El Sindicato de Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Cuyo ha declarado el estado de alerta técnica y social tras revelar un panorama crítico en las zonas de explotación petrolera de la provincia. A través de un minucioso relevamiento realizado por sus propios inspectores, el gremio denunció una "ausencia total de control estatal" que pone en jaque tanto la estabilidad laboral como la integridad del suelo y el agua.

Un doble frente: Despidos y desidia ambiental

La denuncia, encabezada por el Secretario General Julián Matamala, pone el foco en la paradoja que vive el sector: mientras las operadoras mantienen su actividad, los controles brillan por su ausencia y los telegramas de despido comienzan a multiplicarse.
"El Gobierno de Mendoza está mirando para otro lado. Mientras se desentienden de su rol fiscalizador, las empresas avanzan con un ajuste que siempre recae sobre la espalda del trabajador y sobre nuestro patrimonio natural", sentenció Matamala.
Según los informes presentados por el cuerpo de inspectores del sindicato, la falta de supervisión real sobre las operadoras está generando riesgos concretos sobre las cuencas hídricas y la calidad del suelo, un tema de extrema sensibilidad en una provincia donde el agua es el recurso más preciado.

El ambiente y el trabajo "no se negocian"

Desde el sindicato fueron categóricos: no permitirán que la crisis del sector se resuelva mediante la degradación de las condiciones laborales o el sacrificio ambiental. La organización responsabilizó directamente al Ejecutivo provincial y a las cámaras empresarias por cualquier consecuencia social o sanitaria que derive de esta falta de supervisión.

Un ultimátum al Gobierno

Con la declaración del estado de alerta, el Sindicato de Petroleros Jerárquicos dejó claro que no descartan medidas de fuerza si no hay una respuesta inmediata. "El ambiente no se negocia y el trabajo tampoco. No vamos a ser cómplices de un sistema que pone en juego la salud de los mendocinos por falta de firmeza política frente a las operadoras", concluyó el referente gremial.

Los puntos clave de la denuncia:

• Falta de control: Denuncian que la inspección gubernamental es nula o ineficaz ante la operatoria de las empresas.
• Riesgo hídrico: Advierten daños potenciales en el agua y el suelo debido a prácticas deficientes.
• Inestabilidad laboral: Creciente preocupación por la pérdida de puestos de trabajo y despidos encubiertos bajo la figura de "ajuste".