Con el objetivo de actualizar sanciones que las autoridades consideraban desfasadas frente al daño ambiental generado, Mendoza busca que las sanciones ambientales dejen de depender únicamente de la cantidad de hectáreas afectadas.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 467 de la Dirección de Áreas Protegidas y establece un esquema que busca otorgar mayor objetividad a las sanciones, incorporando variables que hasta ahora no eran contempladas de manera sistemática. Entre ellas aparecen la gravedad del daño, la ubicación de la intervención, la presencia de especies protegidas y los antecedentes del infractor.

El nuevo sistema parte de una fórmula que toma como base la superficie intervenida y un valor de 500 Unidades Fijas por hectárea afectada (cada Unidad Fija tiene un valor de $500). A partir de allí se incorporan distintos coeficientes que aumentan o reducen la sanción según las características de cada caso.

Uno de los elementos centrales es el denominado Índice de Severidad Ambiental (ISA), que evalúa siete aspectos distintos. Entre ellos se encuentran: (1) el tipo de actividad realizada, (2) el uso de fuego, (3) el nivel de protección ambiental de la zona, (4) la cobertura vegetal afectada, (5) la posibilidad de recuperación natural del ecosistema, (6) la existencia de fauna o flora amenazada y (7) el cumplimiento de órdenes de suspensión de actividades.

Las conductas más severamente castigadas serán aquellas que impliquen la eliminación total de la cobertura vegetal, especialmente cuando se utilice fuego de manera intencional o se produzcan alteraciones adicionales del terreno, como nivelaciones, compactación del suelo o intervenciones sobre cauces de agua.

El nuevo esquema fija además un tope máximo de 200.000 Unidades Fijas para las multas aplicables a este tipo de infracciones. Es decir que la multa más alta será de $100 millones.

La mira en Pedemonte

Esta resolución se encuentra en sintonía con la emitida en diciembre de 2025. En la cual, el Gobierno provincial disponía multas por $100 millones, también, para frenar el avance de urbanizaciones irregulares en Piedemonte y garantizar que cualquier desarrollo sea sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

La reglamentación del Capítulo IV de la Ley N° 9414 estableció que la responsabilidad no recae solo en quien construye. Sino que existe una responsabilidad solidaria que alcanza a: Propietarios del terreno; empresas promotoras y constructoras y profesionales técnicos intervinientes.

Y es que todos los municipios que conforman la Precordillera y el Pedemonte del Área Metropolitana (AMM) tienen bajo la mira a cientos de barrios ilegales que son construidos sobre la zona y que ponen en riesgo no solo la flora y la fauna del lugar. Si no también la posibilidad de inundaciones cada vez más severas en la ciudad debido al escurrimiento del agua que no alcanza a ser frenada por la vegetación de la Precordillera.