En febrero pasado, el gobierno de Javier Milei anunció el desmantelamiento de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SSISU). Esa medida representó el fin de la principal política pública destinada a los más de 6.400 barrios populares de Argentina. Esta decisión no solo implica una pérdida de puestos de trabajo técnicos y territoriales, sino que paraliza de forma inmediata 628 obras de infraestructura y deja en el limbo la adjudicación de 20.000 lotes con servicios, afectando directamente la calidad de vida de 5 millones de personas que dependen de estas intervenciones para acceder a derechos básicos.

Es por esto que desde la Arquidiócesis de Mendoza, la Vicaría de la Solidaridad de Mendoza y Cáritas Mendoza, decidieron realizar una misa el sábado 25 de abril a las 11 horas en el Loteo Las Viñas, en El Algarrobal, departamento de Las Heras, por la atención y continuación del programa de Barrios Populares.

Hay que tener claro que los perjuicios de suspender estos programas sociales son profundos y multidimensionales. En términos jurídicos y de identidad, la parálisis de los relevamientos impide que casi 100.000 familias obtengan o actualicen su Certificado de Vivienda Familiar, un documento esencial para acreditar domicilio, evitar desalojos forzosos y realizar trámites escolares o de salud. Al desaparecer el acompañamiento técnico, se rompe el escudo legal que protegía a miles de familias en procesos de desalojo activos, dejándolas en una situación de extrema vulnerabilidad frente a la justicia.

En el aspecto sanitario y económico, la suspensión de las obras de red de agua, cloacas, electricidad y pavimentación degrada las condiciones de salud pública en los barrios más necesitados. Además, se destruye un esquema de economía circular y empleo local, ya que gran parte de estos proyectos eran ejecutados por cooperativas de los propios barrios. Al ignorar incluso los fallos judiciales que ordenan la continuidad del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), el Estado no solo interrumpe el progreso físico de las urbanizaciones, sino que abandona la gestión de información social estratégica, dejando sin respuesta a las comunidades más postergadas del país.