Romina Fontana, madre de una joven con discapacidad, expresó su profunda indignación por el “uso político” que, según su visión, se le dio a la problemática, al tiempo que remarcó que las dificultades que enfrenta este colectivo no son nuevas.
En su relato señaló que “las marchas existieron siempre, siempre fuimos a las marchas, lo que pasa que nadie las cubría” y se mostró “sorprendida e indignada” de que la cuestión pareciera haberse descubierto recientemente.
Fontana, en diálogo con Radio Rivadavia, comentó que su hija, de 25 años, se vio afectada por la falta de pago a prestadores en los años 2011, 2013 y 2018, lo que la llevó a presentar amparos y a perder tiempo en trámites burocráticos que “tendría que estar cuidando a mi hija”.
A su vez, elogió la Ley Nacional de Discapacidad 200431, del año 1981, calificándola de “excelente” y aseguró que “con que se cumpliera esa ley no necesitaríamos otra”.
En su testimonio, la mujer también hizo foco en la percepción de que la discapacidad es “un gran negocio”, una frase que le dijo un transportista de su hija y que, con el tiempo, ella entendió.
Al mismo tiempo, planteó una diferencia entre el reclamo por las prestaciones de los terapistas y el de las instituciones, y cuestionó el monto de algunas prestaciones, señalando el caso de su hija.
Fontana indicó que la obra social paga a la institución a la que asiste su hija la suma de 750.000 pesos mensuales por una jornada de lunes a viernes, y aseveró: “Yo no considero que esa cifra sea atrasada”.
Sin embargo, sí confirmó el problema histórico de los atrasos, describiendo que los trámites se iniciaban en enero para que los prestadores comenzaran a cobrar recién en septiembre. Finalmente, lamentó el “manoseo” político de la situación, que perjudica a las familias y a quienes verdaderamente lo necesitan.
