La alimentación durante la jornada laboral se convirtió en un reflejo de las desigualdades estructurales y la pérdida de poder adquisitivo en la Argentina, a la vez que quedó lejos de ser una práctica universal y garantizada. Así lo reveló el informe “La alimentación y comensalidad en población asalariada de la Argentina”, estudio que estuvo basado en una encuesta nacional a 1.171 trabajadores asalariados formales y que expone un panorama crítico: solo el 16,5% de la fuerza laboral está libre de privaciones alimentarias.

En tanto, el 83,5% restante enfrenta algún tipo de vulnerabilidad, ya sea por restringir la cantidad de comida o por resignar su calidad nutricional debido a motivos económicos, señala el informe elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) en colaboración con Edenred, empresa con más de 50 años de trayectoria en desarrollo de soluciones que promueven el acceso a la alimentación durante la jornada laboral.

El dato más preocupante es que el 61,1% de los asalariados admite haber tenido que saltearse alguna comida durante su jornada por falta de recursos (un 46,7% de forma ocasional y un 14,4% de manera regular), mientras que la situación es aún más dramática entre los más jóvenes: el 70,7% de los trabajadores de 18 a 29 años omite comidas, un ajuste forzado por los salarios iniciales más bajos.

A esto se suma que el 78,5% de los trabajadores tuvo que optar por alimentos menos nutritivos y más económicos para poder comer. De este grupo, uno de cada cuatro (24,6%) ya lo incorporó como una práctica habitual.

“Esta cifra pone de manifiesto que, para la mayoría de la fuerza laboral, los ingresos no logran cubrir los costos de alimentación durante la jornada, obligándolos a sacrificar su bienestar nutricional como mecanismo de ajuste frente al costo de vida actual”, advierte Ianina Tuñón, investigadora responsable del informe.

En términos concretos, almorzar en el trabajo implica un fuerte desembolso: el 43,9% de los trabajadores gasta entre $5.001 y $10.000 diarios, y un 20% supera los $10.000, lo que convierte la comida en un “costo operativo” que presiona sobre el salario real.

Un reclamo unánime: el 80% quiere que su empleador contribuya

Ante este escenario, la demanda de un cambio es contundente y el 80,4% de los asalariados se manifiesta a favor de recibir un aporte de su empleador para la alimentación, con libertad de elección. El apoyo es casi unánime entre quienes más lo necesitan: los trabajadores de la construcción (90,1%), los jóvenes (84,9%) y, de manera especialmente significativa, aquellos que ya sufren las dos caras de la vulnerabilidad (saltear comidas y comer mal) reclaman este beneficio en un 91,5% de los casos.

Además, la expectativa de mejora en la salud es alta. Un 58,7% de los trabajadores espera mejoras significativas en su bienestar si recibiera este tipo de ayuda, una percepción que se eleva entre mujeres, jóvenes y empleados del sector público, donde las condiciones actuales son más precarias.

“Los resultados de este estudio confirman que la alimentación durante la jornada laboral es una preocupación estructural para los trabajadores argentinos. Antes de pensar en soluciones, quisimos medir con rigurosidad qué estaba ocurriendo y escuchar la voz de quienes viven esta realidad todos los días”, explicó Bárbara Granatelli.

La directora de Asuntos Públicos para Europa, América Latina y Medio Oriente de la citada empresa añadió: “Que 8 de cada 10 asalariados manifieste querer un aporte de su empleador para la alimentación, con libertad de elección, no es solo un dato: es una señal clara de que existe una demanda concreta, transversal y urgente”

Desigualdad: el lugar de trabajo y la geografía del país

El informe muestra que la posibilidad de acceder a una comida digna no es homogénea. Casi uno de cada cuatro trabajadores (22,6%) no come nada durante su jornada laboral, una ausencia que se concentra en el sector público, las pequeñas empresas y, de manera específica, en el Noreste argentino (NEA), donde la mitad de los trabajadores (50,1%) declara no hacerlo.

La infraestructura básica en el trabajo es un factor determinante. Entre quienes no tienen acceso a recursos como heladera o microondas, el salteo de comidas asciende al 72,0%. En cambio, recibir un aporte del empleador actúa como un escudo protector, reduciendo la incidencia al 43,9%.

Sin embargo, el acceso a estos beneficios es regresivo. Actualmente, el 55,6% de los asalariados no recibe ningún tipo de contribución de su empleador para comer. El apoyo económico es más habitual entre los salarios altos, mientras que la falta de cobertura es persistente en los de menores ingresos. Por ejemplo, el 41,8% de los trabajadores que ganan hasta $800.000 califica su dieta como poco saludable, una cifra que se reduce al 23,8% entre quienes superan los $2.000.000.

El informe concluye que la alimentación laboral es un “nudo crítico” que vincula la economía, la salud y la equidad. La comida no es un gasto, sino una inversión estratégica en capital humano y salud pública.

“Mejorar la alimentación laboral es, en definitiva, mejorar la calidad del trabajo y, por extensión, la salud colectiva. Los datos advierten la necesidad de un cambio de paradigma: dejar de ver la comida laboral como un beneficio discrecional para entenderla como un pilar del bienestar y la productividad”, concluye el estudio.