Un jubilado de Mendoza ha presentado una demanda millonaria, reclamando más de $152 millones al Estado argentino y al laboratorio AstraZeneca. Su demanda se basa en la afirmación de que sufrió una trombosis venosa profunda (TVP) como un efecto secundario de la vacuna contra el COVID-19.
Este caso podría ser de gran relevancia, pero enfrenta un obstáculo legal considerable: la Ley 27.573. Esta ley, aprobada durante la administración de Alberto Fernández, exime a las farmacéuticas de responsabilidad civil directa.
La normativa, que se estableció en 2020 para facilitar la adquisición de vacunas, incluye cláusulas de confidencialidad y redirige a los afectados a un "Fondo de Reparación COVID-19" con compensaciones limitadas.
El jubilado mendocino, a diferencia de otras personas afectadas, ha logrado financiar los estudios médicos y el asesoramiento legal necesarios. Su reclamo no es solo por una indemnización, sino que también busca impugnar la constitucionalidad de la Ley 27.573, argumentando que limita el derecho a una reparación completa.
Según la presentación, las secuelas de la trombosis le impiden realizar actividades cotidianas como trabajar en el campo o practicar deportes.
Este caso en Argentina no es aislado. En España, un tribunal de Barcelona ya reconoció los efectos adversos de la vacuna de AstraZeneca como un accidente laboral, lo que sienta un precedente importante. Mientras tanto, en Argentina, se están tramitando otros casos por secuelas graves como el síndrome de Guillain-Barré.
AstraZeneca ha reconocido la existencia de efectos secundarios raros, aunque insiste en que los beneficios de la vacuna superan con creces los riesgos. La demanda de este jubilado podría convertirse en un caso testigo, abriendo un debate crucial sobre la responsabilidad de las farmacéuticas en el contexto de campañas de vacunación a gran escala.
El demandante, que logró costear estudios médicos y asesoría legal, reclama una indemnización por:
- Daño físico y moral
- Gastos médicos (daño emergente)
- Incapacidad permanente
- Pérdida de oportunidades laborales y recreativas
