La oficina de Recursos Humanos de Anses fue instruida para activar causas pendientes en legajos de no pocos empleados, por ausencias reiteradas, licencias médicas cuestionadas, certificados apócrifos y otras irregularidades sumariadas, a fin de que de inmediato se proceda a despedir.  

Será interín del plazo prorrogado hasta el viernes 24 de este mes para la recepción de las solicitudes de retiro de voluntad recíproca, a la que hasta el momento ya se habrían presentado 1.000 empleados.

Fuentes gremiales admitieron que había muchas causas administrativas en suspenso que se arrastraban desde anteriores gestiones, inclusive debido a que se amparaban en protección sindical para perdurar, pero que ahora quedaron sin esa cobertura.

La amenaza que circuló es que, con la reforma laboral ya sancionada, se mirarían detenidamente los legajos de hasta 10/15 años de antigüedad para verificar cada tasa de ausentismo y despachar directamente el telegrama a los que se hubieran aprovechado de las licencias médicas y otros recursos para faltar a las obligaciones del trabajo.

Trascendió que se estarían cruzando datos con Migraciones para detectar si los que habían justificado ausencias en ese lapso salieron del país. 

Los apuntados también, según los chismes de pasillo que circulan, son aquellos incorporados para atender las prestaciones, ahora suprimidas, que abarcaba el organismo, con bocas de atención al público en todo el país. Se canalizaban los trámites para iniciar la jubilación por moratoria de aportes y, desde que se dejó sin efecto ese régimen excepcional, permanecen casi inactivos.

El temor de los empleados es que si en esta instancia se cierran o venden oficinas queden desafectados de tareas por no tener dónde ir y sean, en consecuencia, despedidos o reasignados a lugares que no les convengan.

En el edificio donde funciona la Oficina de Recursos Humanos estuvieron preparando agentes, según se comenta en radio pasillo, para abordar las desvinculaciones, cuya meta fue fijada en 2.500, entre despidos, retiros y reasignaciones.

La postergación del plazo para presentar los retiros de voluntad recíproca ofrecidos por Anses tiene que ver con ese cambio estratégico, sobre la marcha, de depurar los legajos aplicando los despidos con causa, o sea sin indemnización, antes de resolver las salidas acordadas que reconocen el 90% del sueldo y un tope de antigüedad de 24 años a los efectos de la liquidación, pagaderos en dos veces cuando se superan los $ 100 millones.

Según trascendió, podrían surgir más presentaciones en las dos semanas extendidas, porque con un plazo tan corto había sido imposible cumplir con requisitos establecidos por el organismo para interesados que, como condición previa para avanzar con el formulario del trámite, desistieran previamente de cualquier acción judicial en curso.

También se especulaba con la posibilidad de que aquellos que merodean la edad jubilatoria hayan reconsiderado la propuesta y hecho cuentas de que, al recibir adelantados dos años en un contexto de congelamiento de los sueldos, se evitarían de concurrir y empalmarían con el haber previsional.

Mujeres con antigüedad que optaron por continuar cinco años más después de cumplidos los 60, en vez de jubilarse, estarían evaluando si acogerse al retiro y cobrarlo de una vez e inmediatamente hacer el trámite para empezar a percibir el haber enseguida.

De acuerdo con el relevamiento interno realizado por RRHH antes de lanzar la oferta de retiro voluntario a menores de 62 años, había 1.400 empleados en edad de jubilarse con los años de aportes y quedan 300 contratados, con lo que, entre el retiro forzoso si eran intimados y la no renovación de esos compromisos, sumarían 1.700 salidas.

Si se confirma que hasta el vencimiento del plazo, el lunes, se habían recibido 1.000 solicitudes, quedarían potencialmente unas 400 en condiciones de sumarse antes del viernes 24, y si se agregase la previsible no renovación de los tres centenares de contratos, estarían faltando apenas 800 bajas para cubrir el número.

La aceleración de los despidos con causa acercaría en gran medida a la meta de 2.500, con lo que no sería necesario forzar a jubilarse a personal en actividad en edad de hacerlo, especulan dentro del organismo.