Luego de 13 años, la Suprema Corte desestimó la demanda presentada por las empresas que buscaban legitimar las perforaciones subterráneas que realizaron en la zona restringida de Agrelo. 

Ahora, es el Departamento General de Irrigación quien deberá instrumentar las medidas que recomienda la Corte para abastecer con agua a los empresarios de esa zona.

El actual titular de Irrigación, Sergio Marinelli, indicó que “el fallo de la Corte es razonable, porque le da la razón a Irrigación, refuerza la normativa que se ha generado durante todo este tiempo y también se pondera la tarea del Honorable Tribunal Administrativo”.

“También castiga a los empresarios porque no les da la razón, pero tampoco les genera un daño. Les da la posibilidad de que sigan explotando sus tierras, pero el uso del agua está condicionado a cumplir con lo que diga Irrigación. Nosotros tenemos que decirle si hay agua, o si no hay agua suficiente de aquí en más”, afirmó.

Marinelli considera que “la Corte tomó la normativa que hay para los permisos precarios de agua superficial, aplicándoselo al agua subterránea. Un permiso precario está sujeto fundamentalmente a la disponibilidad de agua. Entonces, si en el futuro hay algún inconveniente, que lo va a haber en lo que respecta a la disponibilidad de agua, Irrigación va a tener la potestad de la bajarle la cantidad de agua si es un año malo o bien revocar el permiso. Ellos van a tener agua con un volumen que puede ser revocado o modificado en función de los volúmenes que tenga el acuífero”.

Señaló además que “tienen que pagar, porque así lo indica la Resolución 944 del Tribunal Administrativo del 2006, un valor por el Fondo Potrerillos. Este se calcula en función de las inversiones realizadas en la cuenca. Lo paga por 10 años el que ingresa con permiso precario”.

“Las decisiones de manejo del agua de Irrigación ya no son discutibles. Por eso es que entiendo que el fallo es impecable, porque si bien respeta las inversiones realizadas, no hacen como que aquí no pasó nada, sino que les dice que, si no aceptan las reglas de Irrigación, le cegamos los pozos. Esto es, cuando hay agua tienen agua y cuando no hay, no tendrán; y si hay menos, también tendrán menos agua”.

Para dejar la situación regularizada, Irrigación tiene 60 días para reglamentar el fallo a través de resoluciones. “Queremos adaptar esta normativa del agua superficial al agua subterránea y aplicarse la a estas empresas y tener calculado el valor del Fondo Potrerillos para que lo paguen, les daremos un permiso precario con un volumen de agua por un plazo determinado y sujeto a condiciones hidrológicas determinadas”.