Dictadura en Mendoza: listas negras, centros de detención y radicales confundidos

No soy de escribir ni hablar en mis notas y programas sobre cuestiones autoreferenciales, algo que algunos periodistas hacen; creen que el único testimonio y opinión que vale es la de ellos, no logran controlar su ego.

Sobre lo que publico en esta nota, me veo en la obligación de explicar cómo surgió el texto porque es un trabajo de investigación que realice en 1994. Cursaba la Licenciatura de Comunicación Social y un día en la Facultad de Ciencias Políticas vi un afiche que promocionaba un Curso sobre periodismo de investigación sobre la historia de Mendoza, dictado por el historiador Pablo Lacoste. El curso se podía aprobar cursando solamente o realizando una investigación. Como advertí que no existían muchos textos sobre lo que había ocurrido en los años de la última dictadura militar en Mendoza (1976-1983), decidí a meterme con ese tema, previa charla con Lacoste.

Por qué aclaro esto, porque la investigación se hizo hace 32 años y muchas cosas pasaron después, buenas y malas, pero por suerte hubo más información sobre este tema que no está en este texto que nunca actualice. Con Pablo decidimos presentarlo en un concurso que organizó la Legislatura y el premio era su publicación y el jurado, de mi categoría, fue Jaime Correas y Elvira Calle de Antequeda. Logré el primer puesto y se publicó. Esto por un lado.

Lo otro sucedió el 24 de diciembre de 2025 a las 14:00, venía de tomar un café con un abogado amigo en el hotel NH de España y Gutiérrez. Comencé a caminar por la vereda del Banco Nación por calle España, en la que se muestran fotos de bancarios desaparecidos. Frente a una foto, en la baranda que la separa de la vereda, habían una flores, y en la vereda, una mujer llorando. No tenía cementerio al que puediera ir a llorar a su familiar porque estaba desaparecido. Esa foto, ese espacio para la memoria, le sirvió para “estar” con su ser querido. Sabía que en tres meses se cumplían 50 años del golpe militar y decidí desempolvar el trabajo que tenía sobre el tema y publicar un resumen. Aquí está.

"Llevo la marca de todos los tiranos"

Angel Bustelo nació en San Rafael el 24 de agosto de 1909, realizó sus estudios primarios pupilo en el Colegio San José de Buenos Aires. Volvió a Mendoza y cursó un año del secundario en los Maristas y luego en el Colegio Nacional, en donde tomó contacto con gente del socialismo. A los 21 años se recibió de abogado en La Plata. Fue fundador y director del periódico "La voz de San Rafael", Diputado provincial (1946-48) y Convencional Constituyente (1948-49), por el Partido Comunista. Autor de prosa y ensayo: "Alfredo Bufano, el montañés que vio el mar"; "Un Muchacho de Provincia" (premio S.A.D.E.), "San Rafael de sus Amores". Poeta, autor de "Chile, me duele tu costado" y "Duende y Pólvora". En 1987 fundó el Partido Socialista Obrero de Liberación (PSOL) y hoy es miembro del comité provincial del mismo. Actualmente es integrante de la Sociedad Argentina de Escritores, filial Mendoza.

Después del golpe de Estado de 1976, Bustelo se comprometió con la causa de las víctimas del terrorismo de Estado. Así es como a los pocos días del golpe fue visitado por el Padre Llorens, en su estudio jurídico. Llorens fue a pedirle que defendiera a su sobrina, Teresa Llorens. Esta había sido detenida por pertenecer supuestamente a grupos armados. Bustelo revisó el expediente de Teresa y encontró fallas de procedimiento que podían ser causal de nulidad del proceso. Antes de asumir el cargo se presentó ante el Colegio de Abogados explicando por qué había resuelto hacerse cargo gratuitamente del caso, a objeto de asegurar los derechos de la defensa en juicio. Como los abogados ponían inconvenientes en aceptar estos casos, pidió al Colegio que se formara una lista de abogados a fin de elegir por sorteo quién debía asumir tal tipo de defensas. Su solicitud fue en vano. Bustelo siguió adelante con el caso de la sobrina del Padre Llorens. Esta actitud lo colocó en una posición sospechosa ante las autoridades del gobierno de facto. Bustelo fue catalogado como "peligroso ideólogo de la subversión" y al poco tiempo se ordenó su detención.

El arresto de Bustelo se llevó a cabo en la madrugada del 3 de septiembre de 1976. Un grupo de soldados entraron en su casa a viva fuerza y sin orden judicial, fue encapuchado y trasladado al Comando de la VIII Brigada de Infantería para ser interrogado. Luego de ser protagonista de un simulacro de fusilamiento quedó detenido en la cárcel de Mendoza.

Luego de 15 días de ignorancia absoluta sobre lo que podía ocurrir con su persona, Bustelo fue anoticiado que debía concurrir al juzgado federal a cargo del Juez Dr. Salvador Buzio. Una vez allí se le informó que el acta de acusación se basaba en unos papeles y folletos que habían encontrado en su estudio jurídico cuando fue allanado. Una carta de un familiar de Bustelo que vivía en Magdalena les servía para sostener que era un mensaje cifrado de los presos de aquella cárcel militar. Un testamento ológrafo de un cliente del Estudio, escrito en Ydish, hizo que los militares pensaran que pertenecía a una organización secreta a lo que se sumaba haber encontrado unos folletos de la LADH (Liga Argentina por los Derechos del Hombre) y varios periódicos de COMACHI (Comisión de Ayuda a Chile, que presidía el dirigente radical Dr. Oscar Alende). La tenencia de esos folletos estaba prohibida por una "ley" reciente de la dictadura con pena de prisión, y les sirvió a los represores para darle "legalidad" al procedimiento. Una vez terminada la declaración indagatoria, el juez aceptó dejar en libertad bajo fianza a Bustelo. Encontrándose el dirigente en la cárcel esperando que se hiciera efectiva la orden, se le comunicó que debía regresar a su celda puesto que había llegado un comunicado del Comando Militar haciendo saber que el preso Ángel Bustelo quedaba a disposición del P.E.N. y por lo tanto solamente el Poder Ejecutivo podía disponer su libertad. El abogado de Bustelo era Benito Marianetti.

La primera etapa de la detención ilegal de Bustelo se llevó a cabo en la cárcel de Mendoza. Allí Bustelo -a pesar de sus 67 años- sufrió diversos maltratos. El día 27 de septiembre se ordenó el traslado de Bustelo, junto a 120 detenidos más, a la cárcel de La Plata. Todos fueron reunidos en un pabellón del penal, fuertemente golpeados y esposados, "pensé que se me reventaban las muñecas". Este operativo de sumisión de prisioneros fue dirigido por el director del penal, comisario José Naman García. Luego fueron trasladados al sector militar del aeropuerto El Plumerillo en donde fueron embarcados en un avión Hércules de la Fuerza Aérea. Una vez en el avión, Bustelo fue colocado frente al periodista y escritor Antonio Di Benedetto. Ambos se saludaron y en ese momento un gendarme les dio la orden de escupirse mutuamente. No lo hicieron y recibieron un culatazo. En ese vuelo también viajó Roberto Vélez y muchos otros detenidos más que no llegaron a La Plata debido a que "desaparecieron en el camino". Luego de estar nueve meses detenido en la cárcel de La Plata y ante los múltiples reclamos de la comunidad de Mendoza y de su esposa, fue trasladado nuevamente a nuestra ciudad y liberado en agosto de 1977.

Bustelo estuvo en prisión 11 meses, a lo largo de los cuales fue sometido a diversos tormentos, tanto físicos como morales. El único motivo de estas acciones fue su labor como abogado en defensa de las personas detenidas en forma ilegal y condenadas a prisión mediante procesos poco transparentes.

En el año 1989, Bustelo fue candidato a presidente de la Nación, en representación de un conjunto de partidos y organizaciones de izquierda. En 1990, el intendente de la Ciudad de Mendoza Víctor Fayad, le entregó el título de Ciudadano Ilustre de Mendoza. Cuando Bustelo llegó a la Municipalidad, para recibir su premio, Fayad le dijo: "hasta hace instantes me han llamado por teléfono anunciándome que se iba a poner una bomba para evitar la realización del acto". Bustelo recibió el premio y se fue esa noche a su casa de campo. Al día siguiente familiares le anunciaron que gente extraña, había entrado en su casa y le habían destrozado entre otras cosas la estatuilla que había recibido de manos del intendente.

Bustelo, como el mismo decía, llevaba “la marca de todos los tiranos", puesto que no hubo golpe de estado en el que él no estuviera preso por "delito de ideas", se autodefinía como "Licenciado en Rejas y Prisiones; ser perseguido y vilipendiado son mis títulos de honor, mis condecoraciones", decía irónicamente.

Dictadura en Mendoza: listas negras, centros de detención y radicales confundidos by estefaniascortichini

Revivir el horror

Ricardo Puga nació en Mendoza en el seno de una familia tradicional y de "abolengo". Desde joven sintió una gran vocación por las actividades sociales. Trabajó en artesanías, como la confección de marcos para cuadros. Comenzó su actividad política en la federación mendocina de estudiantes secundarios en 1956, paralelamente empezó a militar en la UCR primero y luego en la UCRI. En 1960 junto a Tejada Gómez, Ramón Abalos y otros jóvenes de izquierda formaron un partido provincial que se llamó Pueblo Unido. En 1974 fue designado secretario del Concejo Deliberante de Guaymallén. Renunció al puesto un año más tarde debido a las constantes amenazas que recibía y volvió a su tradicional ocupación de marquero. Ese mismo año comenzó a militar en el Partido Auténtico (brazo político de Montoneros). Fue detenido en enero de 1976 y liberado 9 meses después. Con el retorno a la democracia militó en el Partido Intransigente (PI), del cual fue vicepresidente. En 1986 se reincorporó a la UCR.

Puga fue detenido el 13 de enero del 76 cuando salía de su taller de marcos en calle Italia y Arenales de Guaymallén. Fue introducido en un auto y llevado a un baldío ubicado en el Barrio Unimev (en ese mismo lugar, días antes se había encontrado desnudo y muerto a un dirigente gremial del Banco de Previsión Social). Allí lo obligaron a desvestirse; en ese momento Puga golpeó a uno de sus secuestradores y escapó gritando. Sus captores le dispararon y lo hirieron en una pierna. Seguidamente lo subieron nuevamente al vehículo y deambularon sin rumbo durante 20 minutos hasta llegar a una casa alejada de la ciudad. Con las esposas, escribió su apellido en la pared. En esa casa lo torturaron, le realizaron simulacros de fusilamiento y lo golpearon. Luego de 21 días fue trasladado al departamento de informaciones del Palacio Policial (D-2) en donde continuaron con procedimientos similares. De allí fue llevado a la cárcel de Mendoza.

Después de cuatro meses pudo volver a ver a su familia. Sus seres queridos lo encontraron con 20 kilos menos y dos costillas rotas. Por esos días Puga fue llevado al juzgado federal a declarar en su juicio junto con Francisco Solano López (actual asesor del Presidente de España Felipe González). Se lo acusaba de asociación ilícita. Pero la verdadera causa de su detención, puesta de manifiesto en las sesiones de tortura, fue que se lo creía responsable de la muerte del agente de policía Cuello. Este se encontraba haciendo guardia en la seccional primera (en ese entonces ubicada en la calle Godoy Cruz entre Mitre y Chile) cuando pasó un vehículo y disparó contra el edificio de la seccional, Cuello fue herido y trasladado al Hospital Emilio Civit (lugar en donde también estaba internada su esposa esperando familia). El fiscal del juzgado lo encontró inocente pero el juez Carrizo no se animó a firmar la libertad de Puga y lo condenó a prisión.

En la cárcel de la provincia Puga fue protagonista del operativo realizado el 24 de julio de 1976 en el cual miembros del Ejército ingresaron al penal a las 6 de la mañana, obligaron a los presos a desnudarse y a juntarse en el patio del presidio a la vez que los golpeaban e insultaban. A un actor de teatro lo obligaron a gritar: ¡viva el Ejército Argentino!, no lo hizo y fue golpeado fuertemente. En ese episodio, el escritor y periodista Antonio Di Benedetto también sufrió muchos maltratos puesto que no podía desplazarse con rapidez por encontrarse enfermo. Este operativo fue dirigido por José Naman García que había asumido como jefe del penal.

La vida dentro de la penitenciaría a partir de ese día se hizo más dura. Tenían un régimen de horarios de 22 horas en la celda por 2 horas de recreo. No recibían correspondencia y los familiares que asistían al penal a visitar a los presos sufrían todo tipo de vejámenes. Puga soportó toda esta situación gracias a la solidaridad de sus compañeros. Con ellos, escribía la revista "La Mina de Fierro" en la que incluían anécdotas y chistes. Confeccionaban dos revistas, una para que se la llevaran en la requisa y otra que circulaba de preso en preso. Luego de 9 meses de prisión, Puga salió en libertad el 24 de diciembre de 1976.

Una tarde de 1984 Puga tuvo que asistir a un recital que ofrecía el coro de niños de Mendoza del que participaba su hija en la colonia Papagallos. Cuando Puga llegó al lugar sintió que él había estado allí antes. Comenzó a mirar y vio una construcción semi destruida; entonces fue y habló con el cuidador del lugar. Este le dijo: "aquí en la época del proceso los militares traían a los detenidos". Ingresó a la vivienda y distinguió el camino que hacía para ir al baño, cuando estaba detenido en aquella casa alejada de la ciudad. Buscó en las habitaciones y encontró, también, la pared en la cual todavía figuraba escrito su apellido. Puga sintió revivir todo el horror que había experimentado en esos días del proceso. Sin quererlo localizó el lugar en el que había sido detenido y torturado. El establecimiento se encuentra en Las Heras pasando el autódromo Gral. San Martín y el Barrio La Favorita.

 

Sin límites, sin piedad

Alicia Morales de Galamba cuenta este patético relato en el Nunca Más:

Vivía en Mendoza con mis dos niños, Paula y Mauricio. Con nosotros vivía también una amiga María Luisa Sánchez de Vargas y sus dos hijos Josefina de cinco años y Soledad de un año y medio. El 12 de julio de 1976 entró en nuestra casa un tropel de personas armadas. Nos golpearon y nos vendaron. Los niños por el ruido se despertaron llorando frenéticamente. Los hombres preguntaban por mi marido. Cada tanto hacían ruido con el cerrojo de sus armas como si fueran a dispararlas.

A continuación, nos llevaron al departamento de policía, sección de informes (D-2). Durante dos días los cuatro niños se quedaron con nosotras. Josefina y Paula no aguantaban el encierro. Lloraban y golpeaban la puerta pidiendo salir. En un momento dado, uno de los carceleros sacó del lugar solamente a Josefina. Fue un nuevo tormento. No sabíamos que querían hacer con la pequeña. Cuando la devolvieron -al cabo de un par de horas- Josefina nos contó que la habían llevado a la terminal de ómnibus para que reconociera "gente". Tiempo después vinieron a llevarse a los cuatro niños que fueron entregados a sus respectivos abuelos. Después nos separaron a María Luisa y a mí. Un día me informaron que traerían a María Luisa a mi celda.

Cuando la vi me contó llorando que gracias a unas prostitutas había podido ver a su marido, Jorge Vargas (actualmente desaparecido). En esa entrevista, José le contó a su esposa que la hija de ambos, Josefina, había estado presente en una de las sesiones de torturas. Pero el relato de María Luisa no acabó allí. Hace unos días, me dijo: “me llevaron a la casa de mis padres, en San Juan. Realmente creí que era para darles satisfacción a mis viejos y hacerme reanudar el contacto con las niñas. Pero no, me llevaban para asistir a un velorio. ¿Y sabés de quien era? De mi mayorcita, de mi Josefina. Cuando María Luisa le preguntó a su padre, el Dr. Sánchez Sarmiento, defensor de la justicia federal, cómo había ocurrido semejante hecho, este le contó que a los pocos días de llegar, la niña había sacado del cajón de un mueble al arma que el abuelo tenía en su casa y se había disparado un tiro”.

Vuelta de la democracia y radicales mendocinos confundidos

El 11 de diciembre de 1983 asumió el gobierno de la provincia de Mendoza Santiago Felipe Llaver, en medio de un desbordante entusiasmo popular. Toda esta alegría se transformó en desconcierto cuando el 12 de diciembre, Llaver puso en funciones como jefe de policía al Comisario General (R) José Naman García, el cual en el acto de asunción dijo: "Mi objetivo prioritario será el de lograr una policía que despierte simpatía por la concepción humanista de su accionar... una policía consustanciada con su pueblo, protectora antes que represiva".

La reacción ante este hecho no demoró demasiado. Inmediatamente se opusieron al nombramiento las Madres de Plaza de Mayo, el Partido Justicialista y un sector de la juventud radical. Los motivos eran: abuso de autoridad cuando se desempeñó como Director de la Penitenciaría Provincial entre 1976 y 1981, y el haber tenido a su cargo la represión de manifestaciones docentes durante los días del "mendozazo" (1972).

El 17 de diciembre, Naman García presentó su renuncia. El gobernador junto con su Ministro de Gobierno León V. Chade rechazaron la misma argumentando que "Hasta que no se presenten pruebas y se comprueben los hechos, el Poder Ejecutivo ratifica su confianza en el jefe de policía señor José Naman García".

Así las cosas, el senador Ghilardi (PJ) presentó un proyecto en el cual se invitaba al señor Ministro de Gobierno a la cámara para que informe sobre la designación del jefe de policía. El proyecto dio lugar a un interesante debate en el Senado de la Provincia (21-12-83), en el cual tomaron parte los senadores, Carlos Le Donne, Armando Caramazza, Alfredo Ghilardi y Cristina Zuccardi y el vicegobernador y presidente del Senado, José Genoud.

Le Donne (UCR): Señor Presidente: nuestra bancada se va a oponer al pedido de informes al Ministro de Gobierno presentado por el bloque justicialista en mérito a que el art. 128 de la Constitución de la Provincia le otorga al gobernador de la UCR, al gobernador de todos los mendocinos, la posibilidad de designar a todos sus funcionarios. Y en mérito a la confianza a que le ha brindado la civilidad el día 30 de octubre, eligiéndolo como gobernador de la provincia, en mérito de los antecedentes de este partido, que ha sido respetuoso y respeta los derechos fundamentales del hombre, es que nos oponemos a la interpelación solicitada. Y si hubiera alguna duda de algún hecho delictivo cometido por algún funcionario, ofrecemos los estrados de la justicia para que se hagan las denuncias correspondientes.

Caramazza (PJ): Se dijo en este recinto que el pueblo votó a la UCR, y esta bancada peronista pregunta si lo votó para que designe en uno de sus primeros actos de gobierno como Jefe de Policía de la Provincia a uno de los personeros directamente implicados y responsables de la dirección de un instituto donde se violaron reiteradamente los derechos humanos, en el periodo de la más brutal represión popular.

Ghilardi (PJ): ...el señor Naman García cortó todas las visitas, la correspondencia, la comida cambió totalmente el régimen carcelario. Acá hay una cita de un ciudadano, Roberto Marmolejo, que estuvo en la cárcel el 22 de noviembre de 1976 y que fue trasladado a la peluquería del penal por el suboficial Bonafede, quién le colocó una venda en los ojos y una capucha y lo golpeó brutalmente durante un tiempo para lograr informes. Muestra de ello es la deformación del hueso frontal de la ceja derecha. Son testigos de esto...

Presidente Genoud (UCR): Si me permite senador, es obligación de la Presidencia hacer cumplir el reglamento. Con todo respeto y consideración, créame, pero hay un artículo, el 193, que dice: "En la discusión de los asuntos, los discursos no podrán ser leídos y sólo con permiso de la Cámara se podrá leer citas o documentos pertinentes relacionados con el asunto en discusión”.

Zuccardi (PJ): Nosotros como legisladores, tenemos la obligación de exponer las pruebas que nos permitan conocer los antecedentes fehacientes de los hechos ocurridos en la cárcel de esta provincia donde se ha torturado, donde ha habido requisa vejatoria a mujeres y niñas que iban a visitar a sus familiares.

Presidente Genoud (UCR): Corresponde someter a votación de este Honorable Cuerpo, si se dejará leer las pruebas que los senadores tienen en su poder. Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo. (se vota y dice) Dieciocho votos. Los que estén por la negativa respecto de la lectura sírvanse indicarlo. (se vota y dice) Diecinueve votos.

Presidente Genoud (UCR): Corresponde poner a consideración la moción del senador Le Donne, en el sentido de rechazar el proyecto de interpelación al señor ministro de Gobierno. Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo. (se vota y dice) Diecinueve votos. Los que estén por la negativa Quince votos.

Así fue como el bloque de Senadores radicales abusando de su mayoría en la Cámara eludió la interpelación de su Ministro de Gobierno León Chade y evitó también el desgaste que le hubiera provocado el hecho de asistir a un pedido de informes a tan sólo 10 días de haber asumido el gobierno. Los senadores radicales no contestaron concretamente ante el reclamo que se les hacía sobre los actos en los que estaba involucrado Naman García. Prefirieron desviar el debate y responder sobre la legitimidad de la designación y no sobre los hechos que se les cuestionaban.

En los últimos días del mes de diciembre el gobernador Llaver llamó a su despacho a su jefa de prensa, Norma Sibila, quien había estado detenida en la cárcel de Mendoza y le pidió que lo informara sobre Naman García. Luego de la charla, Llaver le solicitó a Naman García que renunciara. Finalmente, el día 28 de diciembre el Poder Ejecutivo elaboró un decreto por el cual aceptaba la renuncia indeclinable presentada por Naman García.

Poco después el gobierno radical volvería a exhibir lazos con el gobierno de facto. En efecto, el 22 de febrero de 1984 entraron a la Cámara de Senadores los pliegos con los nombres de los jueces a designar. Entre ellos había un importante número de jueces que habían desempeñado el mismo cargo durante el proceso. Muchos obtuvieron el acuerdo del Senado y asumieron sus funciones.

El caso de Naman García en 1983 generó distintas opiniones en el seno de la UCR. Por un lado, el entonces ministro de Gobierno, León V. Chade, se ha mantenido en una posición de defensa de la inocencia de Naman García. En el momento de escribirse este trabajo el Dr. León V. Chade, ve estos hechos así: "Naman García es un hombre de convicciones democráticas. Conversando con dos detenidos peronistas que habían estado en la penitenciaría a disposición del Ejército los dos me dijeron que el que los había salvado era Naman García. Yo tenía la plena convicción, quizás estuve equivocado, que no había intervenido en las torturas ni en las imputaciones que se le hacían. Por esos días Naman García me dijo que en el área que él manejaba no había existido ninguna tortura y que el sector que tenía el Ejército era un sector vedado a él. Le he creído a Naman García y sigo creyendo que él no estuvo involucrado en las torturas. Hoy en día después de los hechos entiendo que no lo tendría que haber nombrado", admitió Chade.

Al nombrar a Naman García el Dr. Llaver se opuso a la política de su partido. En la campaña electoral de 1983, Alfonsín había recorrido el país asegurando que enjuiciaría a los responsables de las violaciones a los derechos humanos y un gobernador de su mismo partido nombra como funcionario de su gobierno a uno de los hombres más cuestionados por su actuación durante el proceso. Cuando vino la CONADEP a nuestra provincia y recogió las denuncias de los detenidos mendocinos durante el proceso militar en la cárcel, muchos de ellos identificaron el lugar en el que habían sido torturados. Ese lugar se encontraba detrás de la penitenciaría. Además hemos visto como durante la dirección de Naman García se endureció el trato que recibían los presos políticos dentro del penal. También es importante recordar el relato que Ricardo Puga hace contando lo ocurrido el día en que Naman García se hace cargo de la cárcel, del maltrato a Di Benedetto debido a que estaba enfermo y la golpiza de la que fue protagonista Angel Bustelo el 27 de septiembre cuando fueron trasladados los detenidos a La Plata.

Gobierno de facto y Educación

La Estrategia Nacional para la Contrainsurgencia del alto mando militar había hecho de la educación, como de las fábricas y la religión, un objetivo prioritario del Proceso de Reorganización Nacional. Durante el régimen militar la educación y la cultura se convirtieron en otro frente de la "guerra sucia". Esto está claramente reflejado en los informes de la CONADEP. De las casi 10.000 denuncias recibidas por este organismo el 38,7% corresponden al sector educativo. Este 38,7% se reparte de la siguiente forma: el 21% eran estudiantes, el 10,7% científicos y profesionales, el 5,7% profesores y el 1,3% trabajadores del campo cultural. Es necesario, -declaraba un documento secreto del Ejército- normalizar o depurar esos ámbitos, para actuar sobre las bases filosóficas-ideológicas de la subversión". A sólo cuatro meses después del golpe de Estado de 1976 el Ministro de Educación de la Nación Ricardo Bruera admitió que unos 3.000 académicos, administradores y asistentes de enseñanzas de las escuelas secundarias nacionales habían sido despedidos.

Nivel primario y medio

En Mendoza fueron más de mil los docentes del nivel primario y medio de la provincia cesanteados por motivos ideológicos. Entre ellos estaban: Arturo Marcos Garcetti, Yolanda Cora Cejas, Alfredo Bisquert, María Josefina Orozco, Arnold Bartolomé Gusberti, José Gagliardi, Orlando Zulueta, Eduardo Mackinon, Carlos L. de la Rosa, Adolfo Viggiani, Milton Enrique D'Angelo, Jorge Daniel Herrera entre otros cuatrocientos del nivel primario. Una vez instalado el gobierno democrático (1983) se procedió a su reincorporación.

En abril de 1976, un teniente coronel del Ejército ordenó que se quemaran miles de libros en Córdoba. Más tarde, en 1978, los oficiales de esa misma provincia prohibieron la enseñanza de la matemática moderna, argumentando que podría ser una forma sutil de adoctrinamiento subversivo. También centenares de libros para niños quedaron en la lista objetable. Los militares prohibieron la distribución y uso en las escuelas de "El Principito", de Antoine de Saint-Exupéry, un cuento universalmente aclamado, y de "Dios es Fiel", un libro de instrucción religiosa para niños de diez a doce años escrito por la hermana Beatriz Casiello (y encontrado inobjetable aún para la conservadora Conferencia Episcopal Argentina4). A fines de 1986 o principios de 1987, se encontró en la Biblioteca General San Martín una lista negra de libros y autores mendocinos entre los que se encontraban poemas de Armando Tejada Gómez y obras de Juan Draghi Lucero, "Esto llamó mucho la atención, parecía que se quería ocultar la historia objetiva de nuestro pueblo", señaló el entonces ministro Hugo Duch al encontrar estos documentos. Hasta 1987 se encontraron listas negras en el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia. La lista negra de los libros junto con la lista negra de los periodistas fue enviada al Archivo Histórico de la Provincia. Al momento de escribirse este trabajo esas listas no se encuentran en el Archivo. No se sabe si por intención, negligencia o simple descuido de sus responsables.

Entre mayo de 1976 y principios de 1977, los militares iniciaron una vasta operación en las escuelas secundarias de todo el país. Veintenas de adolescentes de trece y dieciocho años fueron sistemáticamente perseguidos por las autoridades militares. La mayoría de las víctimas fueron meramente románticas y rebeldes. Las pruebas de que se disponen indican que sólo unos pocos fueron guerrilleros portadores de armas; en la mayoría de los casos su participación se limitó a arrojar panfletos y escribir carteles en las paredes con aerosol5 como es el caso de Edmundo Beliveau, detenido y desaparecido junto a otros jóvenes por volantear en la fábrica Minnetti del departamento de Maipú.

En Mendoza, supervisores, regentes, directores y vicedirectores fueron designados a dedo y por simpatía con el régimen militar. Se derogó el Estatuto del Docente por lo cual no se respetaba la carrera de los maestros, conculcándose todos sus derechos. El sistema educativo soportó la acción más elitista y degradante del siglo: la deserción y el fracaso escolar llegaron a cifras alarmantes, que implicaban de 10 a 20% de pérdida de la matrícula por año en los distintos niveles de la enseñanza. Tampoco existían programas de asistencia social a pesar de la pobreza existente y el Nivel académico durante todo el tiempo que duró el “Proceso” en nuestra provincia nunca fue revisado.

Universidad y discriminación (1975-1976)

Poco escapaba al control del aparato represivo. En cada universidad se organizó un aparato de inteligencia y una red de colaboradores que funcionó clandestinamente con el nombre de Departamento de Prensa y Relaciones Públicas. En la Universidad Tecnológica Nacional el departamento estuvo encabezado por un capitán del Ejército y recibía informes reunidos por las facultades regionales. El departamento mismo estaba organizado según el lineamiento de un destacamento de inteligencia y una oficina de registros y archivos. La mesa de reunión tenía por objeto recoger información y datos biográficos de estudiantes y profesores. Su trabajo no sólo podía significar el fin de una carrera; sino también el hallazgo de una sentencia de muerte. Utilizando estos departamentos, el aparato de inteligencia reunía una lista negra de estudiantes y profesores expulsados por su actividad política. La lista se hacía circular por las universidades de todo el país, lo que ponía fin a la oportunidad de continuar los estudios para todos los allí nombrados. El control también alcanzaba a los que estaban al comienzo de una carrera universitaria. Al proceso de ingreso ya vuelto sumamente restrictivo por los militares, se agregaba una "prueba ideológica" con el fin de asegurar que sólo los aspirantes de pensamiento "correcto" fueran admitidos.

En el año 1975, durante la gestión de Otto Burgos como rector de la Universidad Nacional de Cuyo (UNC) se comienza a dejar cesantes a profesores y alumnos. Se argumentaba que no se podía continuar con la excesiva politización de la universidad y con ese estado de asamblea permanente que dificultaba el cursado de las materias. En la facultad de Ciencias Políticas fueron separados de sus cargos, durante este período, 35 profesores. Luego del golpe de 1976, asume el rectorado el interventor militar Comodoro Ingeniero Héctor Ruiz, el cual continúa con la política de cesantías hacia los profesores. Ruiz designó decano normalizador de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales al profesor Dennis Cardozo Biritos, al cual el interventor de la UNCuyo le encargó cesantear a más de 100 profesores.

En setiembre del 76, el interventor Ruiz declaró: "Hay 181 profesores sancionados y en iguales condiciones hay 15 no docentes. En cuanto a los estudiantes, han sido expulsados 114 y suspendidos 121 por falta de idoneidad". En efecto, el interventor Ruiz expulsó a casi todo el quinto año de la carrera de Sociología y numerosos estudiantes de las carreras de Trabajo Social y Ciencias Políticas. También despidió alumnos de la Escuela de Antropología Escolar y de la Escuela Superior de Periodismo.

La nota que se les enviaba decía lo siguiente:

Mendoza, 15 de junio de 1976

Señor Dirección: Mendoza

Cumplo en dirigirme a usted a fin de informarle que de acuerdo con lo dispuesto por la Intervención en la Universidad y comunicado a este Decanato mediante nota Nº 628/76, no puede ser designado ni proponerse renovación de designación o contrato, ni admitirse su reingreso según corresponda, como agente de la Universidad.

Con tal motivo saludo a usted atentamente. Firma y sello del profesor Dennis Cardozo Biritos, Decano Interventor.

En tanto la nota Nº 628/76 decía:

Mendoza, 14 de junio de 1976

De mi consideración: Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de poner en su conocimiento que, como consecuencia del proceso de reorganización que se lleva a cabo en esta Universidad, no deberán efectuarse ni proponerse renovaciones de designaciones o contratos ni admitirse el reingreso, según corresponda, de las siguientes personas:

• BAJUK, Andrés
• BOCANEGRA, Emilia María
• BUSTELO, Eduardo Santiago
• CARDOZO, Heliberto Ovidio
• CERVINI, Rubén Alberto
• COHEN de HUNAU, Raquel
• DAMONTE, Pedro Roque
• ESTRELLA, Pedro Franklin
• GIL, Mario Alberto
• JOFRE, Alfredo Walter
• LOPEZ TRIGO, Jorge Antonio
• MOSSO GIANINI, César Antonio
• ROUQUAUD de MONETTI, Elena E.
• SANTANDER, Jesús Rodolfo

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente, sello y firma del Comodoro Ingeniero Héctor Eduardo Ruiz, Rector Interventor.

La presente comunicación fue remitida a los siguientes institutos:

• DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
• DIRECCION DE ENSEÑANZA MEDIA PRE-UNIVERSITARIA
• DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES
• DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA
• FACULTADES
• ESCUELAS SUPERIORES
• ESCUELAS SECUNDARIAS
• INSTITUTO DE FISICA

Los libros

Otra tarea realizada por el interventor Ruiz fue la de formar una comisión encargada de seleccionar los libros "peligrosos" que se encontraban en la biblioteca de la UNCuyo. Sólo se dejó un ejemplar de los libros seleccionados como para demostrar el gran contenido marxista que contenían los mismos. Con esos ejemplares se formó una biblioteca a la que podía acceder el alumno sólo mediando una autorización expresa por parte de un profesor. Esta biblioteca permaneció también durante la gestión del rector siguiente. El resto de los ejemplares fueron quemados. Esa comisión estaba formada por cuatro profesores. Dos de ellos fueron los profesores Rubén Calderón Bouchet y Dennis Cardozo Biritos. El 6 de setiembre de 1976, el diario Los Andes publicó una foto en la que aparecía el interventor Ruiz con 10.000 libros y publicaciones "extremistas" requisadas a profesores y alumnos. Exhibió también una colección de discos con propaganda comunista recibida desde México. También las autoridades militares realizaron requisas de libros en domicilios particulares y algunas personas propietarias de esos libros, al tiempo, compraron el mismo ejemplar que ellos poseían, con la firma y dedicatoria del autor del libro, en librerías de textos usados. En el momento de escribirse este trabajo se encuentran en el D2, 22.000 libros secuestrados en esas requisas.

El rector Martínez y las listas negras (1976-1981)

En octubre del 76 asumió como rector de la UNCuyo el profesor Dr. Pedro Santos Martínez, catedrático de la facultad de Filosofía y Letras. El nuevo rector de la UNCuyo -según trascendidos- hizo una suerte de convenio con el Comodoro Ruiz por el cual Pedro Santos Martínez no iba a cesantear a nadie más, pero tampoco iba a revisar la situación de los cesanteados por el interventor. Fue así como Martínez firmó una larga lista que fue el resumen de las listas parciales que había confeccionado Ruiz, declarando que los allí incluidos no podían ser reincorporados ni volver a la UNCuyo. Martínez también le envió una nota al decano de la facultad de Ciencias Agrarias, Adolfo Ramón Mallea y otra similar al de Ciencias Políticas y Sociales, Cardozo Biritos, en la cual les recuerda que por razones de seguridad, está prohibido el acceso a los edificios de la universidad a los alumnos sancionados y al personal cesante.

A cuatro meses del golpe ya se habían anulado noventa y cinco carreras de las universidades de todo el país, entre las cuales las Ciencias Sociales fueron las más castigadas. En Mendoza se anularon las carreras de Psicología y Periodismo y se acotó a la carrera de Sociología al nivel de pos-grado, con la secreta intención de que no se dictara puesto que nunca se implementó, ni se reglamentó su cursado. También se cambió el título de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública en donde el núcleo era la ciencia política y administración pública era un complemento. En una reunión de profesores, el rector Martínez entendió que no era conveniente que alumnos jóvenes se metieran en la problemática política, entonces había que hacer un plan más bien instrumental de administración política y en los últimos años, cuando el alumno estaba maduro, se estudiarían las materias de ciencia política, de manera entonces que se dio vuelta el título y se llamó Administración Pública y Ciencia Política. Esta fue otras de las irregularidades cometidas por las autoridades de la UNCuyo durante la dictadura militar¹6.

El sustento ideológico de este proceso represivo, desatado en la UNCuyo, se encuentra en la obra “La Rebelión de los Adolescentes”, de Enrique Díaz Araujo. Este libro fue editado gracias al subsidio otorgado por el decreto Nº 250 del rector Martínez. El autor en la página 233 sostiene:

-“¡Y basta de permisivismo! Ya no podemos ni queremos seguir descendiendo más. Pasemos a la represión. ¡La Represión! Con sólo escuchar la palabra los contestatarios y sus amigos se encrespan. Podríamos emplear cualquier sinónimo o eufemismo -sanción, coacción, coerción, etc.- para dejarlos más tranquilos y contentos. Pero no es ese nuestro objetivo. Preferimos llamar a las cosas por su nombre, aunque a muchos no les guste... Ya hemos mencionado el tipo de represión que usan los permisivistas (estéril, policíaca y extemporánea); hay además una forma represiva popular, otra soviética y una última que es a la que nosotros nos adherimos y que, paradójicamente, es una represión preventiva”.

Como vemos, en el libro se plantea la dicotomía o la necesidad de elegir entre “permisivismo o represión”. El autor en tanto sostiene la necesidad e importancia de inclinarse por la segunda. Esto demuestra que no solamente fueron militares los que elaboraron el accionar represivo en la Universidad.

Una vez terminado el Proceso de Reorganización Nacional, las nuevas autoridades democráticas de la UNCuyo, se encargaron de ofrecerle la reincorporación con reivindicación al 100% de los docentes cesanteados. Con la aprobación del Consejo Superior, la facultad de Ciencias Políticas y Sociales instrumentó el Plan Especial de Sociología mediante el cual podían volver a la facultad los estudiantes cesanteados. Esto posibilitó que alumnos como Graciela Buracardt de Roitman, Gladys del Carmen Guiñez, Juan Carlos Nievas, Jaime Valls, Rolando Lazarte, Roberto Vélez (dirigente del PSOL), y Carmelo Cortese (reconocido profesor de la materia Proceso Social Contemporáneo, que se dicta en la carrera de sociología), entre otros 54 alumnos, pudieran reiniciar sus estudios. También se reincorporaron los alumnos expulsados de las carreras de Ciencias Políticas y Trabajo Social. Se colocó, nuevamente, en el nivel de grado la carrera de Sociología y se reformó el plan de estudios de la carrera de Ciencias Políticas y Trabajo Social.

A lo largo del capítulo hemos visto como los militares desataron una guerra cultural en donde los conflictos sociales, la oposición política, el debate, el inconformismo cultural e ideológico -es decir una buena parte de lo que constituye los más profundos valores de una sociedad libre- se consideraban la manifestación de una guerra revolucionaria. En virtud de esta situación es como las autoridades de la UNCuyo cesantearon alrededor de 250 alumnos y otra cifra similar de profesores.

Destino de los detenidos

Casi todos los secuestros realizados por las Fuerzas de Seguridad del gobierno militar, habían mostrado un modus operandi similar. A veces ocurrían en el lugar de trabajo de la víctima o en la calle a plena luz del día. En la mayoría de los casos se les ordenaba a las comisarías de la policía correspondientes una "zona libre", para poder llevar a cabo su tarea sin ser molestados. Así eran detenidas las personas y llevadas a los centros de detención. En nuestra provincia se utilizaron como centros clandestinos de detención:

• Dependencias del Liceo Militar General Espejo
• La Penitenciaría Provincial
• El Palacio Policial - Dependencias del Departamento Informaciones D-2
• La VIII Brigada de Infantería de Montaña
• El Batallón de Infantería de San Rafael
• Cuartel de Bomberos de San Rafael
• Comisaría 7a. de Godoy Cruz
• Unidad Militar Campo Los Andes (El Refugio)
• El Chalecito (inmueble ubicado en el departamento de Las Heras)
• Comisaría 25 (Grupo Motorizado) de San José departamento de Guaymallén
• Departamento Logístico de la Policía de Mendoza
• Círculo de Suboficiales
• Colonia Papagallos

Algunos mendocinos fueron vistos en otros centros clandestinos de detención del país como el caso de Tincho (militante del Movimiento Montonero de Mendoza. Actualmente desaparecido). Quien en febrero de 1977 estuvo detenido en la Escuela de Mecánica de la Armada, a punto de ser subido a un avión para ser arrojado al mar. A mediados del mismo año, Tincho, fue trasladado a una quinta operacional de Mendoza, controlada por el Ejército.

Muchos mendocinos también fueron arrestados en otras provincias como es el caso de los estudiantes que cursaban sus carreras en Mar del Plata o en la provincia de San Juan. Como hemos visto en otra parte del trabajo, también muchos detenidos fueron trasladados a la cárcel de La Plata, otros cumplieron condenas en el penal de Rawson, provincia de Chubut, y también en el penal de Devoto de la provincia de Buenos Aires. Esta relación se daba también a la inversa. Los centros de detención de Mendoza han albergado a muchos detenidos de otras provincias. Con esta estrategia se buscaba el desarraigo del detenido, aislándolo de su medio y de su familia.

En enero de 1984 se realizaron en nuestra provincia búsquedas en el dique El Carrizal para confirmar o no el rumor de que se habrían arrojado desaparecidos al lago. Nunca se encontró nada. Otros sostienen que de Mendoza habrían salido aviones Hércules con los cadáveres de detenidos para ser arrojados al lago San Roque de la provincia de Córdoba, al río Mendoza y a la cordillera de Los Andes.

También se realizaron sin éxito búsquedas de fosas comunes en el cementerio de Rivadavia y en el de San Rafael. Sin embargo es posible la existencia de fosas comunes en Canota y en el cuadro 33 del cementerio de la Capital. Además, fuentes militares extraoficiales entienden que es posible que se hayan realizado cremaciones de cadáveres allí. También ingresaron muchos cadáveres como NN al cuerpo médico forense para que se les practicara la autopsia. Los cuerpos llegaban maniatados, amordazados y con balas incrustadas en el cuerpo. Los militares que los llevaban argumentaban que los balazos eran producto de enfrentamientos con la policía. Luego se les realizaba la prueba del guantelete para ver si habían disparado armas de fuego y daba negativa.

Desaparecidos

En nuestra provincia los organismos de derechos humanos entienden que la cifra de los desaparecidos supera las 200 personas. En función de los datos obtenidos de la lista de 162 desaparecidos mendocinos que figura al final de este trabajo podemos determinar que del total de casos registrados el 27% son mujeres y el 73% hombres. En relación con su ocupación se poseen datos del 54% de la lista. Este porcentaje está compuesto de la siguiente forma: el 48% pertenece al sector de los trabajadores en relación de dependencia, el 32% a los estudiantes y el 20% a los profesionales.

En función de su edad se poseen datos del 75% de los casos sobre la lista total. De este 75% tenemos que el 61% le corresponde al grupo de jóvenes menores de 28 años. Luego sigue con el 31% la franja de gente que pasa los 28 años pero no supera los 40 y a continuación con el 8% las personas que tienen entre 40 y 60 años.

De este modo, en nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal: la de los desaparecidos. Palabra —¡triste privilegio argentino!— que hoy se escribe en castellano en todas partes del mundo. Fue el método más eficaz de la represión, la que menos costos políticos tenía, puesto que se eliminaba al adversario y como no había cadáver no había pruebas del delito.

En Mendoza, como en el resto de la Argentina, el proceso militar utilizó la tortura como método sistemático para obtener información y para quebrar la voluntad de los detenidos. En la mayoría de los casos los interrogatorios se realizaban bajo condiciones de extrema violencia física y psicológica. Muchos de los que sobrevivieron a estos centros de detención han dejado testimonios desgarradores sobre lo que allí ocurría, permitiendo reconstruir la geografía del horror en nuestra provincia.

A través de estos relatos se ha podido establecer que el D-2 (Departamento de Informaciones de la Policía) funcionó como el centro neurálgico de la inteligencia y la represión local, donde se centralizaba la información obtenida en los otros centros periféricos. La coordinación entre las distintas fuerzas (Ejército, Policía Provincial y Federal, Gendarmería y Fuerza Aérea) permitió un control casi absoluto sobre la población y una eficacia letal en la persecución de quienes eran considerados "peligrosos" para el régimen.

Conclusión

A lo largo del trabajo hemos visto como en Mendoza se volvían a registrar actos de tortura, muerte y persecución de adversarios por motivos políticos como los registrados durante la época del Lencinismo (1918-1928), la intervención Borzani (1928-1930) y durante el período conservador (1930-1943).

Este fue el último golpe militar contra un gobierno constitucional que se registró en Argentina. Los saldos del Proceso de Reorganización Nacional no pueden enorgullecer a sus protagonistas. Las Fuerzas Armadas derrocaron varias veces a los gobiernos civiles cediendo, en general, al reclamo de sectores de la ciudadanía. Hubo culpa en los derrocados tanto como en los golpistas. Y la reiteración de las intervenciones armadas impidió el ejercicio continuado de la democracia, ese sistema que, con todos sus defectos, es el único que puede corregir sus propias fallas. Porque la democracia necesita tiempo para florecer, y paciencia para superar sus imperfecciones.

En este trabajo se ha tratado de hacer conocer los "excesos" realizados por las autoridades militares en nuestra provincia. Esos "excesos" nunca pueden ser utilizados como medio legítimo para eliminar cualquier mal entre argentinos. Tampoco resulta adecuada la acción de las organizaciones guerrilleras de diverso signo ideológico pero de idéntica devoción por la violencia, mesianismo, intolerancia y crueldad4. Este trabajo ha tratado de poner al descubierto el accionar militar en nuestra provincia montado con la clara mención de someter a su pueblo para que no pudiera cuestionar su sistema de dominación, ni su plan de gobierno. Ya sea a través del secuestro de periodistas o mediante el control ideológico desatado en la Universidad. Se ha podido ver también el accionar político de los Partidos Justicialista y Radical en el caso Naman García y el compromiso de algunos dirigentes del Partido Demócrata con el gobierno de facto. También queda claro cómo la Legislatura sirvió para que estos temas se debatieran. Luego de un largo período de dictadura, la casa de las leyes le devolvía al pueblo la posibilidad de reclamar sus derechos.

Finalmente, se espera que en nuestra provincia no haya más familias (de ambos bandos) dobladas por el dolor de no sepultar a sus muertos; quebradas de angustia por ese duelo irresuelto. Aún en tiempos de guerra, se espera que los que están en el poder informen sobre las bajas. Cuando es imposible celebrar funerales, hay actos conmemorativos y monumentos que permiten que el dolor se exprese de cierta forma.

"Para realizar este trabajo se mantuvieron entrevistas con varias personas que habían sido detenidas durante los días del "Proceso". Se veía claramente en sus ojos que no les resultaba fácil hablar del tema, pero igual colaboraron con su testimonio y amablemente se hicieron un tiempo en sus actividades para brindar su testimonio. Todos pusieron lo mejor de sí. También se intentó reunirse con militares y policías. De ocho proposiciones realizadas sólo aceptaron mantener una entrevista dos. "Por algo será.."