En los últimos días se conoció el fallo que involucra a dos empresas que son propiedad del magnate millonario argentino Eduardo Eurnekian. Se tratan de Unitec Bio, empresa dedicada a la agricultura, ganadería y la producción de biocombustibles, y que es dueña de un predio ubicado en el Departamento General San Martín, Chaco. Y de Marfra, empresa algodonera que está explotando el predio ya mencionado.
Al rededor de la zona de explotación se encuentra una gran comunidad campesina Qom. Los miembros de las comunidades de Campo Medina, Campo Nuevo y Colonia San Francisco habían alertado en sucesivas ocasiones -incluso ante organismos de Derechos Humanos- que las aplicaciones aéreas y terrestres de agroquímicos que se llevaban a cabo en el establecimiento “Don Panos” impactan directamente sobre sus hogares y reservas de alimento y agua.
Los vecinos venían denunciando desde hacía años que las técnicas de pulverización se realizaban a escasa distancia de las zonas pobladas y que, con el paso del tiempo, comenzaron a registrarse problemas de salud, pérdidas de cultivos destinados al autoconsumo y mortandad de animales.
A pesar de las reiteradas denuncias, los vecinos aseguraban que los controles eran insuficientes y que la actividad continuaba desarrollándose sin medidas efectivas para proteger a quienes vivían en la zona.
Según una serie de estudios técnicos y peritajes ambientales, se pudo constatar que el 90% de las muestras de agua analizadas en la zona no cumplían con las exigencias del Código Alimentario Argentino para el consumo humano.
Los análisis también identificaron restos de plaguicidas en muestras tomadas a habitantes de las comunidades afectadas. Además, informaron la presencia de glifosato en pozos domiciliarios, aljibes, lagunas, cursos naturales de la zona y hasta en el agua de red potabilizada en Presidencia Roca. En un pozo hogareño, la concentración fue de 88,5 nanogramos por mililitro, la más alta del muestreo.
El fallo de la Justicia
Tras analizar la prueba reunida durante el proceso, la Justicia concluyó que las fumigaciones realizadas por las empresas generaron perjuicios sobre las comunidades rurales y que el Estado provincial incumplió su obligación de controlar adecuadamente la actividad y proteger a los habitantes de la zona.
La sentencia ordenó establecer nuevas restricciones para las fumigaciones en áreas cercanas a viviendas, escuelas, reservorios de agua y espacios utilizados por las comunidades.
También dispuso medidas de monitoreo ambiental y sanitario para evaluar las consecuencias que la exposición a los agroquímicos pudo haber generado sobre la población.
