poder”, denunció Mario Vadillo, presidente del Partido Verde.

Desde la fuerza ambientalista acusan a Irrigación de haber modificado una política pública sin fundamentos técnicos actualizados, sin audiencia pública, sin comunicación a los usuarios y utilizando herramientas de análisis internas que no son auditables. “Esto no es agua: es poder, tierra y negocios. Y eso no puede quedar impune”, remarcó Vadillo.

Empresarios beneficiados y tierras revalorizadas

Según detallaron, los pozos habilitados beneficiaron a firmas como Cresud (del grupo IRSA, liderado por Eduardo Elsztain, empresario cercano al presidente Milei), Chimpay La Rioja S.A. (vinculada a Young Woo), Grappolo S.A. (de Walter Bressia, presidente de Bodegas de Argentina) y otras personas físicas con padrones en Agrelo, Luján de Cuyo.

La resolución 125/2025 de Irrigación permite el riego de casi 600 hectáreas en una zona donde el agua subterránea no podía ser utilizada. “Están convirtiendo tierras áridas en viñedos premium que ahora valen millones de dólares, gracias a la firma de Marinelli”, denunció Fugazzotto.

En el recurso presentado se advierte que el accionar de Irrigación podría generar “un daño irreparable” al medio ambiente, al abrir la puerta al agotamiento del acuífero y perjudicar a terceros usuarios. “El agua es un derecho colectivo, no un premio para empresarios cercanos al poder político”, subrayó el legislador.

Un expediente lleno de advertencias

La resolución 1108, dictada por el propio Honorable Tribunal Administrativo de Irrigación a fines de 2024, ordenaba prorrogar la restricción en la zona de Luján durante dos años más. En ella se incluían recomendaciones del Instituto Nacional del Agua (INA), el Instituto de Hidrología de Llanuras Dr. Eduardo Usunoff (IHLLA) y de la Dirección de Asuntos Legales del organismo, todas coincidentes en que no debía autorizarse la redistribución del volumen remanente ni nuevas perforaciones.

Pese a ello, la Dirección de Gestión Hídrica habilitó a comienzos de este año una reinterpretación de los datos y abrió paso a las autorizaciones.

“Cambiar una política hídrica por conveniencia y sin transparencia institucional es gravísimo. El gobierno provincial está avalando un saqueo del recurso más valioso de Mendoza”, sentenció Vadillo.

Medidas exigidas

El recurso impulsado por el Partido Verde exige:

• La suspensión inmediata de los efectos de la resolución 125/25.
• La nulidad de los nueve pozos otorgados en la zona restringida de Luján.
• La publicación completa de los informes técnicos, listados de beneficiarios y fundamentos de la decisión.
• Que se garantice la preservación del acuífero y el derecho al ambiente sano para las generaciones presentes y futuras.

“Vamos a llegar hasta el final. No vamos a permitir que conviertan Irrigación en una escribanía. El agua es de todos los mendocinos y no se negocia”, concluyó Vadillo.