¿Aprobar San Jorge ahora o en 2026?

Sin dudas que la minería y su correlato en la defensa del agua y los recursos naturales es el conflicto que ha cruzado esta provincia desde inicios del siglo. Desde la pueblada en San Carlos en 2005 durante una fiesta patria donde concurrió el Gobernador Cobos y desfilaron delante suyo 5.000 sancarlinos pidiendo por el no a la minería, hasta el día de hoy, hemos vivido una novela que bien merece estar dentro de la historia de Mendoza como uno de sus hechos resonantes.

La clase política, con sus vaivenes, apoyó la llegada de la minería metalífera cuando fue gobierno y la rechazó cuando fue oposición. Eso hasta 2015, donde las fuerzas comenzaron a agruparse en torno a intereses no partidarios, y el lobby corporativo logró lo que nadie hubiese imaginado, que peronistas y radicales se unieran en 2019 para derogar la ley 7722, surgida del calor de la protesta social en 2006 y 2007. No es que no lo hubieran intentado antes, pero no había suficiente respaldo político para avanzar sobre la cuestión. El gobernador Rodolfo Suarez creyó tenerlo, pero una concentración de 80 mil personas frente a Casa de Gobierno, y la retirada del peronismo, lograron que la legislatura le regresara al pueblo su ansiada ley. Ese golpe dejó al gobierno sin capacidad de reacción, y entonces vino la pandemia. Fin.

Pero en 2023 el Gobernador Alfredo Cornejo, otrora detractor de la minería en tiempos del gobierno de Francisco Perez, en esta oportunidad tejió un entramado de alianzas que le permitió la aprobación del Distrito Minero Malargüe Occidental con más de 30 proyectos exploratorios mayormente de cobre, cambiar el código de procedimiento minero y atraer las miradas de la corporación minera internacional nuevamente a Mendoza, más allá de que las inversiones aun no llegan, ni siquiera para los proyectos exploratorios aprobados, tal como el Gobernador reconoció recientemente con cierta molestia.

Pero Cornejo tiene un as en la manga y es el proyecto minero San Jorge, rechazado en 2011 pero que vuelve con las ganas renovadas gracias a la posibilidad de ingresar al RIGI para verse favorecido fiscalmente, y convertirse en el único proyecto de cobre que podría iniciar sus operaciones en 2027, ya que los demás proyectos ubicados en otras provincias vienen con retrasos o están en etapas previas de exploración. En su equipo hay estrategas como Emilio Guiñazú, ejecutores como Jimena Latorre y soldados como Jeronimo Shantal dispuestos a todo con tal de llevarse este trofeo, y gracias a un buen trabajo de comunicación, han logrado llegar hasta estas instancias, donde el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental está concluyendo y todo hace suponer que el gobierno otorgará la aprobación administrativa en cuestión de días, y lo girará a la legislatura para su más que segura aprobación.

Ahora, hay dos cosas que en casa de Gobierno ya reconocen por lo bajo, que el proyecto tiene una enorme resistencia social, y que mientras más tiempo demoren en darle el visto bueno, mayor será el costo político para 2027. Pero en la ecuación también entra el corto plazo, y si el proyecto, que ya viene con retraso y debió haberse aprobado hace un par de meses, es aprobado ahora y entra a la legislatura antes del 26 de octubre, la oposición podrá sacar un gran provecho al meter a la minería y la defensa del agua en la discusión (y es algo en que Latorre, Marinelli y Mingorance más bien han contribuido para beneplácito de la oposición política), y puede hacerle perder muchos votos a un gobierno que acaba de sellar su alianza política con un gobierno nacional que vienen cayendo en la percepción positiva de los ciudadanos y que puede verse enfrentado a uno de los escándalos más resonantes de la política argentina después de la Banelco.

Nada está dicho entonces en cuanto a votos se refiere. Si el escándalo de corrupción envenena la campaña nacional, seguramente habrá coletazos en Mendoza, porque el gobierno provincial jugó sus cartas sin conocer los hechos que después se sucedieron. A esta altura, soltarle la mano al gobierno nacional no es una opción, así que queda resistir espalda contra espalda, aunque haya temor de que los aliados te apuñalen por detrás.

Ahora, si el proyecto es entregado a la legislatura a fin de octubre o inicios de noviembre, apenas si hay tiempo para discutir y sacar la aprobación, porque está claro que el proyecto debe ir a comisión, y aunque el gobierno logre unificarlas para acelerar el trámite, la oposición acarreará a cientos de personas a hablar para darle más tiempo a los movimientos sociales a demostrar su fuerza, y si el proyecto se acerca a fin de año, algunos perciben el fantasma del 20 al 27 de diciembre de 2019, y nadie quiere otras 80 mil personas en Casa de Gobierno protestando, que pueden ser menos, pero nunca tan pocas como para ignorarlas.

Por eso hay algunos que dicen, ¿y si esperamos hasta 2026 y lo aprobamos en un ambiente más calmo?, eso sería una muestra de debilidad que nunca ha tenido el gobierno de Cornejo, que ha llegado a mantener una ministra de Ambiente que cobraba sueldo de una empresa petrolera, que persiguió y encarceló a defensores ambientales y que no tuvo empacho en esquivar cuanta norma legal se interpuso en su camino con tal de avanzar con la imposición de la minería en Mendoza. Pero si hay algo que reconocerle a nuestro gobernador es su elasticidad política. Por ello, no sería de extrañar que el gobierno bajara la velocidad y dejara pasar algo de tiempo para ver el panorama más claro, y eso va de la mano a un triunfo resonante en este octubre.