Condenaron a una funcionaria del Registro Civil de Pocito, en San Juan, por integrar una asociación ilícita que emitía documentos nacionales de identidad apócrifos para concretar estafas mediante la obtención de créditos y la compra de bienes que luego eran comercializados.

La investigación, que estuvo a cargo del fiscal Fernando Alcaraz y la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de San Juan, determinó un perjuicio económico superior a los $142 millones.

Natalia Lorena Castillo, ex titular de la delegación Pocito de la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de San Juan, fue condenada a 4 años y 8 meses de prisión, multa e inhabilitación especial por 4 años, como miembro de la asociación ilícita. Se supo que dicha red operó desde el 27 de agosto de 2024 hasta mediados del año 2025.

También fue condenada por tenencia ilegítima de documentación -delito previsto en el artículo 33 inciso c de la Ley 17.671 de Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional-, por los 197 documentos nacionales de identidad auténticos secuestrados durante un allanamiento en su domicilio.

Asimismo, debido a su intervención en 23 casos de tramitación irregular de DNI y a la tenencia ilegal de documentación oficial, Castillo también fue condenada por el delito de violación de los deberes de funcionaria pública, destaca el portal Fiscales.

Rolando Javier Navarro Saide, señalado como jefe de la organización, se le impuso la pena de 5 años y 4 meses de prisión, mientras que Rodrigo Javier Navarro Pozo, Matías Martín Martínez Villalba y Marcelo Omar Cardozo, fueron condenados a 3 años y 10 meses de cárcel, en calidad de miembros.

Todos fueron condenados por integrar una asociación ilícita de más de tres personas, en concurso real con 36 hechos de uso de documentos adulterados destinados a acreditar identidad, en concurso ideal con estafas. Además, se les atribuyeron 18 hechos de inserción de declaraciones falsas en instrumentos públicos destinados a acreditar identidad en grado de tentativa, y un hecho consumado de esas mismas características.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el 19 de diciembre de 2024 por una persona residente en la provincia de Buenos Aires, quien advirtió que se había utilizado un DNI con fotografía y huellas dactilares ajenas para solicitar préstamos y realizar operaciones comerciales a su nombre. Las primeras medidas permitieron vincular las maniobras con la sede Pocito del Registro Civil, en la provincia de San Juan, y detectar la posible participación de personal del organismo en la emisión irregular de documentos oficiales.

La pesquisa permitió acreditar en qué consistía la maniobra. Primero se identificaban potenciales víctimas, para luego reclutar personas que aportaban sus datos biométricos para confeccionar DNI falsos, y la tramitación y seguimiento de los nuevos ejemplares de DNI. Con esa documentación, se gestionaban créditos y se adquirían bienes, que posteriormente eran vendidos en el mercado informal.