Denuncian la acefalía endémica del sistema de justicia federal

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, emitió un extenso comunicado en el que pone de manifiesto que las cabezas de los cuatro organismos que componen el sistema de justicia federal está vacantes. Comienzan señalando que el proceso de acefalía no es nuevo ni repentino. El primer caso fue el de la Defensoría del Pueblo de la Nación, vacante desde 2009, es decir, desde hace más de quince años. Luego siguió la Procuración General de la Nación,cubierta por un interinato desde 2018, acumulando ya ocho años sin una designación conforme a la Constitución.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por su parte,se encuentra integrada porsolo tres de los cinco miembros que le corresponden, traslassalidas de Elena Highton de Nolasco en 2021 y de Juan Carlos Maqueda en 2024.

Ese mismo año, 2021, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la ley que regulaba al Consejo de la Magistratura desde 2006 y otorgó al Congreso un plazo de 120 días corridos para sancionar una nueva norma. Desde entonces han transcurrido 1.873 días: más de quince veces el plazo fijado por el máximo tribunal, sin que el Congreso haya cumplido con su obligación constitucional.

En consecuencia, el Consejo continúa funcionando bajo una ley derogada hace exactamente veinte años y, de manera paradójica, se encuentra presidido por el propio presidente de la Corte Suprema, quien asumió ese rol en virtud de un fallo dictado por el tribunal que integra.

En 2023 falleció el titular de la Procuración Penitenciaria de la Nación, cargo que esa persona —designada en el año 2000— ejercía de manera transitoria desde hacía más de dos décadas, ante la falta de una designación conforme a la ley orgánica sancionada en 2003.

Finalmente, ayer se produjo el “cartón lleno”: con el vencimiento del mandato de la Defensora General de la Nación, quien cesó en funciones al cumplir 75 años, el sistema de justicia federal quedó completamente privado de autoridadestitulares en todossus órganos centrales.

A este cuadro se suma la situación de los cargos inferiores, con un 33% de vacantes en el Poder Judicial de la Nación y más del 40% en el Ministerio Público Fiscal. Este problema se agrava por prácticas que erosionan aún más la capacidad del sistema: jueces y juezas que, pese a registrar graves retrasos en sus propios juzgados, aceptan una o más subrogancias en otros tribunales para percibir los correspondientes incentivos salariales, o que incluso desarrollan actividades incompatibles con la función judicial, como integrar tribunales de disciplina de la AFA— o desempeñar tareas docentes o personales impropias de un contexto de emergencia judicial. En este escenario, la ética judicial carece de controles externos efectivos y se encuentra sometida a un profundo desorden interno.

Causas: viejas estrategias para nuevostiempos políticos

? Esta situación no puede atribuirse a un partido político en particular. Se trata de un proceso que se ha desarrollado a lo largo de más de una década, atravesando cuatro gobiernos de distintos signos políticos. La responsabilidad es colectiva y toda la dirigencia política, en su justa medida, debe asumirla y hacerse cargo de revertirla.

? Una de las principales causas de este fenómeno es que, pese a la creciente polarización política y a la atomización parlamentaria, la dirigencia no modificó sus estrategias de nombramientos judiciales. Los gobiernos de turno continuaron apostando a la vieja lógica de imponer “candidatos propios”, muchas veces de baja calidad técnica y sin capacidad real de generar consensos amplios.

? A ello se suma una tendencia regional preocupante: los sistemas judiciales se han convertido en campos de disputa de poder, no solo entre partidos políticos,sino también entre corporaciones económicas, organizaciones criminales y distintos grupos sociales, algunos de ellos legítimamente interesados en ser oídos. En ese contexto, los procesos de designación se tornan más complejos,con múltiples actores e intereses en juego, y la vieja estrategia de la imposición pierde toda viabilidad.

Las consecuencias

1) Poder sin control.

La primera consecuencia de un sistema judicial acéfalo —y, por lo tanto, debilitado— esla posibilidad de que el poder,sea político, económico o de cualquier otro tipo, se ejerza sin límites ni controles efectivos. Esto profundiza las desigualdades sociales y habilita la vigencia de la ley del más fuerte, en la que quienes cuentan con mayores recursos logran imponer sus intereses sin contrapesos.

Un ejemplo de ello es la falta de respuesta de la Corte Suprema frente a la utilización abusiva y sistemática de los Decretos de Necesidad y Urgencia por parte del Poder Ejecutivo.

2) Impunidad del crimen de alto impacto

Un sistema judicial débil es también un sistema incapaz de perseguir eficazmente los delitos más graves que afectan a la sociedad, precisamente aquellos que son competencia de la justicia federal: corrupción, narcotráfico y criminalidad económica, entre otros.

La ausencia de un Procurador General legitimado para diseñar e implementar una política de persecución penal estratégica constituye, en este sentido, una excelente noticia para los mercados ilegales y las organizaciones criminales.

3) Menos derechos y garantías

Todos los organismos mencionados tienen responsabilidades centrales, desde distintos roles, en la defensa de derechos y garantías fundamentales. Víctimas de delitos, personas imputadas, personas privadas de libertad y colectivos sociales enteros ven seriamente afectada su protección cuando organismos como la Defensoría del Pueblo o la Defensoría General no funcionan de manera plena y regular.

4) Aislamiento internacional y subdesarrollo

Todo lo anterior podría no preocupar al actual gobierno o incluso resultarle funcional. Sin embargo, los propios objetivos de su política económica —integración al mundo, acceso a los mercados internacionales, atracción de inversiones extranjeras y cumplimiento de estándares exigidos por organismos como el GAFI— se ven directamente afectados por la ausencia de reglas de juego claras, que solo un sistema judicial independiente y fortalecido puede garantizar. Esto es especialmente relevante en un país con la trayectoria institucional y crediticia de Argentina.

No se trata de “republicanismo ñoño”, sino de audacia política y estratégica: la debilidad judicial no es compatible con el desarrollo económico ni con la inserción internacional.

¿Cómo salir del laberinto?

1) Candidaturas intachables e insospechables

El reparto de cargos entre fuerzas políticas se convierte en un ejercicio de altísima complejidad cuando las personas propuestas carecen de la idoneidad, trayectoria, integridad, perspectiva de género y compromiso con los derechos humanos y los valores democráticos necesarios para el ejercicio de su función. En un contexto de fragmentación legislativa, resulta imposible alcanzar mayorías (muchas de ellas agravadas) para cargos de enorme poder y duración prolongada si los candidatos generan sospechas razonables de incompetencia, sumisión política o potencial sometimiento frente a intereses espurios, incluidos, como se observa en la región, los delcrimen organizado.

Toda candidatura tiene, inevitablemente, un posicionamiento ideológico. Eso no solo es aceptable, sino incluso deseable. Lo que resulta inviable es pretender imponer personas sin legitimidad técnica ni ética en un escenario político radicalmente distinto al de décadas pasadas.

2) Procesos transparentes y participativos

La única vía para lograr designaciones con legitimidad suficiente es la implementación de procesos transparentes, abiertos y participativos, capaces de despejar dudas y sospechas sobre las personas propuestas y generar consensos en torno a sus postulaciones.

La única vía para lograr designaciones con legitimidad suficiente es la implementación de procesos transparentes, abiertos y participativos, capaces de despejar dudas y sospechas sobre las personas propuestas y generar consensos en torno a sus postulaciones.

Desde la sociedad civil nos comprometemos a apoyar activamente estos procesos y a monitorear su cumplimiento, conforme a las reglas mínimas de una democracia saludable. Las recientes renuncias y suspensiones de jueces federales vinculados al crimen organizado demuestran que el punto de no retorno que ya atraviesan otros países de la región no se encuentra tan lejos. La dirigencia política debe demostrar que está a la altura de las circunstancias.